La importancia de la elección de la política económica y su diferente impacto en la evolución de la economía española en las últimas cuatro décadas

José María Rotellar

La experiencia muestra que administraciones austeras y cumplidoras generan sociedades prósperas. También demuestra que las rebajas de impuestos, posibles gracias a esa austeridad y eficiencia, multiplican esa prosperidad.

2020-02-15

Ahora que Libertad Digital cumple veinte años, conviene recordar que va camino de cuatro décadas la conformación definitiva de la estructura administrativa actual de España, a través del Estado de las Autonomías. En ese período de tiempo, ha habido en España gobiernos de distinto signo, que, por tanto, han aplicado diferentes políticas económicas: unas han sido socialdemócratas y otras, liberal-conservadoras. Y como ha habido distintas políticas, se han producido distintos resultados derivados de ellas. No hay una única política económica posible, sino que hay diferencias entre unas y otras, en los postulados, en su aplicación y en los resultados.

No es objeto de este artículo analizar, comparar y sacar conclusiones sobre si el sistema autonómico ha resultado más o menos eficiente que el centralismo existente durante el régimen anterior y también en los años de la Transición. Aquellas otras fueron circunstancias surgidas de un terrible enfrentamiento civil, en el primer caso, y de la gran reconciliación entre todos los españoles, en el segundo período.

Por tanto, en ambas ocasiones tanto el punto de partida como las circunstancias no permiten establecer la comparación con las últimas casi cuatro décadas, ya que el período entre 1939 y 1975 vivió la reconstrucción tras una horrible guerra que ocasionó una pérdida de PIB y de PIB per cápita que no se recuperaron, en euros constantes, hasta 1950 y 1952, respectivamente. Posteriormente, llegaron los planes de estabilización y desarrollo, el milagro económico español y el crecimiento de la economía a doble dígito durante largos años, hasta que la crisis del petróleo de los años setenta y el agotamiento del modelo de Bretton Woods cambiaron el escenario. Por su parte, los años de la Transición, que podemos situar entre 1975 y el final de 1982, con la salida de UCD del Gobierno y el inicio, a principios de 1983, del Estado de las Autonomías, fueron años de reformas políticas, pero también económicas e industriales, con el aumento de la tecnología y el descenso de la necesidad de mano de obra, que incluso llegó hasta mediados de los años ochenta.

Es cierto que tanto el presidente Suárez y, especialmente, el presidente Calvo-Sotelo, quien tuvo un mandato breve, pero, sin duda, intenso y fructífero en muchos aspectos para España y a quien la historia le hará justicia algún día, pusieron en marcha las bases del modelo administrativo actual, el primero con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el segundo con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómica (LOAPA), que si no hubiese sido declarada inconstitucional en catorce de sus artículos, podría haber evitado muchos de los problemas posteriores del sistema autonómico. Sin embargo, aunque en el mandato de ambos presidentes se dieron estos importantes pasos, no surge con plenitud el Estado de las Autonomías hasta algunos años después.

Por eso, esos dos períodos, vividos en circunstancias excepcionales y con una organización territorial y, a través de la actual cesión de competencias a las regiones, de un modelo de generación de actividad económica diferente al del período entre 1983 y la actualidad, no pueden ser exactamente analizables con estas casi últimas cuatro décadas para extraer conclusiones sobre los efectos de cada tipo de política económica, ya que hay otros elementos de estructura económica que distorsionan la comparación. No obstante, ambos períodos anteriores al analizado representan una gran importancia en la Historia Económica de España y en el influjo que tuvieron en el desarrollo económico de los últimos cuarenta años en España, bajo el sistema descentralizado actual. De ahí que el análisis de los efectos de cada una de las políticas económicas se vaya a centrar en el tramo comprendido entre 1983 y el momento actual.

González no supo sacar el potencial económico

A finales de octubre de 1982, casi siete años después de la muerte del General Franco y del inicio de la Transición y casi dos años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ganó las elecciones de manera arrolladora el PSOE y Felipe González era investido presidente del Gobierno, volviendo, así, los socialistas al banco azul por primera vez desde la Guerra Civil.

