El Gobierno prorroga los ERTE, pero a cambio les sube los impuestos

Beatriz García

Con la extensión de los ERTE hasta septiembre, el Ejecutivo pone fin a la exoneración total de las cuotas de la Seguridad Social de algunos ERTE.

Beatriz García | 2020-06-26

Los ERTE por el coronavirus continuarán hasta septiembre. Después de unas largas negociaciones que han durado casi dos semanas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado cerrar el ansiado acuerdo con patronal y sindicatos. La fecha hasta la que estaba dispuesta a ceder Díaz para los ERTE por fuerza mayor —los asociados a la pandemia— era el 30 de septiembre y, de ahí, no ha pasado. Hay sectores, como el turismo, que han reclamado al Ejecutivo de Sánchez que alargaran esta figura laboral hasta final de año, debido a que el verano no será suficiente para recuperar sus ingresos. Por ahora, no atenderán sus súplicas, aunque no descartan estudiarlo cuando se acerque el final de esta nueva prórroga.

La última expiraba el martes que viene, 30 de junio, por lo que Díaz ha llegado al acuerdo in extremis. Las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social han sido uno de los principales escollos para conseguir el visto bueno de los empresarios, ya que, actualmente, las empresas de menos de 50 trabajadores, que tuvieran a la totalidad de su plantilla en ERTE, no tenían que pagar estos impuestos. Las de 50 o más empleados estaban exentas del 75% de las cotizaciones.

La exoneración total de las cuotas a las Seguridad Social de los ERTE —junto a la de los autónomos que hubieran perdido todos sus ingresos— son las pocas rebajas fiscales que ha aprobado Sánchez de entre toda su millonaria batería de medidas para intentar paliar la crisis de la covid-19. Antes de la pandemia, si una empresa aprobaba un ERTE, el Estado pagaba parte de su sueldo, pero el empresario tenía que seguir costeando las cotizaciones sociales. En este caso, el Gobierno decidió dar un balón de oxígeno a las compañías y eximirles de esta cotización… hasta ahora.

Pagarán más cotizaciones

El acuerdo firmado con patronal y sindicatos establece que las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a un "ERTE de transición" hasta el 30 de septiembre. Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración "decreciente" en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Es decir, empezarán a pagar impuestos. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente. También, más de lo que pagaban ahora. "Estas empresas pasarán a fuerza mayor parcial cuando reinicien la actividad", dice el Gobierno.

Teniendo en cuenta que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifró en la rueda de prensa, que dio ayer jueves junto a Yolanda Díaz, el coste de los ERTE para la Seguridad Social en "entre 10.000 y 11.000 millones de euros entre marzo y septiembre", no sorprende la necesidad de recaudar del Gobierno. Según sus cálculos, casi 3,5 millones de trabajadores y 500.000 empresas" se han acogido a estas herramientas laborales durante la pandemia. Por otro lado, Díaz aseguró que la última nómina de su ministerio en prestaciones fue de 5.120 millones de euros. En un principio, el Gobierno estimó que los gastos relacionados con los ERTE le costarían al erario público 17.894 millones, pero con estas prórrogas, la factura será mayor.

En el caso de los ERTE parciales los que ya han incorporado a algún empleado, pero mantienen a otros en casa— las cotizaciones también cambian. Para no perder el "espíritu" de "bonificar más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos", las empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos. Para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados. Estas exoneraciones también son menores que las que había ahora, que son las siguientes.

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El lado positivo

Otra novedad, en este sentido, es que si hay un rebrote del virus, y las empresas se ven obligadas a volver a cerrar, a esos negocios se les permitirá acogerse a un ERTE de fuerza mayor total y contarán con una exoneración de cuotas para las empresas del 80% si su plantilla es inferior a 50 trabajadores y del 60% si tiene más de 50. Además, los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los llamados ETOP que no están asociados al virus, también podrán beneficiarse de exenciones, que antes no podían, que serán iguales que las de "los ERTE de fuerza mayor parcial".

Detalles y requisitos

Gobierno, patronal y sindicatos también han aprobado algunos requisitos sobre los ERTE. Las empresas que se acojan a las exoneraciones "deberán mantener el empleo durante un período de seis meses". El Gobierno asegura que "durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos". También "quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales".

En el caso de los despidos, el Ejecutivo de Sánchez estableció en la anterior prórroga que si las empresas tienen riesgo de concurso acreedores, sí podrían despedir. Habrá que ver qué dicen en la nueva norma.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. Si necesitan "una categoría profesional que no tengan en su empresa, sí pueden hacerlo", aclaró Díaz.

Por último, todo tipo de ERTE, tanto de fuerza mayor total o parcial, como los ETOP o los tramitados en caso de rebrote, no tendrán que acreditar el periodo de cotización previo y no les comerá el paro. Estos eran otros de los beneficios que implantó el Gobierno en marzo.