Las trampas de Mas: del pacto fiscal al golpe de Estado

Pablo Planas

El desafío que Mas pretende llevar a término el próximo 27S es el último paso de un proceso que se inició con el pacto fiscal.

Pablo Planas (Barcelona) | 2015-08-04

El "proceso" separatista es una reacción ante la agresividad del Estado español, que no sólo se niega a acordar un pacto fiscal con la Generalidad sino que recorta competencias y reduce el autogobierno catalán. Cualquier reacción de los independentistas es en "legítima defensa", afirma el presidente de la Generalidad, Artur Mas; sea el incumplimiento sistemático de las sentencias sobre la inmersión lingüística, la convocatoria del referéndum del 9-N, los desplantes contra la Corona, el Gobierno, el Constitucional y el Supremo, la conversión de los medios públicos y privados en órganos de propaganda al servicio de la secesión y la fractura social causada por el monotema de la política catalana.

En dos años, Mas ha llevado la rebelión institucional hasta sus últimas consecuencias sin que haya topado con más dificultades que las derivadas de la pomposa escenificación de sus retos. El largo golpe de Estado, financiado por en gran medida por las partidas procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cumple con su "hoja de ruta", cuya última estación será el 27 de septiembre, unas elecciones autonómicas ordinarias que nada más firmar el decreto de convocatoria Mas y Junqueras han convertido en unas plebiscitarias que deben cumplir el objetivo de ratificar el referéndum del 9-N.

¿Cuándo comenzó el proceso?

Todo empezó, según la versión más extendida entre los partidarios del "proceso", en julio de 2010, cuando el Tribunal Constitucional retocó el Estatut de Maragall para ajustarlo a derecho. La manifestación celebrada entonces, que según los datos oficiales de la Generalidad congregó a medio millón de personas, fue la espoleta del proceso. Mas todavía no era presidente, pero el desgaste del tripartito del socialista Montilla y la movilización nacionalista le dieron el triunfo en el otoño de ese mismo año. Se abría una legislatura que sólo duraría dos años y que serviría para sentar las bases del intento de ruptura con el Estado.

La nefasta herencia económica de los dos gobiernos anteriores sumada a la crisis ahogó la capacidad operativa de la Generalidad. Ante la situación de quiebra administrativa, Mas comenzó una campaña de acusaciones al Estado, convocó una gran manifestación para el 11 de septiembre de 2012 en petición de un pacto fiscal a la vasca y se marchó a Madrid con el encargo de exigir a Rajoy ese trato de favor avalado por una "Diada" en la que del medio millón de dos años antes se había pasado al millón, siempre según datos de la administración autonómica.

La consigna mágica: "España nos roba"

La previsible negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ceder al chantaje nacionalista es, según otros "soberanistas", supone el punto de no retorno entre Cataluña y España, según la inflamada retórica nacionalista. A la afrenta del Constitucional se unía la asfixia económica de la Generalidad impuesta por una financiación que se consideraba insuficiente. Mas renunció a cargar las tintas sobre sus antecesores y encontró en la consigna de España nos roba" el banderín de enganche para soliviantar al electorado independentista, descargarse de responsabilidades y convocar unas elecciones que en teoría le debían dar una mayoría absoluta incontestable. No fue así. Perdió doce escaños. Pasó de 62 (la mayoría absoluta está en 68) a 50, pero el varapalo electoral no supuso ni un cambio de rumbo ni de estrategia. Al contrario, agudizó el "proceso" y radicalizó a Mas hasta extremos hasta entonces insospechables.

Esquerra Republicana de Cataluña fue la gran beneficiada de ese adelanto electoral, pues pasó de diez diputados a 21, tan sólo uno más que el PSC y dos por encima del PP, convirtiéndose en la segunda fuerza política catalana y en la muleta del Ejecutivo de CiU pese a obtener Junqueras el papel de jefe de la oposición. La continuidad del "proceso" y la estabilidad parlamentaria pasó a depender de ERC, que se convirtió en el aliado perfecto de Mas.

