El dilema del Rey

José García Domínguez

El Rey puede hacer un servicio a la institución de la Monarquía acelerando el proceso sucesorio en la persona de su hijo varón.

José García Domínguez | 2014-01-07

En los momentos como éste, cuando el honrado pueblo ya está a cinco minutos de pedir la guillotina para los Borbones, los que somos republicanos de corazón deberíamos recordar con qué mimbres se construyó la siempre precaria identidad colectiva del país que llamamos España. Hace un siglo, predicaba Menéndez Pelayo que lo único que teníamos era el cristianismo, argamasa que proveía de cohesión a las gentes de esta península tan propensas por naturaleza al particularismo y a la dispersión. Llevara razón o no don Marcelino, eso fue hace cien años, cuando la definitiva secularización de la sociedad española ni siquiera había tomado cuerpo en la imaginación de los más audaces heterodoxos. Ocurre que, al margen de la Iglesia Católica, no disponemos de mucho más que la Monarquía a la hora de buscar algún otro cimiento firme sobre el que asentar la memoria compartida de los españoles a lo largo de los siglos.

Porque, contra lo que predica el tópico al uso, la Monarquía no es una simple forma de Estado, la Monarquía es una seña de identidad nacional española. Alguien escribió que con la Historia se puede hacer cualquier cosa salvo huir de ella. Y la nuestra aún hoy viene marcada por el gran fracaso del Estado liberal en el siglo XIX, por su definitiva incapacidad para cumplir con su obligación primera, la nacionalización completa de las masas. De aquellos polvos, estos lodos. Convendría que los análisis de la peripecia mercantil y penal del matrimonio Urdangarín-Borbón no perdiesen de vista ese marco más amplio. Al cabo, lo que se está dilucidando no es el destino de la esposa de un pícaro que dio el braguetazo de su vida, sino el de uno de los muy contados elementos de identificación simbólica que compartimos los españoles.

Es ésa una reflexión que el Rey también está llamado a realizar. Y más cuando el envite secesionista en Cataluña reclama a gritos la auctoritas que el actual jefe de la Casa Real terminó dilapidando en empresas que no habrán de aportar demasiada gloria a su estirpe. En una democracia mediática, las sentencias de obligado cumplimiento son emitidas por eso que llaman opinión pública, no por los jueces. Y la opinión pública española ya ha dictado su veredicto de culpabilidad. Inapelable, por lo demás. Así las cosas, el Rey puede hacer un servicio a la institución de la Monarquía acelerando el proceso sucesorio en la persona de su hijo varón. O puede tratar de enrocarse ante el patíbulo de cámaras, micrófonos y papel impreso por el que, más pronto o más tarde, acabará desfilando su augusta figura. De él depende.