Proceso penal y cambio de Gobierno

Adrián Dupuy

Es evidente la gravedad de la situación (y las disputas con un Podemos desaforado) y la necesidad de un Gobierno de concentración.

Adrián Dupuy | 2020-05-24

Con todo esto, hemos conocido la admirable capacidad y entrega de los médicos y sanitarios, de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado, de los religiosos, todos capaces de trabajar sin descanso, aun a costa de su propia salud, en favor del bien común. También hemos comprobado la absoluta falta de capacidad de gestión de un Gobierno de ineptos arrogantes, que a todo está llegando tarde y mal. Y así luce España en el mundo, ninguneada políticamente, engañada en los mercados, y con la mayor tasa de muertes y la mayor tasa de sanitarios infectados. Y eso sólo con los datos oficiales.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades envió el 2 de marzo un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) titulado Evaluación rápida del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19): mayor transmisión a nivel mundial. Quinta actualización. El informe pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran "medidas de distanciamiento social individual" y les instaba a "considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales" donde hubiera existido algún contagio local de coronavirus. El informe también pedía a los Gobiernos que recomendaran a sus ciudadanos "evitar acudir a actos multitudinarios", como medida preventiva.

Está reconocido que la decisión de autorizar las manifestaciones del 8-M fue del Consejo de Ministros, al que, en su reunión de 3 de marzo de 2020, se sometió un Informe actualizado sobre la situación de la epidemia por el nuevo coronavirus (Wuhan, China), actuaciones y protocolos de salud pública a nivel nacional. Vayan, por favor, a la web del Gobierno.

No sé por qué ese informe del Ministerio de Sanidad todavía no se ha hecho público, y por qué no lo han pedido los partidos políticos o el propio Tribunal Supremo... Si, a 3 de marzo, ese informe no hacía caso a los expertos europeos y no recomendaba evitar las manifestaciones multitudinarias… sería un despropósito y una temeridad. Pero si esas "actuaciones o protocolos de salud pública" del Ministerio de Sanidad sí recomendaban el distanciamiento social y, en contra de esa recomendación, el Gobierno autorizó las manifestaciones, el escándalo sería mayúsculo y la responsabilidad penal, inevitable.

Es sabido que la Administración sanitaria tiene, frente a los ciudadanos, la "posición de garante" de la prevención de las enfermedades, porque así lo establece la Ley (art 6.1.3 LGS). Además, el artículo 11 del Código Penal –pido disculpas por citarlo casi literal, pero es literosuficiente– castiga la comisión por omisión cuando se produce un resultado que no se ha evitado al infringirse un especial deber jurídico del autor (una posición de garante), o crearse una ocasión de riesgo con una acción u omisión precedente. En tal caso, el resultado se imputa al autor, incluso por omisión imprudente.

Aunque nos hemos autoconvencido de que ahora no era momento de hablar de ello, muchos manifestantes del 8-M han muerto por el contagio padecido durante unas manifestaciones autorizadas por el Gobierno que Europa estaba recomendando que no se celebraran para evitar la propagación de la enfermedad. (Lo de "millones de vidas rotas" que utilizó en el Congreso la diputada Álvarez de Toledo es un educado eufemismo. Es más preciso "miles de muertes"). Fiscalía debería denunciar y el Tribunal Supremo, a quien corresponde la competencia por su condición de aforados, debería admitir a trámite las denuncias que se han interpuesto, y pedir que se investigue qué decía ese informe, qué se conocía entonces del coronavirus y quién impuso la decisión de autorizar las manifestaciones. Se acaba de presentar una querella contra el Gobierno en nombre de 3.000 fallecidos. El Tribunal Supremo será celoso de no caer en "sesgo de retrospectiva", como pedía Sánchez, pero también espero que sea celoso de instruirse adecuadamente y aplicar la ley y su propia jurisprudencia.

En la STS 7857/2011 (ponente Granados) se analizó "la intervención del Derecho penal frente a la transmisión o contagio de las enfermedades infecciosas en general y de las de transmisión sexual en particular". Aquel caso se refería a un delito de lesiones por contagio de sida, pero lo que allí se concluyó para revocar la absolución e imponer una condena penal resulta perfectamente aplicable a este caso de contagio de coronavirus por imprudencia.

Como fundamento de la condena, en esa sentencia se concluyó que, aunque fuera cierto que el delito específico de propagación maliciosa de enfermedades del art. 348 bis había sido suprimido y derogado por la reforma del Código Penal de 1995, ello no podía ser determinante de la absolución, porque

el tipo básico del delito de lesiones corporales admite cualquier medio o procedimiento de causar una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud física o mental de una persona, por lo que también se integra en la conducta típica el contagio o transmisión de una enfermedad a otra persona, sea cual fuere su naturaleza, redacción que se mantiene en los vigentes artículos 147 y 149 del Código Penal, lo que permite incluir los contagios dolosos o imprudentes del sida como constitutivos de lesiones dolosas graves en el artículo 149, y si son imprudentes en el artículo 152, ambos del Código Penal.

Y esto que vale para el delito de lesiones, con más razón vale para el delito de homicidio imprudente causado por contagio conforme al artículo 142 CP.

Es evidente la gravedad de la situación (y las disputas con un Podemos desaforado) y la necesidad de un Gobierno de concentración. Y tengo una ensoñación quizá fruto del confinamiento, pero no me resisto a exponerla. El Tribunal Supremo admite a trámite la querella contra Sánchez y sus ministros en un procedimiento por una imprudencia que ha provocado cientos de muertos, al permitir las manifestaciones del 8-M en contra de las recomendaciones e informes previamente recibidos de Europa y del propio Ministerio de Sanidad. Todos los investigados dimiten. El PSOE forma Gobierno con sus más sensatos (que los tiene, aunque muy callados) y pacta con el PP un Gobierno de concentración que afronte con sensatez el sacarnos de la inevitable crisis económica y financiera a la que estamos abocados. Nos libramos de Sánchez, Iglesias, Montero, Montero, Calvo, Ávalos, Marlaska y el resto de incompetentes... Estoy soñando…. Pero así debería ser.