La nueva Junta y la juez Bolaños chocan por el archivo de la causa matriz de los ERE

Pedro de Tena

La Fiscalía advierte de sus demoras y de las posibles impunidades que origina su instrucción.

Pedro de Tena (Sevilla) | 2019-04-02

El pasado mes de diciembre la juez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sede de los macrocasos más espectaculares donde se investiga la corrupción de la gestión socialista en la Junta, archivó las diligencias que dieron origen en 2011 al caso ERE.

Este archivo suscitó la natural inquietud tras ocho años de pesquisas y atestados y la juez no ha debido explicarse demasiado bien porque ha sido el propio presidente de la Junta de Andalucía del nuevo gobierno PP-Ciudadanos más Vox el que ha anunciado que pedirá a los servicios jurídicos de la Junta que estudien si es posible recurrir la decisión de la juez, decisión que considera prematura.

La defensa numantina de la juez, que ejerce desde años el grupo Joly y sus diarios provinciales, ha respondido a Juan Manuel Moreno que no se asuste, que el archivo de la causa matriz de los ERE ni es prematuro ni supone que se deje de investigar ninguna ayuda. Es más, califica la polémica de estéril y afirma que este archivo no tiene incidencia alguna en la investigación de la macrocausa de los ERE ya que las ayudas seguirán siendo objeto de investigación en virtud de los atestados que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarida Civil está realizando sobre "todas" las ayudas que en su día se pusieron bajo sospecha.

Es decir, para que se entienda, lo que ha archivado la juez es la carcasa inicial de la juez Alaya donde se instruyó unitariamente el caso y que luego la juez Bolaños comenzó a trocear hasta llegarse a las 187 piezas, de las que 41 han sido archivadas quedando vivas 146 con 507 imputados. Según la juez, según vayan llegando atestados concretos de la Guardia Civil, se irán abriendo piezas o se archivarán las diligencias, según el criterio de Bolaños.

El grupo Joly llega más lejos en su ataque a la posición del presidente de la Junta y expresa que "sólo desde la ignorancia más absoluta sobre cómo funciona un proceso judicial o, lo que es más lamentable, desde un nuevo intento de generar más confusión sobre la labor de la juez Bolaños puede cuestionarse el cierre de esa causa matriz", aludiendo a una cacería política y mediática que se estaría tejiendo en torno a Núñez Bolaños.

La juez, origen del argumento, señaló que para nada era prematuro archivar una causa en la que no se investiga nada desde hace más de seis años y lo hacía respondiendo a un recurso de la propia Junta en la que se enumeraban 29 entidades que se habían beneficiada de las ayudas de los ERE y otras empresas que están por investigar.

Por ello, ayer mismo, Juan Manuel Moreno dijo que era preciso saber quiénes son los responsables y dónde están los recursos de todos los españoles que se han empleado irregularmente en el caso ERE. Aunque son los jueces los que juzgan, es preciso conocer a los responsables del fraude, los recursos que se han quedado y que paguen por lo hecho.

Precisamente, con fundamento en este recurso de la Junta, la juez ha abierto 25 nuevas piezas separadas, relata ABC, para investigar la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Empleo en la etapa socialista, pero no acuerda la práctica de diligencias. Alega que otras cuatro planteadas por la Junta ya tienen diligencias abiertas.

El recurso de la Junta pedía investigar, por ejemplo, al Ayuntamiento sevillano de Coria del Río, beneficiario de una subvención de 200.000 euros en el 2003 cuando estaba gobernado por el PSOE, luego anulada por el Gobierno andaluz tras el escándalo. También las recibidas la Federación de Industrias y Afines de UGT Andalucía, las concedidas a empresas como Ebro Puleva, Autopistas Aumar o Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, comarca sevillana que recibió 34 millones, vinculada al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Si la relación de la juez con la Junta ha cambiado desde la llegada de nuevo gobierno, activo por fin en la instrucción de los casos y dispuesto a colaborar con la documentación que se la exija, la relación de la juez Bolaños con la Fiscalía sigue empeorando y se suceden los recursos del ministerio público contra las decisiones de la juez.

La Fiscalía, en general, se queja del cierre de bastantes piezas de esta macrocausa, que ha recurrido, del peligro que la instrucción corre por dilatar arriesgadamente los procedimientos que afectarán a la conclusión del caso y por la falta de "diligencia" de la juez a la hora de adoptar diligencias que eviten la prescripción de los delitos, que empieza a producirse a los diez años según delitos y cuantía si los imputados no son citados a declarar.

Ya se han cumplido ocho años desde que la juez Alaya abrió su causa matriz. Se le criticó mucho por sus retrasos y se justificó, Fiscalía inclusa, el troceo de la causa para agilizar un procedimiento contra el criterio de la primera instructora. Ahora, la Fiscalía ha comprobado que, en realidad, los casos no sólo se alargan en el tiempo, sino que son excluidos sucesiva y continuamente muchos imputados con la excusa de que la Audiencia sevillana no permite que los imputados sean juzgados dos veces por los mismos delitos.