El problema de la delincuencia “importada”

Ramón Villota Coullaut

Ramón Villota Coullaut | 2002-08-14
La proliferación de la delincuencia se ha convertido, en ciudades como Madrid, en un problema de primera magnitud. Bandas organizadas de colombianos como la que recientemente ha sido desarticulada –después de causar la muerte a un inspector de policía– ponen en tela de juicio la permisividad de nuestra legislación en materia penal y de extranjería actual y plantean la urgente necesidad de agilización de nuestro sistema penal.

Es de esperar que esta cuestión se resuelva dentro del Pacto de la Justicia y que los próximos resultados se manifiesten en la existencia de unos verdaderos juicios rápidos (ahora, un procedimiento “abreviado” dura años en las grandes ciudades). También serviría de ayuda la modificación del artículo 89 del Código Penal, precepto que recoge la posibilidad de que las penas inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España den lugar a su expulsión de territorio nacional. Para casos como los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, la sanción habría de producirse sin remedio, y no como una posibilidad más. En la mayor parte de las ocasiones, la mayor sanción que afronta un extranjero en estos casos no es la cárcel, sino la expulsión de territorio nacional. Así ocurre, por ejemplo, en las tan frecuentes faltas contra el patrimonio –los hurtos inferiores a 300 €, que dan lugar a una sanción penal irrisoria– en donde se echa en falta un automatismo mayor. Un mayor control de la delincuencia menor puede darnos muchos beneficios.

A su vez, la legislación de extranjería actual –artículo 57 de la Ley Orgánica 4/01, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social– recoge la expulsión del territorio español del extranjero si ha sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que le ha ocasionado una pena de prisión que en España hubiera sido superior a un año de cárcel. Y este es un requisito exigido para entrar en España, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la indicada Ley Orgánica. No estaría de más incluir en este apartado cualquier hecho delictivo, sea cual sea su sanción penal, por las mismas razones.

En cualquier caso, el mayor problema que presenta la Ley Orgánica 4/01 y su desarrollo reglamentario consiste en el procedimiento de expulsión establecido, que habría de ser más ágil para estos supuestos, casi automático. Pero es al contrario; muchas veces, el tener procedimientos abiertos puede implicar un retraso en la expulsión, ya que habrá de ser la autoridad judicial, oído el Ministerio Fiscal, quien decida sobre la expulsión del extranjero inculpado en un procedimiento penal si el delito es castigado con penas privativas de libertad inferiores a seis años. En la práctica esta situación hace que muchos extranjeros ilegales delincan para no ser expulsados de España o, por lo menos, para retrasar su expulsión. En una situación así, lo más lógico sería que la prisión provisional se aplicara automáticamente, para posteriormente, esperar a la respuesta judicial, pero esto no es así. Por supuesto que la prisión provisional tiene sus límites, pero pueden utilizarse otros mecanismos para que el inculpado decida si quiere ser expulsado o prefiere que se le retenga en un centro de internamiento para extranjeros hasta que el procedimiento judicial finalice.

Al contrario, la situación actual hace que la existencia de diversos procedimientos judiciales puede conllevar que el procedimiento administrativo de expulsión se bloquee o que se alargue innecesariamente, una queja de muchos sectores de la policía que, posiblemente, se incremente en próximos días.