Los sindicatos siguen sin rendir cuentas

EDITORIAL

EDITORIAL | 2014-01-10

Tras largos años de oscurantismo y opacidad, CCOO al fin se ha dignado a presentar sus cuentas anuales. El sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo ha publicado este viernes parte de sus finanzas internas, y no ha dudado en aprovechar este ocasión inédita para presumir de una supuesta "honradez" y "transparencia" de la que, en realidad, carecen los grandes sindicatos. Según su información económica y financiera, dicha organización tan sólo habría ganado 1 millón de euros en 2012, un resultado muy exiguo, casi ridículo, para el ingente volumen de subvenciones y ayudas públicas que gestiona cada año. Y es que, a pesar de que pretende arrojar algo de luz sobre su gestión económica, lo cierto es que la iniciativa de CCOO no es más que otro infructuoso intento de su cúpula para intentar lavar la deteriorada imagen pública del sindicalismo vertical que, por desgracia, aún pervive en España.

No en vano, resulta cuanto menos gracioso que Comisiones Obreras se atreva siquiera a hablar de "transparencia" cuando el manejo de sus dineros ha sido, y sigue siendo a día de hoy, uno de los secretos mejor guardados del país. No en vano, lo que ha presentado no es más que un documento incompleto y parcial de su compleja y enorme red de sociedades, fundaciones y filiales sindicales. En concreto, dicho balance tan sólo refleja los grandes números del Consejo Confederal de CCOO, es decir, la sede central del sindicato a nivel nacional, una mínima parte de los fondos que maneja el conjunto de la organización. Además, cabe recordar que lo único que ha hecho Toxo es adelantarse al cumplimiento de la nueva Ley de Transparencia, que obliga a presentar las cuentas a sindicatos, patronal y partidos políticos, de modo que no se trata de un acto voluntario de transparencia, tal y como intenta vender a la opinión pública.

Pero no por ser incompletas las cifras expuestas resultan menos vergonzosas. La cúpula sindical ingresó algo más de 31 millones de euros en 2012 para sufragar su funcionamiento, de los que casi la mitad procede de la concesión de subvenciones públicas y el resto de las cuotas de sus afiliados, cuyo número supera el millón. De este modo, según sus propias cuentas, los sindicalistas de CCOO tan sólo destinaron, voluntariamente, una media de 14 euros al año al mantenimiento de su cúpula nacional (1,2 euros al mes), mientras que los contribuyentes han sido forzados a financiar un sindicato al que no pertenecen. Con que sus afiliados apenas aportaran un euro extra al mes, la sede central de Toxo podría prescindir de las subvenciones públicas, liberando así a millones de españoles de la condena de tener que sufragar tal coste. Es inadmisible que en pleno siglo XXI un país como España, perteneciente al mundo desarrollado, siga aplicando un modelo de financiación sindical arcaico, obsoleto y, sobre todo, profundamente injusto, propio de regímenes pasados.

Y aún más incomprensible es el hecho de que los sindicatos insistan en arrogarse una legitimidad que sus propias cifras se encargan de desmontar. No en vano, CCOO afirma que cuenta con cerca de un millón de afiliados, una cifra que, dándola por buena, apenas representa al 5% de los trabajadores de España. Su representatividad efectiva es, por tanto, nula. En conclusión, el sindicato de Toxo no rinde cuentas y, lo que es peor, se sigue aprovechando de un sistema de financiación profundamente ilegítimo. Lo triste es que no es el único. Su gran compañero de viaje, la UGT de Cándido Méndez, ni siquiera ha presentado el balance financiero de su sede central y, por si fuera poco, se niega a depurar responsabilidades entre la larga lista de implicados en el escándalo de los ERE falsos de Andalucía. Sin ir más lejos, la nueva secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha decidido mantener en su Ejecutiva a José Ginel, bajo cuya dirección en Almería se falseó la compra de mil silbatos rojos para la huelga general de 29 de marzo de 2012. Ambos sindicatos, CCOO y UGT, siguen sin rendir cuentas, tanto a nivel económico como de corrupción.