El SAE tenía 900 millones de euros sin revisar en 2013

Pedro de Tena

Pese a que la administración andlauza está obligada porimperativo legal a controlar los fondos públicos.

Pedro de Tena (Sevilla) | 2014-04-23

De ese total, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) mantiene 634,62 millones de euros en expedientes de subvenciones de formación sin revisar, según la información facilitada por el propio organismo público a la Cámara de Cuentas de Andalucía. En expedientes correspondientes a 2007 y a años anteriores, el SAE sigue sin revisar 70 millones de euros que pueden prescribir.

Aunque la Administración autonómica está obligada por imperativo legal a controlar los fondos públicos: cotejando las facturas, realizando visitas "in situ" a las aulas, comprobando los contratos y analizando con lupa las auditorías, los expedientes de subvenciones sin justificar crecen y crecen. 

Resalta ABC que el informe de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de la Junta correspondiente a 2012, publicado el pasado 4 de marzo, demuestra este crecimiento a medida que el agujero negro del paro se hacía más profundo.

El dinero de subvenciones sin revisar a finales de 2009, primer año en que la UDEF centra sus investigaciones(2009-2010), batió el récord histórico con 248,69 millones de euros

Desde 2007-2013 se han repartido más de 2.000 millones en subvenciones a la formación, en su mayoría procedentes de la Unión Europea. La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización, subrayaba su alarma por la situación: "El saldo de libramientos pendientes de justificar a la finalización del ejercicio 2012 asciende a 890.858,90 m€ para el conjunto de agencias. De este saldo, el 99% corresponde al SAE(882,45 millones). En el SAE el saldo de libramientos se ha incrementado, respecto al ejercicio 2011, en un 22,73% Respecto a los libramientos pendientes de justificar de ejercicios anteriores, cabe destacar la elevada cuantía de los correspondientes a las anualidades de 2008 y 2010. Ésta última anualidad(relativa a 2009) refleja un aumento de su importe respecto al ejercicio anterior."

D ese dinero, 634,62 millones (casi el 72%) corresponden al programa de Formación Profesional para el Empleo, que financia los cursos para el reciclaje de desempleados.

El ente fiscalizador advirtió expresamente a la Junta para que controlara: "Respecto al SAE, dada la elevada antigüedad e importes de los libramientos pendientes de ejercicios anteriores, se hace necesario adoptar las medidas conducentes a la realización de las justificaciones o los reintegros correspondientes."

La Cámara advirtió además que "el retraso de las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, previa a la liquidación, contribuye al elevado volumen de libramientos pendientes de justificar". 

Según su propia portavocía, la Junta inició la revisión de las ayudas concedidas para cursos de formación desde el año 2007 a finales del mes de septiembre del pasado año, por iniciativa de la presidenta, Susana Díaz. Y añadió que se aplica el principio de la no exoneración, es decir, la justificación del empleo adecuado de las cantidades recibidas para acceder a nuevas subvenciones. Pero esto es precisamente lo que no se aplicó a UGT, a la que sigue subvencionando a pesar de la instrucción abierta en un juzgado de Sevilla por una trama de facturas falsas y desvío del dinero subvencionado para programas de formación.

La Junta detalló que sólo en los servicios centrales se han realizado 480 requerimientos de documentación a entidades para que amplíen la justificación de su subvención. Fruto de este trabajo, ha iniciado ya 56 expedientes de reintegro parciales y totales de ayudas concedidas. Curiosamente para esta investigación se ha contratado a sesenta interinos.

El responsable de la patronal CECAP, Félix Martín, se quejó de que la Junta de Andalucía "desgraciadamente tarda cuatro años en ver los expedientes" de las ayudas, revisarlos y liquidarlos. Cifró en “más de 5.000 los expedientes sin resolver por falta de gestión” de la Administración autonómica, que adeuda a las empresas 40 millones de euros.