En aquellos años, ese PSOE tenía un componente netamente socialdemócrata y, por tanto, intervencionista, aunque Miguel Boyer aplicase diversas medidas liberalizadoras de la economía, que se fueron extinguiendo con su temprana salida del Ejecutivo en el período del mandato de González.

En dicho período, el Gobierno se mantuvo instalado mucho tiempo en el recurso al Banco de España, para poder financiar su deuda creciente, con el consiguiente incremento de la inflación. Confió todo a la iniciativa pública y aprovechó el impulso que procedía de los fondos de Bruselas, tras entrar España en la entonces Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, en sus casi catorce años de Gobierno -el mandato más largo, hasta ahora, de un presidente desde 1977- y pese a la modernización relativa de España a nivel de infraestructuras, con la construcción de diversas autovías que por no ceder el paso a la iniciativa privada hicieron sucumbir a muchas antiguas carreteras nacionales, y con el inicio de la alta velocidad ferroviaria, no consiguió un buen resultado económico global.

Así, pese a los innumerables fondos comunitarios que llegaron a España entre 1986 y 1996, no logró aumentar ni un empleo desde el inicio de la Transición, sino que legó 187.300 empleos menos que al inicio de la legislatura constituyente.

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Y pese a ese impulso, sólo pudo recuperar el empleo perdido en la Transición por la sustitución de mano de obra por tecnología en los años de la Transición, pero no generar ni uno más, pese al importante incremento de población activa. Aumento el empleo en 1,1 millones de personas, volviendo casi al nivel de 1977, pero aumentó el paro -en términos EPA, al igual que la cifra mencionada de ocupados- en casi 1,5 millones.

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Así, la política económica del Gobierno de González no supo incrementar el crecimiento potencial de la economía española que fuese capaz de dar cabida a todos los jóvenes que se incorporaban a la población activa en aquellos años. Es más, en un momento dado, los socialistas llegaron a dejar entrever que la economía española no tenía capacidad para tener más de doce millones de empleos y que el trabajo, por tanto, habría que repartirlo en base a esa cifra.

Una dura recesión en 1993, cuatro devaluaciones de la peseta -tres de ellas, consecutivas- y una tasa de paro cercana al 25% completaron los resultados de su política económica.

Aznar prepara a España para entrar en el euro

En 1996, al tercer intento, José María Aznar gana las elecciones -tras acariciar la victoria en 1993- y se convierte en presidente del Gobierno. De inmediato, se encontró con dos grandes retos: el primero, poder pagar las pensiones ese mismo año, tras encontrar casi quebrada la Seguridad Social, de manera que aquel Gobierno tuvo que endeudarse con la banca para pagar la paga extra de los pensionistas en la Navidad de 1996. La segunda, poder cumplir con los cinco requisitos de convergencia económica y fiscal imprescindibles para poder entrar a formar parte del euro.

Esos cinco requisitos eran un déficit inferior al 3% del PIB; una deuda pública inferior al 60% del PIB o reduciéndose a ritmos importantes que llevasen en un breve plazo de tiempo a estar por debajo de ese nivel; una estabilidad del tipo de cambio, que implicaba no haber devaluado o revaluado la moneda dos años antes; un tipo de interés no superior en dos puntos a la media de tipo de interés nominal de los tres países con menor inflación de entre los aspirantes; y una inflación no superior en 1,5 puntos a la media de inflación de los tres países con menor inflación de entre los aspirantes. Ese examen, había de realizarse en mayo de 1998, habiendo recibido un déficit público del 7% del PIB, una deuda del 70% del PIB y una inflación y tipos de interés elevados.

Aznar fichó al profesor Barea y conformó un brillante equipo económico, que estabilizó las cuentas y la economía españolas y logró entrar en la eurozona desde el momento fundacional, tras aplicar una política económica liberal clásica, de reducción de gasto improductivo, privatizaciones y liberalización económica, con el inicio de una importante reducción de impuestos -el tipo máximo del IRPF pasó del 56% al 45%, que completó en su segunda y -voluntariamente- última legislatura.

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Fueron los momentos del particular "capitalismo popular" español, con la salida a Bolsa de muchas de las compañías privatizadas y con la demolición de esa barrera que parecía existir en el mercado laboral español que impedía crear más empleos y que mantenía en los 12,5 millones el número de ocupados. Con Aznar, se consiguieron crecimientos del PIB superiores al 5% anual, en términos reales, durante varios ejercicios, no creciendo nunca por debajo del 2% mientras muchos países de la Unión Europea entraban en recesión.

Fruto de los efectos mencionados de esa política liberal clásica fue la creación de 5,2 millones de puestos de trabajo, la incorporación de casi cuatro millones de activos y la disminución de 1,5 millones de parados.

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Esa política liberal-conservadora, basada en el gasto eficiente, desde la reducción del gasto innecesario, las bajadas de impuestos y la eliminación de obstáculos para el desarrollo económico produjo la mayor revolución económica habida en España desde los años sesenta, con la diferencia de que si el crecimiento durante el desarrollismo nos acercó a los países industrializados, el impulso de los años de Aznar hizo que los españoles consiguiesen un gran nivel de prosperidad y que se diesen cuenta de que no existe razón alguna para que la economía española no pueda brillar al mismo nivel que cualquier otra.

Los "brotes verdes" de Zapatero acabaron con el dinero

Contra todo pronóstico, por sorpresa y tras la conmoción del mayor atentado de Europa, José Luis Rodríguez Zapatero le ganó las elecciones a Mariano Rajoy -tras sufrir el PP el cerco de sus sedes en la tarde-noche de la jornada de reflexión- y logró ser investido como presidente del Gobierno.

Zapatero venía de decir, como jefe de la Oposición, que "bajar los impuestos es de izquierdas". Durante sus años iniciales, confió la Economía al antiguo ministro -primero, de Agricultura, y, después, de Economía y Hacienda- de Felipe González, Pedro Solbes. Con todos los matices del mundo, Solbes podía constituir un elemento con el que dar solvencia y que debería asegurar el rigor económico tras su paso por la Comisión Europea como Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. Durante los primeros tres años y medio de la primera legislatura de Zapatero parecía que los socialistas podían haber olvidado en cierto modo el intervencionismo que les acompañaba siempre y que se decantaban por una política más cercana, sin serlo del todo, al liberalismo económico. El ritmo de crecimiento de ingresos era exponencial, se llegó a bajar 2 puntos el tipo máximo del IRPF y la deuda continuó la gran reducción que había conseguido realizar Aznar. Sin embargo, al estallar la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, y, con ello, la grave crisis económica que asoló España durante años, se vio que no había habido cambio en la doctrina de política económica de los socialistas, sino que, simplemente, se habían dejado llevar por la potente inercia del crecimiento económico de los ocho años de Aznar.

Así, cuando la incertidumbre se posó sobre la economía, el Gobierno recurrió a incrementar el gasto de manera terrible en un único ejercicio, pasando de un superávit de casi 2 puntos sobre el PIB a un déficit de 4,4 puntos sobre el PIB. Es decir, en un único ejercicio incrementó el gasto de tal manera, que ante el inicio de la ralentización de los ingresos, empeoró el saldo presupuestario en 6,3 puntos del PIB, alrededor de 63.000 millones de euros, de los que 44.000 millones pasaban a engrosar la deuda pública. Después, al año siguiente, se alcanzó un nuevo déficit mayor, hasta el 11%, el mayor que ha habido en todos estos años analizados, para ya no bajar nunca del 9% en su mandato. El último año, 2011, al hacer el traspaso de poderes, el Gobierno de Zapatero aseguró al PP que el déficit era del 6%; posteriormente, se descubrió que había facturas sin contabilizar por importe de más de 35.000 millones de euros, elevando el déficit de dicho año al 9,6%.

