El plagio llega al juicio de los ERE y la tensión entre los peritos y abogados sube de nivel

Pedro de Tena

El presidente del tribunal pidió a todos los peritos que desconectasen de Internet sus teléfonos móviles.

Pedro de Tena (Sevilla) | 2018-10-04

Era sabido, y así lo subrayó Libertad Digital, que el extenso y minucioso informe de los peritos de la Intervención General del Estado, base de la acusación judicial en el proceso que se sigue en Sevilla contra los 22 ex altos cargos de la Junta, era el enemigo a batir por las defensas y sus peritos. Ayer, mientras la acusación del PP acusaba de plagio a alguno de los nueve peritos de la defensa y el juez ordenaba el silencio de los móviles para impedir "chivatazos" de las defensas a sus peritos, la tensión subió de nivel.

La sesión comenzó a tensarse cuando a su comienzo, el presidente del tribunal pidió a todos los peritos que desconectasen de Internet sus teléfonos móviles para impedir comunicación entre defensas y acusaciones con sus peritos. Fue el abogado del PP, Luis García Navarro, quien manifestó su sospecha de que las defensas daban indicaciones a sus peritos vía teléfono móvil y se refirió expresamente al abogado del expresidente José Antonio Griñán, José María Mohedano.

García Navarro llegó a afirmar directamente anteayer Mohedano estaba mandando mensajes a su perito, Miguel Ángel Martínez Lago,que disponía de un "reloj inteligente". La afirmación tuvo su efecto en la decisión del Tribunal a pesar de las protestas y precisiones de las defensas.

A partir de ese momento, la tensión creció. Hasta ahora, cuando los argumentos técnicos de los peritos de la defensa no eran asumidos por los peritos judiciales y viceversa, sólo habían aparecido descalificaciones, casi siempre procedentes de las defensas, relativas a la "falta de independencia", a las obsesiones conspiranoicas y las presunciones infundadas de los peritos judiciales siempre cortadas por el presidente del Tribunal, Juan Antonio Calle.

Pero ayer el abogado de la acusación por el PP, Luis García Navarro, preguntó "¿Es cierto que han plagiado parte de su informe de la comisión de investigación del Parlamento?". La pregunta iba dirigida a los peritos Juan Antonio Carrillo y a Juan de Dios Jiménez Aguilera, que negaron la existencia de plagio.

Pero, a continuación, García Navarro hizo efectiva la acusación de haber plagiado la intervención y los argumentos que el ex consejero de la Junta, Antonio Ávila, había expuesto ante dicha Comisión parlamentaria de Investigación. Según su análisis, la intervención del exconsejero Ávila en la Comisión de Investigación había sido introducida en el dictamen tal cual y sin cita expresa. Carrillo, uno de los afectados, recordó al letrado del PP la gravedad de sus insinuaciones y habló abiertamente de "calumnias".

Carrillo, que afirmó que habían sido los únicos autores de su dictamen, añadió que, en el caso de documentos públicos, como lo son los que se generaron en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz se había incluido una cita con carácter general. Insistió, y recoge Diario de Sevilla, en que la ley de Propiedad Intelectual, en uno de los artículos, recoge expresamente que los"acuerdos, deliberaciones y textos" de organismos públicos, como el Parlamento de Andalucía, "no forman parte del objeto protegido por la ley".

Terminó la escaramuza cuando el presidente del Tribunal preguntó al abogado del PP por el interés de su acusación. Tras la respuesta de éste, sobre su pretensión de desacreditar a los peritos de la defensa aludidos, consideró que, para la finalidad del juico, el asunto era intrascendente.

Ninguno de los ex altos cargos hizo nada

El abogado del PP-A preguntó a los peritos de la IGAE si, a pesar de los "reiterados" informes de la Intervención General de la Junta y de las memorias de Control Financiero Permanente, conocían que alguien hubiera tomado alguna decisión de parar las irregularidades. "No conocemos", respondió Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE.

A continuación, relata Europa Press, el letrado del PP-A expuso que el artículo 27.13 de la Ley del Gobierno de la Junta de Andalucía atribuye al Consejo de Gobierno, como máximo órgano de gobierno de la Junta, la competencia para dictar directrices vinculantes al cualquier órgano de la Administración autonómica.

La respuesta de Turrión fue: "Sí, en base al contenido del artículo, parece que sí debieron, pero no hemos abordado este asunto en nuestros informes. Debían haber actuado, aunque no conocemos actuación adoptada al respecto, más allá de los propios planes de Control Financiero Permanente anuales, es decir, nos referimos a actuaciones de tipo inmediato y concreto".

Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lago por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, dijo que "nada hicieron las personas acusadas porque nada les era exigibles. Nada tenían jurídicamente el deber de hacer".

Además, insistió en el tema capital, a saber que "no es cierto" que las transferencias de financiación "sean inadecuadas" para el pago de las subvenciones encubiertas de los ERE, así como que "tampoco impiden la fiscalización previa de los expedientes de subvención". Era "posible" si el órgano gestor, la Dirección General de Trabajo, "hubiera tramitado y pasado al interventor delegado en Empleo los expedientes".

Según Zornoza, todo se hizo conforme a la legalidad y llegó a decir que "a la vista de lo escuchado en este juicio, nadie va a querer ser ministro de Hacienda, sino que todos van a querer ser directores generales de Presupuestos, porque son los que mandan en todo", precisando que "tramitar" las modificaciones "no supone tomar decisiones".

El portavoz de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión, precisó que "todas las autoridades estamos a obligados a saber las normas que nos rigen, pero no podemos conocerlo todo. Deberían saberlo", ha afirmado.

Es más, señaló especialmente al expresidente Griñán, en su etapa de consejero de Hacienda. Griñán conoció, como miembro del Consejo de Gobierno, las memorias de la Intervención General sobre Control Financiero Permanente en las que se recogían "problemas graves" derivados del uso de las transferencias de financiación, y "debió poner fin al uso de las transferencias" y "no conocemos actuación alguna al respecto".