Ni taxis ni VTC, la clave es el usuario

EDITORIAL

La solución radica en liberalizar por completo este sector para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios.

EDITORIAL | 2019-01-25

Tras el éxito cosechado en Barcelona, donde los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se verán obligados a dejar de operar debido a las nuevas restricciones impuestas por la Generalidad, la huelga de taxis continúa en Madrid a la espera de la regulación que acuerden la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido y el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Por el momento, ambas administraciones coinciden en la necesidad de establecer una distancia mínima entre vehículo y usuario para poder contratar un servicio de VTC, pero los taxistas exigen que estos vehículos se sitúen fuera de la almendra central con el fin de imposibilitar su trabajo.

En ambos casos, el objetivo del taxi es claro: acabar con la competencia. Y, para ello, no han dudado en cortar carreteras, colapsar el tráfico en el centro de las ciudades e incluso ejercer la violencia. Este tipo de chantajes son intolerables desde todos los puntos de vista. Los taxistas tienen todo el derecho del mundo a hacer huelga y dejar de trabajar en señal de protesta, pero no a impedir el libre movimiento del resto de ciudadanos ni, mucho menos, a agredir a otros trabajadores, como es el caso de los conductores de VTC, cercenando así derechos ajenos.

La obligación de las autoridades consiste en perseguir y sancionar estos atropellos, al tiempo que se garantiza el orden. El taxi, al igual que sucede con cualquier otro gremio, no puede usar a la población como rehén para la consecución de sus intereses particulares. Y lo mismo sucede con los conductores de VTC, que no han dudado en cortar el centro de Barcelona en señal de rechazo al decretazo de la Generalidad, prolongando con ello las molestias que, desde hace días, padecen los residentes de la Ciudad Condal.

Lo más grave, sin embargo, es que el abanico de nuevas restricciones establecidas por el Gobierno, cuyo diseño y ejecución traspasó de forma insensata e irresponsable a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, acabará perjudicando al usuario, el gran olvidado de este conflicto sectorial, tal y como acaba de advertir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "La regulación vigente sobre taxis y VTC contiene restricciones que perjudican innecesariamente a los usuarios finales, al limitar artificialmente el número de taxis y VTC y la capacidad de ambos para mejorar y desarrollar nuevos servicios en beneficio de los ciudadanos", señala en su informe sobre el Real Decreto-ley que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Efectivamente, España no solo cuenta con una de las regulaciones más restrictivas de Europa en materia de VTC, sino que también aplica duras restricciones al taxi, cuyo escaso margen de maniobra, al fijar tarifas o limitar el número de licencias, dificulta de forma sustancial la competitividad de sus servicios. Este rígido corsé acaba traduciéndose en mayores precios y tiempos de espera tanto en el taxi como en los VTC.

Por ello, la solución, lejos de imponer nuevas trabas o blindar un monopolio mediante la eliminación de plataformas tecnológicas como Uber y Cabify, radica en liberalizar por completo este sector para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios, tal y como sucede en el resto de actividades que se rigen por la economía de mercado, cuyos pilares son la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda. Pero, al mismo tiempo, es necesario acordar un sistema de compensación entre todos los agentes implicados para facilitar la transición del taxi hacia este nuevo escenario mediante la liquidación de las licencias existentes a un precio razonable, tal y como ha defendido el líder del PP, Pablo Casado, o la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo lo que sea desviarse de esta senda no solo no evitará la desaparición del taxi y los VTC a medio plazo, puesto que la llegada del coche autónomo está a la vuelta de la esquina, sino que impedirá la libre elección de los usuarios y arrojará un servicio más caro y de peor calidad. Las autoridades no deben legislar en defensa del taxi ni los VTC, sino en defensa de los ciudadanos.