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Ese incremento del gasto fue impulsado, entre otras medidas, por el famoso cheque de 400 euros lineal para todos los contribuyentes, anunciado en momentos preelectorales de las elecciones de 2008, así como otras medidas que elevaban el déficit. Recordamos los dos planes E (8.000 millones y 5.000 millones de euros, respectivamente), que fueron pan para hoy y hambre para mañana, donde, en ocasiones, costaba casi más el cartel publicitario que era obligatorio colocar que la propia obra, consistente, casi, en quitar y poner bordillos en las calles, de manera que pasado el corto plazo, el empleo generado con dichos planes se esfumó, mientras que el dinero se había ido por el sumidero. Eso le permitió al Gobierno hablar de "brotes verdes", que se marchitaron al acabarse el dinero público, pues no se hizo esfuerzo alguno en realizar reformas que procurasen una economía sostenible en lugar de una economía sostenida artificialmente. Sin embargo, en 2010, la presión internacional le llevó a Zapatero a realizar un recorte drástico en el sueldo de los funcionarios (un 5%) y a congelar las pensiones. España había sido intervenida de manera indirecta porque su economía podía poner en peligro la del contexto internacional, sobre todo, la de la zona euro.

Millones de parados y millones de empleos perdidos en los últimos tres años de Zapatero, que prosiguieron, por la fuerte tendencia negativa, durante un año y medio más, dejaron a los españoles en la desesperación y a la economía española al borde del colapso. Si al comparar el número de variación de parados y de variación de ocupados entre el inicio y el fin del mandato de Zapatero no es peor, se debe a que durante tres años vivió de las rentas anteriores y de la potencia del crecimiento generado entre 1996 y 2004, pero realmente, su herencia puede cifrarse en cuatro millones más de parados y en tres millones de empleos destruidos desde el momento más elevado de la economía de su mandato -impulsada por la inercia mencionada- hasta los datos finales que sus políticas de negación de la crisis, gasto público y ausencia de reformas, produjeron.

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La familia jugó, como tantas veces, un papel importantísimo de sostén, con los abuelos, gracias a su pensión, convertidos de nuevo en cabezas de familia y procuradores del sustento de hijos y nietos que habían perdido su puesto de trabajo ante la más grave crisis acontecida en España desde la Guerra. La política económica de Rodríguez Zapatero no es que fuese intervencionista, sino que, además, lo fue sin criterio alguno, agravando la crisis internacional y sumiendo a España en una caída de PIB, de PIB per cápita y de empleo horribles, cosechando, de largo, el peor resultado, con los datos de que disponemos a día de hoy, de todo el período analizado en este artículo.

Rajoy salvó al empleo con la reforma laboral

Con España sumida en la desesperación por la situación económica, los españoles votaron masivamente al PP en las elecciones de noviembre de 2011, de manera que Mariano Rajoy se convertía en presidente del Gobierno.

Posiblemente, nunca antes -y, muy probablemente, nunca después-, los españoles habían votado una opción política siendo conscientes de los duros ajustes que deberían soportar, porque sabían que eran necesarios para salvar a la estructura económica española y a su futuro.

El Gobierno del presidente Rajoy recibió una herencia pésima, mucho peor todavía de lo que ya se vislumbraba y, posiblemente, el Gobierno no acometió todos los ajustes de gasto que debía hacer por temor a que hubiese, finalmente, pese a la predisposición comentada de los españoles a los ajustes en ese momento, una gran contestación social. El decreto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es cierto que redujo el gasto en casi 9.000 millones de euros, y que otros 21.000 millones los bajó en los PGE de 2012, pero llevó a cabo una gran subida de impuestos (especialmente, los siete puntos de tipo máximo en el IRPF, además de la normativa para el IBI de los ayuntamientos), contraria a la política económica tradicional del PP, que se alejaba, así, de la doctrina liberal-conservadora, en lugar de reducir más el gasto, por el importe en el que la subida de impuestos preveía aumentar la recaudación. Posteriormente, y debido a la situación gravísima por la que pasaba la economía española, con un MoU financiero solicitado a la Unión Europea y una coyuntura en la que se tambaleaba España en verano, el Gobierno, a instancias de la Comisión Europea, subió el IVA, con el que esperó recaudar 7.500 millones de euros.

