¿Y los delitos económicos?

Ramón Villota Coullaut

Ramón Villota Coullaut | 2003-04-11
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara y reiterada respecto a los límites de la prisión provisional, y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de prisión provisional, se basa en que la privación de libertad ha de ser la excepción, además de que la proporcionalidad es un requisito fundamental para que se dicte una medida de prisión provisional. Proporcionalidad que implica, se sigue diciendo, asegurar el normal desarrollo del proceso y la ejecución del fallo, así como evitar el riesgo de la reiteración delictiva. Con la reforma ahora en estudio, se ha eliminado toda mención al concepto de alarma social, existente en la legislación actual y que el Tribunal Constitucional ha matizado mucho, pero que creo que puede ser reinterpretado dentro del criterio del aseguramiento del normal desarrollo del proceso y de la posible ejecución del fallo, principalmente en los delitos económicos, en donde la ejecución del fallo también tiene una vertiente económica muy importante, vía responsabilidad civil subsidiaria.

Porque, en lo que respecta a delitos económicos como el de Gescartera, una estafa de 110 millones de euros, mucho más importante –por lo menos para las víctimas de la estafa– es que la ejecución de la sentencia, que por un delito de estafa agravada no sobrepasa los 6 años, lleve aparejada la devolución de las cantidades estafadas. Centrarse en el concepto de alarma social para desvirtuar una idea como la anterior –como si la gente se alarmara por cualquier cosa– y no preocuparse de la correcta ejecución de una resolución judicial, es lo que realmente produce escándalo en la sociedad, como ha ocurrido con los Albertos, Camacho, los administradores de CPV o Roldán; quienes, además de tener sanciones de cárcel mínimas, no parece que vayan a devolver nunca el dinero que tan misteriosamente hicieron desaparecer.

De esta forma, en los delitos económicos, ahora que está en estudio una reforma de la prisión provisional, debiera establecerse un requisito específico para la obtención de la libertad provisional en los delitos de cuello blanco: la devolución de las cantidades estafadas o sustraídas, algo que, creo, que es perfectamente compatible con el aseguramiento del proceso y de la ejecución del fallo. Sin embargo, en la actualidad parece que sucede todo lo contrario: puestas en libertad que muy posiblemente facilitan la ocultación del dinero estafado, con lo que es la propia ejecución de la sentencia lo que queda en entredicho, y más cuando la cantidad que se pide como fianza –3 millones de euros para Ignacio Camacho, el máximo responsable de Gescartera– no se acerca, ni de lejos, a la cantidad previsiblemente estafada: más de 100 millones de euros, según la cifra que baraja la propia Fiscalía Anticorrupción.