Un juez del TSJC podría ir al banquillo por colaborar en las tramas de las ITV

El Supremo investiga al juez Joaquín Ortiz por un supuesto asesoramiento a imputados en el caso de las ITV.

LD / agencias | 2013-04-26

El Tribunal Supremo ha consultado este viernes al fiscal si debe abrir juicio oral o sobreseer la causa abierta contra el juez Joaquín Ortiz Blasco, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por asesorar a dos empresarios imputados en la trama de las ITV en Cataluña.

El Tribunal Supremo investiga desde octubre de 2012 a este magistrado del TSJC por un supuesto asesoramiento a imputados en el caso de las ITV en relación con los recursos interpuestos ante su Sala contra la concesión de nuevas estaciones de ITV.

La investigación se desarrolló por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abusos en el ejercicio de su función, previsto en el artículo 441 del Código Penal, el mismo por el que se podría juzgar ahora a Ortíz.

El instructor de esta causa, el magistrado Miguel Colmenero, ha dictado este viernes un auto en el que insiste en que los hechos investigados podrían ser delictivos y en que el juez investigado podría ser responsable de los mismos.

"La conducta del aforado podría constituir un asesoramiento o consejo a personas y entidades interesadas en las cuestiones relacionadas con la adjudicación y explotación de las estaciones de ITV", señala Colmenero en su auto.

El instructor se refiere a una conducta global del imputado pero específicamente a la empresa Certio y su recurso contencioso-administrativo contra un concurso sobre adjudicaciones de este tipo de servicios que no le favoreció. Dicho recurso vino "precedido de un visto bueno del aforado al borrador", señala Colmenero.

El recurso iba dirigido contra la resolución del consejero de Innovación, Universidades y Empresa por la que se resolvió el concurso público para acceder a la autorización de nuevas estaciones de ITV en Cataluña prevista en el Plan Territorial aprobado por decreto por el Gobierno de la Generalitat en 2010.

A aquello se sumaron otros asesoramientos a los empresarios Ricard Puignou y Enric Marugán en casos similares, apunta el magistrado del Supremo, siempre refiriéndose a indicios. En su auto, el juez niega diligencias que ha pedido la defensa del imputado y también deniega la petición de nulidad sobre diligencias practicadas.

Finalmente, acuerda "dar traslado al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de diez días, solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa" o, excepcionalmente la práctica de nuevas diligencias, contra el citado imputado.

El Supremo se declaró competente para investigar el caso después de que desde un juzgado de Barcelona se le solicitara que lo hiciera al haber indicios de que dos de los imputados en un caso de ITV, Ricard Puignou y Enric Marugán, participaron en "negociaciones" con el magistrado, que es aforado por ser miembro del TSJC.