De esta manera, el presidente que hizo el mayor recorte de gasto de la historia en un único ejercicio en valores absolutos (en términos relativos fue el presidente Aznar para reducir el déficit y entrar en la moneda única), se convirtió también en uno de los que más subió los impuestos en lugar de atreverse en acometer una mayor reducción del gasto; reducción, insisto, para la que los españoles, por primera vez en la historia, parecían preparados y por la que habían votado. Ese sentimiento agridulce por las medidas adoptadas, provocó distintas opiniones en el entonces -y hoy principal- partido hegemónico del centro-derecha en España.

Por una parte, es cierto que el Gobierno de Rajoy recibió una herencia que podía llevar a España al colapso, y que hay que verse en esa circunstancia para, en el corto plazo, tomar decisiones que impidan que todo se vaya al traste. Por otra parte, la renuncia a muchos de los principios de la política económica liberal-conservadora, al olvidarse del medio y largo plazo por no reducir todavía más el gasto, puede establecerse como lo más censurable, desde el respeto por quien se vio en una situación tan compleja.

Uno de los grandes logros económicos del Gobierno de Rajoy fue llevar a cabo la mejor reforma laboral que ha tenido España -que ahora quiere derogar el Gobierno de Sánchez- que creó las condiciones necesarias para que se recuperasen más de dos millones de puestos de trabajo y que ha permitido que se hayan superado los 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social. De esta manera, el Gobierno de Rajoy consiguió que se generasen 2,3 millones de empleos según la EPA y 2,7 millones, según la afiliación a la Seguridad Social, y que se redujese el número de parados en más de 2,5 millones según la EPA, desde los peores registros, que fueron vividos en su mandato, pero provocados por la inercia tan negativa de la situación heredada de Zapatero. Al analizar el mandato desde inicio a fin, sale una evolución algo menos positiva, pero también muy relevante, teniendo presente que la creación de empleo y reducción de parados fue mayor, por los motivos antes descritos, cuya inercia continúa en los momentos actuales.

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Como conclusión, si en 1996 la situación también era muy compleja, con la Seguridad Social casi en quiebra, un agujero fiscal importante y un plazo de dos años para tratar de entrar en la moneda única, y se optó por la ortodoxia liberal-conservadora, en diciembre de 2011, se optó por una mezcla que no contentó a nadie y que, probablemente, alargó el tiempo necesario para la recuperación y provocó la actual fragmentación del centro-derecha.

No obstante, tras el abandono inicial de la ortodoxia de la política económica liberal-conservadora, el Gobierno de Rajoy retornó a dicha ortodoxia y bajó impuestos, especialmente, el IRPF. Sin duda, sus mayores logros fueron la potente reforma laboral que diseñó y aprobó, y conseguir resistir y evitar el colapso económico y financiero de España, que no es poco, aunque con la intuición de que probablemente podría haberse conseguido mejor y más rápidamente aplicando un mayor ajuste de gasto y evitando la subida de impuestos, al menos, la de los impuestos directos (al distorsionar menos la economía los indirectos).

El gobierno radical de Sánchez

Por último, tras una sentencia parcial de la trama Gürtel, en la que no se condenaba al PP pero que los socialistas retorcieron para transmitir lo contrario, se produjo la moción de censura de los socialistas al Gobierno de Rajoy. Posiblemente, la mecha la prendiese, sin darse cuenta hasta que ya fue demasiado tarde, Albert Rivera, al proclamar que "hay un antes y después de la sentencia. La legislatura se ha acabado". Eso dio alas a Sánchez y sus estrategas para conseguir lo que los barones socialistas le habían impedido en octubre de 2016, y, de esa manera, se alió con los comunistas de Podemos, los independentistas catalanes, con el antiguo brazo político de ETA y con el PNV, que una semana antes había apoyado los PGE de Rajoy, y convirtiendo lo que constitucionalmente ha de ser una moción de censura constructiva -sobre el papel formal tuvo que aparentarlo- en una moción de censura destructiva, expulsó al PP del poder. Nunca sabremos el motivo por el que el presidente Rajoy no dimitió para que, al dimitir, decayese de inmediato la moción de censura, pues ya no habría habido Gobierno al que censurar, al quedar en funciones, pero esa es otra historia y la realidad es que Sánchez, con ochenta y cuatro diputados, llego a ser investido presidente del Gobierno.

