Ningún español sin su PER

Pablo Molina

Resulta ciertamente lamentable escuchar algunas de las exigencias que los sindicatos agrarios y ganaderos plantean al Gobierno para hacer sostenible el sector.

2020-02-25

Resulta ciertamente lamentable escuchar algunas de las exigencias que los sindicatos agrarios y ganaderos plantean al Gobierno para hacer sostenible el sector. Los portavoces de la mayoría de estas organizaciones reclaman una mayor intervención pública para garantizar un sistema de precios que haga rentables sus explotaciones, aunque eso suponga sostener artificialmente unos negocios a costa del bolsillo de todos los contribuyentes, que somos quienes finalmente pagamos esas subvenciones encubiertas.

Pero hacen bien nuestros agricultores y ganaderos en exigir nuevas regulaciones a un Gobierno cuyos miembros no entienden de otra medida para mejorar nuestra economía que no sea la intervención en el mercado. Desde ese punto de vista las reclamaciones de las agricultores y ganaderos resultan irreprochables, pues se trata únicamente de que, como buenos empresarios, han encontrado un nicho de mercado propicio a sus intereses y han decidido explotarlo. Hacen bien, qué coño.

En última instancia, todo se reduce a extender al resto de España el modelo del PER de Extremadura y Andalucía, que es a lo que realmente vamos de manera acelerada. Porque en lugar de exigir la modificación de la normativa sobre el salario mínimo interprofesional, la supresión de la competencia desleal de la producción extracomunitaria, la bajada de las cotizaciones sociales o una fuerte reducción de la presión fiscal a un sector con graves problemas como el primario, sus dirigentes han apostado por que el Gobierno garantice sus negocios inyectando dinero público como hace en algunas autonomías.

El caso más fuertemente contradictorio es el del agricultor levantino, al que el Gobierno va a dejar sin agua eliminando el Trasvase Tajo-Segura a cambio de prohibir a los supermercados premiar la compra de dos paquetes de detergente con una bolsita de limones o de brócoli del terruño. Pero si, a cambio, Sánchez garantiza un SMI de 950 euros libres de impuestos a cada miembro de la familia mayor de edad, el negocio sale rentable. Hasta es posible que el PSOE gane por esta zona las próximas elecciones después de un cuarto de siglo de continuos batacazos. ¿Por qué no?