Baltasar Garzón advierte al Partido Popular de penas de cárcel por aprobar la ley sobre la justicia universal

Alicia González

El que fuera juez de la Audiencia Nacional acude a la llamada de Izquierda Unida en el Congreso y dice "temer" por los diputados del PP.

Alicia González | 2014-03-18

Baltasar Garzón carga contra el Gobierno de Mariano Rajoy por la aprobación de la ley que modifica el alcance de la justicia universal. Una reforma que fue aprobada con los votos de los diputados del Partido Popular en solitario. El que fuera juez de la Audiencia Nacional participó este martes en unas jornadas organizadas por la Izquierda Plural en el Congreso sobre esta reforma y a la entrada advirtió de posibles sanciones para España y de penas y multas para quien aprobó la ley.

"No temo por los jueces sino por los diputados que aprobaron la ley", dijo Garzón. En declaraciones a los medios, señaló que "deberíamos empezar a mirar definiciones en el Código Penal porque ordenar el sobreseimiento de causas abiertas no es potestad del poder legislativo sino de los jueces".

Ya dentro de las jornadas explicó algo más sobre esas "definiciones del Código Penal" a las que se refirió a la entrada. Según Garzón hay una interferencia y usurpación "absoluta" que, a su parecer, tiene penas en el artículo 506 del Código Penal de hasta tres años de cárcel, doce años de inhabilitación y multa para las autoridades, explicó, "que dicten disposiciones generales para privar derechos en ámbitos que no son de su competencia".

También explicó las posibles sanciones a las que se podría enfrentar España como país. El que fuera juez de la Audiencia Nacional señaló que España podría ser sancionada por contravenir con esta ley la multitud de tratados internacionales que ha ratificado y que según Garzón "van en contra de lo aprobado por el Gobierno". Es una "aberración jurídica", señaló, que los legisladores ordenen el archivo retroactivo de las causas abiertas que van en contra de los Convenios contra el genocidio, las desapariciones forzosas o la tortura. Por eso, instó a los jueces a que sigan con las causas abiertas hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.