Posteriormente, a golpe de Real Decreto Ley empleó los consejos de ministros para tomar medidas en la senda más intervencionista posible, desde la recuperación de las ayudas a los parados de larga duración hasta el intervencionismo más radical al subir el salario mínimo un 22,3% en enero de 2019, al que ha sumado la subida actual del 5,5% en 2020.

Su proyecto de PGE para 2019, que fue devuelto al Gobierno en febrero de 2019, contemplaba una importante subida de impuestos, que vuelve a llevar ahora en su acuerdo de Gobierno con Podemos, así como un incremento exponencial del gasto, al tiempo que incrementaba los objetivos de déficit y deuda para cada uno de los distintos ejercicios de la senda de estabilidad.

Esto se ha concretado al aprobar el techo de gasto no financiero, con una subida que, sobre el último presupuesto aprobado (2018), se incrementa en 7.000 millones de euros, con una nueva senda de estabilidad que se va al 1,8% de déficit desde el objetivo inicial acordado por el Gobierno de Rajoy, que era del 0,5%. Dicho crecimiento de gasto será más alto que el crecimiento nominal del PIB y que la regla de gasto, de manera que es probable que ni con la ampliación de objetivo pueda cumplirse, pues por mucho que suban los impuestos no parece alcanzable que suba la recaudación entre 6.000 y 7.000 millones de euros. Por otra parte, al mantener un déficit del 0,9% en 2023 -último año de la senda y de la legislatura- el Gobierno renuncia al equilibrio presupuestario. Todo ello, acompañado de un cuadro macroeconómico donde rebaja la previsión de crecimiento y aumenta la de la tasa de paro.

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Ahora, tras el Gobierno formado con Podemos, planea el programa económico más radical de izquierdas de todo el período analizado. Hablan de subir los impuestos como plantearon en los PGE que les fueron devueltos, pero, además, quieren derogar la reforma laboral y llevar el intervencionismo, también el económico, a límites insospechados: la subida artificial del salario mínimo es una introducción de un precio mínimo, que, como sabe cualquier estudiante de Economía, generará escasez de demanda (la demanda de trabajo la realizan las empresas), que elevará el desempleo, especialmente entre los más débiles, porque las empresas no podrán soportar ese crecimiento de costes -sueldo y Seguridad Social- en dicho tramo de trabajadores, que son los menos cualificados, ya que estos trabajadores no serán capaces de generar, con su trabajo, el valor suficiente para cubrir su coste laboral y el margen mínimo necesario que necesita la empresa para seguir funcionando. El campo y el personal doméstico son los más perjudicados, desde el punto de vista de los empleados, y las pymes y los autónomos lo son desde el punto de vista empresarial.

Es cierto que si comparamos los datos de evolución de parados y de ocupados del mandato de Sánchez, según la EPA, la inercia todavía mantiene unos niveles de buena evolución de creación de empleo y reducción del paro, pero con muestras notables de agotamiento.

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Sin embargo, ese agotamiento mencionado queda puesto de manifiesto en el crecimiento económico, que pasa del 2,9% en 2017, al 2,4% en 2018 y al, de momento, 2% en 2019. Del mismo modo, si contemplamos los datos de paro registrado, que son algo más actuales -un mes- que los de la EPA, vemos cómo se producen ya dos variaciones preocupantes: el paro registrado es ya superior en 1.723 parados al que Sánchez recibió, y los autónomos afiliados a la Seguridad Social han sufrido una pérdida o destrucción de 10.279 autónomos.

