La Junta subvencionó a una empresa que vejaba a discapacitados

Según publica este martes ABC, la empresa MKF habría engañado durante tres años a un centenar de discapacitados y a la propia Junta.

Libertad Digital | 2015-01-06

La Federación Granadina de Discapacitados Físcos y Orgánicos (Fegradi) ha denunciado el trato denigrante y vejatorio que sufrieron los más de cien discapacitados que, durante tres años, habían pasado por la compañía Marketing Finance & Profesional Contact Center SL (MKF), una empresa de telemárketing que cobró subvenciones de la Junta para, supuestamente, crear empleo estable entre personas con discapacidad. Precisamente por esto, hacía constar en sus contrataciones que un 70% del personal eran discapacitados.

Según la información de ABC, sobre la situación, Fegradi ha enviado un informe al Fiscal Superior de Andalucía denunciando que las personas con discapacidad que han trabajado para MKF se han sentido "maltratadas, humilladas, acosadas y estafadas". Según han denunciado los afectados, la empresa enviaba a personas con serios problemas de movilidad a vender productos sin pagarles el transporte. También les obligó a trabajar de noche con velas. Las mismas denuncias citan literalmente que les vejaban diciéndoles "vosotras, discapacitadas ¿dónde vais a encontrar trabajo?".

Precisamente fue el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quién abrió diligencias en junio de 2011 ante el cúmulo de irregularidades descritas. Basándose en la documentación de Fegradi y otros informes, Claderón hizo constar en un decreto que los trabajadores estaban siendo sometidos a "condiciones laborales que, de acreditarse, podrían considerarse vejatorias o contrarias a la legislación laboral y a las normas en materia de prevención de riesgos laborales".

El servicio andaluz de empleo de la Junta concedió las subvenciones en 2008 a esta empresa que operaba en Jaén, Granada y Málaga. En 2011 fue cuando se denunciaron las vejaciones y la empresa decidió cerrar su centro en Granada. En aquel momento fue cuando se cursó la denuncia y cuando la Junta de Andalucía empezó a solicitar la devolución de las subvenciones. El problema es que tardó más de un año en retirarle la calificación de Centro Especial de Empleo que le concedió por tener una plantilla con un 70% de discapacitados. Así lo recoge la letrada María del Rocío Salvín en otro escrito que forma parte del sumario del fraude de los cursos de Formación que instruye Mercedes Alaya.

Estos escritos apuntan a que con los 1,3 millones de euros recibidos, la empresa contrató de forma ficticia a 95 trabajadores, ya que después de ser contratados por tiempo indefinido y dados de alta como tales en la Seguridad Social, eran despedidos, algunos de ellos sin haber llegado a desempeñar ninguna función.