El mantra del "derecho a decidir"

Desde entonces hasta hoy, la acción de gobierno de la Generalidad ha sido nula, al contrario que la política, destinada a tensar las relaciones con el resto de España hasta la ruptura, movilizar a las bases separatistas y lograr una alianza con ERC que desbaratara el riesgo de que CiU se viera superada por las formación republicana. En ese camino, Mas ha roto la coalición con Duran, se ha echado en brazos de las organizaciones radicales, la Asamblea Nacional Catalana y Òmniun Cultural, que ha patrocinado con la generosidad del Estado, y la logrado su objetivo de formar una candidatura unitaria. Pero el tren del proceso ha perdido varios vagones. El PSC, que en un principio se mostraba dispuesto a apoyar la reivindicación de un concierto foral, fue el primero en apearse. Iniciativa per Catalunya también se borró de la foto separatista en cuanto apareció en lontananza "Podemos". Tanto el PSC como IC mantuvieron no obstante el mantra del "derecho a decidir", pero no fueron partícipes del referéndum del 9-N.

El referéndum del 9-N

La consulta, tal como pretendía Mas, se llevó a cabo a pesar de las advertencias del Gobierno y de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Todo el año 2014 estuvo condicionado por la celebración de ese referéndum, en el que participaron poco más de dos millones de personas y ganó el sí a una república catalana por un millón ochocientos mil votos, siempre según las cifras de la Generalidad. El nacionalismo no encajó el resultado como una derrota, a pesar de que el censo electoral catalán es superior a los cinco millones y medio de votantes. Las irregularidades de todo tipo y la escasa participación no hicieron mella en la deriva de Mas, que se encontró además con el aliado inesperado de una fiscalía catalana que se resistió hasta límites inesperados a formular una denuncia contra el presidente de la Generalidad y dos de sus consejeros. La nueva convocatoria de Mas, las autonómicas/plebiscitarias, ha paralizado de momento la instrucción del caso puesto que no se ha considerado conveniente imputar a Mas hasta pasadas las elecciones.

La forja de una candidatura inédita

Tras el referéndum que no existió, según la definición de Rajoy, comenzaron las negociaciones para dar el paso definitivo, unos comicios en los que se presentara una candidatura conjunta de todos los partidos separatistas. Ante las reticencias, recelos y dudas de Unió, ERC y las CUP, la primera providencia de Mas fue romper la federación nacionalista y ofrecer una candidatura en la que también estuviera integrada la sociedad civil, con prohombres de la música, Lluís Llach, del deporte, Josep Guardiola, y de las entidades que organizaron las manifestaciones masivas. La advertencia del presidente de la Generalidad a ERC consistió en amagar con agotar la legislatura en vez de convocar elecciones, tal como había prometido tras el 9-N. Las discrepancias obligaron a retrasar la fecha de estos comicios, que según los planes iniciales debían haberse llevado a cabo la pasada primavera. En enero, Mas presentó un nuevo plan, con vistas al 27 de septiembre y con el acuerdo teórico de ERC, las CUP, la ANC y Òmnium, pero el "president" no quería que cada partido concurriera por separado ante el temor cierto a perder todavía más diputados, tal como había sucedido en 2012. Finalmente y por razones aún por determinar, Junqueras accedió a la lista civil con presencia de políticos. "Me quedé a cuadros cuando me dijo sí", explicó Mas a los miembros de su Gobierno, puesto que ya estaba dispuesto a agotar la legislatura, cuya conclusión natural estaba fijada para noviembre de 2016. Las CUP de David Fernàndez se retiraron de ese acuerdo, un vagón menos en el que cada vez más corto tren del "prusés".

El viento a favor de los medios

Sin embargo, Mas cuenta con un poderoso sistema mediático regional. La política de subvenciones y las líneas editoriales de los medios públicos permiten a los independentistas difundir sus mensajes, ora victimistas, ora triunfalistas, con escasas o nulas réplicas y un maltrato generalizado al PP, Ciudadanos y al PSC, partido que a pesar de su teórico federalismo ha pasado a ser considerado marginal en el oasis catalán. En ese contexto, con el discurso del odio a España en primer término, la pérdida de apoyo popular al independentismo que reflejan los sondeos de la Generalidad queda compensada por la opinión de un teórico ochenta por ciento de los ciudadanos que es partidaria del "derecho a decidir", aunque sea para ratificar el hecho de que Cataluña es España.

En todo este recorrido, Mas ha tenido el apoyo de una parte del empresariado y ha jugado con la pasividad de otros agentes sociales y económicos. Sólo ahora, al final del trayecto, las organizaciones empresariales que juzgaban los planes del "president" con tibieza o pensaban que no se llegaría hasta donde decía, han manifestado con claridad su temor a una ruptura de España con los problemas económicos que llevaría consigo la pérdida de un mercado de referencia.

Pujol y el Mas victimista

Ante sus interlocutores económicos y agotados los "argumentos" a favor de la independencia, Mas se ha mostrado abatido y ha pretendido hacer creer que no le han dejado otra salida. En suma, la "legítima defensa" que dice ahora practicar con unas elecciones cuyo decreto es tan ordinario como extraordinario el sesgo que pretenden imprimir Mas y Junqueras a la votación. Mas también se presenta como una víctima y luce las acusaciones de la fiscalía como heridas de guerra, a pesar de que no está imputado formalmente. Las distinciones jurídicas no son precisamente el fuerte del "president", que, además, atribuye a las presiones de las "cloacas del Estado" casos de corrupción como el protagonizado por la familia Pujol. Ha llegado a decir que "nos pasarán por encima" si pierden esas elecciones y a predecir toda clase de catástrofes para Cataluña si su lista no obtiene un buen resultado.

El factor Romeva

Si las advertencias del Estado no parecen afectar a Mas, las de los partidos y fuerzas que le acompañan le tienen sobre ascuas. Cedió el primer puesto de la candidatura a un amigo de Junqueras, Raül Romeva, y teme una rebelión de las fuerzas de izquierda para apearle de la presidencia toda vez que es el número cuatro por Barcelona de la lista "unitaria". Las primeras declaraciones del flamante número uno, un exeurodiputado de Iniciativa que se alejó de la formación en cuanto le dijeron que no encabezaría la candidatura para las últimas europeas, consistieron en afirmar que no estaba pactado que Mas fuera a ser presidente si la lista "Juntos por el sí" gana las elecciones. Romeva fue inmediatamente desautorizado por Convergencia, no así por ERC, pero esa intervención ha generado una gran desconfianza y los primeros signos de que la unidad es más teórica que real.

El último esperpento: 27-S

El último esperpento de Mas fue la convocatoria este lunes, en coincidencia con los telediarios de las nueve. Mas estaba convencido de que Rajoy tenía previsto hacer coincidir las generales con sus autonómicas y esperó hasta el último momento para convocar, en la idea de que si firmaba el decreto a una hora normal el presidente del Gobierno se sacaría de la manga unas generales en la misma fecha. Y este martes, Mas ha aprovechado la última reunión de su gobierno antes de las vacaciones para montar su segundo mitin, tras la entrevista de TV3 anoche. Ahora se tomará unas cortas vacaciones. Se va a su casa de Fornells, en Menorca, donde también disponen de propiedades Félix Millet, el del Palau de la Música, y Xavier Trias, exalcalde de Barcelona. Una cena entre los tres era uno de los ritos veraniegos en la tranquila localidad menorquina.

El recuento y las garantías democráticas

Pese al carácter excepcional de estas elecciones, los partidos separatistas no acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo contar los resultados. Mas considera que la mayoría absoluta (68) en escaños de la suma de su lista y la de las CUP sería más que suficiente para desconectar definitivamente del resto de España. En cambio, el todavía líder de las CUP, David Fernàndez, que no repetirá como candidato por las reglas internas de su formación, ha declarado que el resultado debería medirse en votos y no en escaños y que debería haber un 55% de los electores a favor de las fuerzas separatistas para poder proclamar la independencia. Cabe recordar que las CUP son el referente de Bildu en Cataluña y que no concurrieron a las europeas porque se sentían bien representados por los proetarras.

La denuncia de Sociedad Civil Catalana

Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad contraria a la independencia, denuncia la ausencia de garantías democráticas en Cataluña. La campaña, afirma SCC, no debería comenzar el 11 de septiembre, fecha instrumentalizada por los nacionalistas. También apunta que las elecciones se llevaran a cabo en el puente de la Virgen de la Mercé, patrona de la capital catalana, lo que pone de relieve "la clara voluntad de desincentivar la participación, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, zonas donde el secesionismo no es mayoritario". También critica "el uso y abuso partidista e ideológico de los medios de comunicación públicos, que incumplen reiteradamente la pluralidad y objetividad informativa". Aluden a las dos únicas reacciones recogidas anoche por TV3, sendas entrevistas con Mas y con Oriol Junqueras, a quien se presentaba como líder de la oposición a pesar de que va en la lista del "president", una candidatura que en círculos de ERC y de las entidades separatistas se denomina la "lista de Romeva" para enojo de Mas.