Por qué "desprivatizar" la sanidad es una pésima idea

Manuel Llamas

El fin del Modelo Alzira en la Comunidad Valenciana debería alertar sobre los negativos efectos de anular la colaboración público-privada en sanidad.

Manuel Llamas | 2018-09-09

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de las numerosas e intensas subidas fiscales que ya están negociando el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Sin embargo, siendo esto importante, especialmente para el bolsillo de los damnificados, tan sólo supone una cara de la moneda, la de los ingresos. Tanto o más relevante son las medidas que ambos partidos han empezado a discutir en materia de gasto, ya que su aplicación determinará, en última instancia, tanto el aumento real de los impuestos como la posible evolución del déficit y la deuda. No en vano, la recaudación tributaria siempre es incierta, dado que depende de otros factores como la situación económica, mientras que el volumen de gastos está siempre bajo el control directo del Gobierno y el resto de Administraciones Públicas.

La revalorización de las pensiones con respecto al IPC o el incremento de las partidas destinadas a Dependencia son tan sólo algunas de las propuestas que están encima de la mesa de negociación, pero PSOE y Podemos también han avanzado algunos puntos de acuerdo en materia sanitaria, como recuperar la "sanidad universal", eliminar el copago farmacéutico o estudiar la "desprivatización" del Sistema Nacional de Salud.

Este último punto se aventura complejo, ya que choca frontalmente con el modelo de colaboración público-privada que han desarrollado algunas CCAA en los últimos años y, dado que la competencia sanitaria es autonómica, el conflicto parece servido. Sin embargo, la mera intención de revertir la gestión privada de ciertos hospitales y servicios sanitarios debería generar una honda preocupación entre la opinión pública, ya que los datos demuestran el éxito que ha cosechado su puesta en marcha, tanto en términos económicos como de atención al paciente.

El hecho de que la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, sea, además, la artífice de la "desprivatización" llevada a cabo en la Comunidad Valenciana, bajo el Gobierno socialista de Ximo Puig, genera una desconfianza aún mayor. Y es que Montón ejemplifica a la perfección los nefastos efectos del sectarismo político, consistente en tomar decisiones de carácter ideológico aún a sabiendas de que sus resultados serán negativos para el conjunto de la población. El fin del llamado Modelo Alzira, en vigor en la Comunidad Valenciana durante 20 años, debería servir de advertencia a los españoles sobre los efectos de anular la colaboración público-privada en la sanidad.

Este modelo consiste en encomendar la gestión de una zona sanitaria -hospital, centros de atención primaria y demás servicios de titularidad autonómica- a un proveedor privado para que se encargue de su gestión a cambio de una contraprestación económica en función del número de habitantes y de los pacientes atendidos. La auditoría pública realizada en su día por la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad valenciana concluyó que las zonas bajo gestión privada ofrecen más y mejores servicios sanitarios, a un coste menor y con una satisfacción mayor por parte de los usuarios. A continuación, algunas conclusiones relevantes al respecto, según los datos facilitados por el grupo Ribera Salud y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE):

1) Ahorro de dinero público:

2) Menores listas de espera:

3) Servicios de más calidad:

4) Mayor satisfacción de los pacientes: como resultado de todo lo anterior, no es de extrañar, por tanto, que los centros privados registraran una ratio de satisfacción más alta por parte de los pacientes que los públicos, con una nota media superior al 82%.

5) Mejor retribución: llegados a este punto, algunos dirán que tales ahorros se hacían a costa de una peor retribución del personal, pero, una vez más, las cifras desmienten tales supuestos. Así, más del 90% de los trabajadores de Ribera Salud contaban con contrato estable frente a tan sólo el 62% del personal estatutario dependiente de la Generalidad valenciana.

Y, por si fuera poco, también disfrutaban de mejores conceptos salariales fijos (con datos del Hospital de la Ribera), sin contar con los incentivos económicos y los planes de conciliación de los que carece el sistema público. Tanto es así que el coste por empleado de Ribera Salud ascendió a 54.639 euros en 2015 frente a los 48.873 euros del conjunto de hospitales públicos.

Sueldos-Ribera.jpg
Grupo Ribera Salud

¿Y qué ha pasado desde que la Generalidad ha recuperado la gestión de estos centros? Pues, para empezar, que la nueva responsable del departamento del Hospital de la Ribera admite que funciona "peor", las listas de espera han aumentado y la actividad ha bajado, a pesar de haber disparado la contratación en 500 personas.

En resumen, más gasto público y, por tanto, más impuestos a cambio de un servicio de peor calidad. A eso conduce el gobernar a golpe de sectarismo político, sin tener en cuenta los resultados ni el interés real de la población. "Desprivatizar" la sanidad es una pésima idea, venga de donde venga. De hecho, España debería apostar justo por la línea contraria, ofreciendo total libertad de elección a los pacientes a la hora de escoger proveedor, ya sea público o privado, mediante la implantación de cheques sanitarios, tal y como sucede en otros muchos países ricos.