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Conclusión: la importancia de la política económica

Después de haber atravesado la más grave crisis económica de España en los últimos ochenta años, y después de que se consolidase una recuperación que pierde fuelle desde hace meses y que ahora mismo se mueve por la inercia, volvemos a encontrarnos en un momento en el que no sabemos si podremos sufrir simplemente una desaceleración típica del ciclo económico o si dicha ralentización se agravará más. En ello, va a influir la política económica que se aplique. La vuelta al intervencionismo que parece que puede llegar a practicarse con afán de la manera más descarnada y que persigue con enconamiento la libertad económica cada día, según el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, hará mella en la economía.

Los resultados de cada política económica son distintos: ahí, a lo largo del análisis del período estudiado, quedan los datos y resultados que arrojan cada una de ellas, las intervencionistas y las liberal-conservadoras. Es cierto que González fue menos intervencionista que Zapatero y que lo que ha sido y parece que va a ser Sánchez con este Gobierno de alianza con los comunistas, pero el intervencionismo es el eje central de la política económica del socialismo. De la misma manera, también es cierto que Rajoy fue menos liberal que Aznar, pero el liberalismo clásico es el elemento vertebrador de la política económica del centro-derecha.

Los datos son elocuentes, a pesar de las inercias, tal y como hemos visto en los gráficos de la EPA, en alguno del Paro Registrado y Seguridad Social y como hemos comprobado en la narración del crecimiento económico, el PIB per cápita o los incrementos o descensos de gastos e impuestos. Como resumen, podemos incorporar cuatro nuevos gráficos, donde aparezcan la evolución de parados registrados y de afiliados a la Seguridad Social, así como de ocupados y parados de la EPA de cada uno de los gobiernos.

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El saldo global es rotundo: las políticas liberales clásicas han obtenido siempre mejores resultados en la marcha de la economía y en el mercado laboral (empleo y paro) que las intervencionistas. Es más, podemos constatar que cuando las políticas intervencionistas han tenido algún destello liberal, aunque sea mínimo (época de González), han dado mejores resultados que las mismas políticas intervencionistas en su vertiente más radical (como la época de Zapatero o como los planteamientos del Gobierno de Sánchez). Por otra parte, también queda claro, dentro de las políticas liberales clásicas, que cuando son completamente ortodoxas (época de Aznar) obtienen mejores frutos que cuando tuvieron algún tinte intervencionista (época de Rajoy).

Por eso, frente a este nuevo impulso intervencionista en la economía, que afecta a la prosperidad, ahora más que nunca deben reafirmarse los principios y valores liberal-conservadores, que en política económica se resumen en impuestos bajos y reformas profundas, y que se vertebra en cinco ejes sencillos, que son la austeridad y eficiencia en el gasto público, que permite ahorros manteniendo la máxima calidad de los servicios públicos; el cumplimiento permanente de la estabilidad presupuestaria, que nos permita no hipotecar ni a las generaciones futuras ni a la economía; las bajadas de impuestos, que deja más renta disponible en el bolsillo de ciudadanos y empresas; la eliminación de trabas a la actividad económica; y la seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo.

Y es que si la experiencia muestra que administraciones austeras y cumplidoras generan sociedades prósperas, también demuestra que las rebajas de impuestos, posibles gracias a esa austeridad y eficiencia, multiplican esa prosperidad, al liberar recursos y dejar más dinero disponible en el bolsillo de ciudadanos, empresas y trabajadores, para que puedan consumir, ahorrar o invertir más, en definitiva, para que puedan generar actividad económica y empleo, es decir, para aumentar la prosperidad.

Cuando Libertad Digital cumpla otros veinte años, a buen seguro que podremos seguir constatando, a través de un análisis económico similar, que distintas políticas dan distintos resultados. Muchas felicidades a todo el Grupo de Libertad Digital y a sus lectores.

José María Rotellar. Doctor en Economía. Profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria.