Tras dos intentos inexplicables de archivo, la Audiencia reabre el caso de la mina de Aznalcóllar

Pedro de Tena

Un alto cargo de gobierno de Pedro Sánchez sospechoso de favorecer a un grupo minero afín al PSOE.

Pedro de Tena (Sevilla) | 2019-10-01

Este martes se ha conocido que tras dos intentos de la juez Patricia Fernández, del número 3 de instrucción de Sevilla, por archivar el caso, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa de la Mina de Aznalcóllar que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación en 2015 a la agrupación empresarial México Minorbes de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.

Tal adjudicación recayó en el grupo Magtel, un intermediario sin experiencia en la minería, pero muy próximo al PSOE andaluz. Para conseguirlo, se asoció con el grupo mexicano México Minorbes. Fu entonces cuando el otro grupo que aspiraba a la adjudicación, Emerita Resources, interpuso su querella dando paso a lo que se conoce como el caso de la Mina de Aznalcóllar.

Si el caso obtuvo un eco inmediato fue por la utilización electoral que de la reapertura de la mina hizo la propia Susana Díaz en 2015, dando pie a las sospechas sobre favoritismo en la adjudicación. Es más, es que el grupo descartado era asimismo próximo al PSOE andaluz y poseía entonces la cabecera de El Correo de Andalucía y de una cadena local de televisión. Tras aquel enfrentamiento tanto el diario como la TV se resintieron hasta el punto de que en la práctica están desaparecidos.

El caso recupera su verdadera importancia por cuanto en el auto, facilitado por el Tribunal de Superior Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la juez Patricia Fernández Franco.

Lo políticamente más relevante es que las sospechas se alejan, aunque no del todo, del entorno de Susana Díaz y se centran en el que fuera secretario la Consejería de Innovación bajo su mandato, Vicente Fernández Guerrero. La razón es que Vicente Fernández es actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo que ya ha puesto a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue quien le nombró.

Pero Vicente Fernández, y por eso sigue afectando a Susana Díaz, ha ocupado puestos muy relevantes en el gobierno de la Junta que ella presidió. Desde febrero de 2016, ocupaba el puesto de Interventor General de la Junta de Andalucía, el órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración andaluza y de la totalidad de sus entidades instrumentales.

Entre 2012 y 2016 fue secretario general de Innovación, Industria y Energía, y presidente de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), de Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) y de AEROPOLIS. También fue secretario de diversos Consejos de Administración de Empresas Públicas: Empresa Pública de Gestión de Activos, de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, Cartuja 93.

Además, ha ocupado la jefatura de las Asesorías Jurídicas de diversos Departamentos de la Junta de Andalucía: Turismo y Deporte; Educación y Ciencia; Economía y Hacienda; Innovación, Ciencia y Trabajo. Asimismo, asumió la jefatura de la Asesoría Jurídica de la Agencia Tributaria de Andalucía, hasta finalmente acceder a la jefatura del asesoramiento jurídico general de la Junta andaluza.

La Audiencia Provincial, en su auto, pide expresamente que se tome declaración a Vicente Fernández, así como otras personas que tuvieron que ver con la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica antes de comenzar el procedimiento de adjudicación y pide conocer qué papel jugaban todos en el proceso. Igualmente pide que se tome declaración a Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de Magtel, la entidad beneficiada, acusados de presunto tráfico de influencias.

Esta decisión se toma admitiendo totalmente el recurso de Emerita Resources que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas.

Además, señalaba el presunto delito de cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de los hermanos López Magdaleno a los que todavía no se ha tomado declaración, en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que constante el presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.

La Audiencia ve patente, grosera y burda ilegalidad

Según la Audiencia de Sevilla es "evidente y ello no se discute", que Grupo México, como licitador, "no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles" para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, "lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública".

De este modo, la Sección Séptima indica en el auto que entiende que se "quebrantó" el principio de transparencia e igualdad de trato en el concurso y además se estaba dando cobertura con la actuación "llamativamente ambigua" de la Administración, al resultado final, "legalmente inadmisible" de que aceptara la adjudicación una entidad controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que "debió ser apartada del concurso, y que en definitiva no participó en él".

Además de otros defectos formales intencionados, la Sala sospecha que no se cumplieron los preceptos de solvencia económica y técnica. En el primero de los casos, apunta que Minorbis "habría intentado justificar la solvencia necesaria mediante los medios económicos, financieros, técnicos y de experiencia profesional de la entidad Grupo México en virtud de dos documentos íntimamente relacionados entre sí" que la Administración consideró insuficiente, "pues era palmaria la ausencia de acreditación de la aportación de medios, tratándose de reuniones de trabajo no vinculantes como toma de contacto entre ambas entidades".

Con todo, la Audiencia indica que "la patente ilegalidad, la grosera y burda ilegalidad" radicaría en que esta nueva sociedad "tendría una minúscula participación de Minorbis, licitadora que ha ganado el concurso, y que pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida formalmente del mismo, que realmente no participó en el concurso, y que la Junta de Andalucía a posteriori argumenta que sólo fue una tercera entidad acreditadora de solvencia de la licitadora Minorbis".

"Esta presunta ilegalidad a la que antes aludíamos encontró provisoriamente su complemento adecuado, en primer lugar en el perfecto conocimiento que la Administración tenía desde el inicio, a través del Memorándum de Entendimiento que establecía que aunque ganara Minorbis la adjudicación iba a aceptarla una sociedad distinta y controlada por Grupo México, a pesar de que la misma consideró a esta última en el desarrollo del concurso únicamente como aportadora de solvencia; y en segundo lugar en mantener intencionadamente a Grupo México frente a terceros como licitadora durante todo el concurso de la explotación de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar", concluye el auto.

De consumarse la dimisión de Vicente Fernández al frente de la SEPI ería la segunda dimisión importante del caso, que ya consiguió la destitución de María José Asensio en 2015 cuando era directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta y fue imputada en el caso que investigaba el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla.