Las privatizaciones de los defensores de "lo público"

Domingo Soriano

Es razonable que un ministro o secretario de Estado se lleve al Ministerio a 4-5 personas. A partir de ese número, todo lo demás es corrupción.

2021-02-21

Noticia de Raúl Piña, en El Mundo: "El primer año de coalición PSOE-Podemos incrementa los altos cargos del Gobierno hasta un récord de 736". En el texto, más datos que complementan el titular:

La cuestión no es sólo que el Estado va superando sus récords de altos cargos con el mandato de la coalición, sino que el PSOE y Unidas Podemos también han llevado a cifras sin precedentes sus nombramientos a dedo. Esto es, han eximido de manera reiterada a directores generales de la condición de ser funcionarios de la Administración, una obligación recogida en la ley. En concreto, el Consejo de Ministros ha eximido de esta condición a, al menos, 27 directores generales.

Un informe de CCOO denuncia que el Gobierno "oculta" los sueldos del personal de alto nivel de la Administración General del Estado. Basan su denuncia en que una parte de esas retribuciones, como son los conceptos de productividad y gratificaciones extraordinarias, no aparecen publicadas en las tablas de salario del personal funcionario, al ser conceptos variables y no fijos y no haber una regulación para su distribución.

Como ya estamos acostumbrados, este tipo de noticias no genera demasiados comentarios. Los afines piensan "bueno, como todos, son las reglas del juego, qué van a hacer". Los contrarios se fijan sobre todo en los sueldos, el gasto o en los casos más llamativos, como el de la niñera-asesora. Y entre medias queda una realidad curiosa, la de los defensores de "lo público" que no cuentan con los trabajadores públicos. La de la privatización-politización de las instituciones. La de la vuelta a una administración galdosiana, que cambia de caras con cada turno.

Cada uno de los 22 ministerios tiene adscritos a miles de funcionarios. Muchos de ellos de Grupo A y con años de experiencia en la administración. ¿Qué se supone que están incapacitados para hacer esos funcionarios? ¿Para qué necesitan ayuda externa? ¿Qué tareas especiales puede desempeñar sólo un asesor puesto a dedo? Y me imagino (o quiero imaginar) que alguno de los 736 será funcionario: la pregunta es por qué no lo son todos o casi todos. La nómina de cargos nombrados a dedo en todo el Gobierno no debería exceder de 2-3 folios.

Es razonable que un ministro o secretario de Estado se lleve a 4-5 personas de confianza (un asistente, un jefe de gabinete, un responsable de comunicación). A partir de ese número, todo lo demás es corrupción. Corrupción blanda, institucionalizada, de la que admitimos por costumbre. De la que podríamos ser parte nosotros mismos sin darnos cuenta: ¿qué haría cada uno de nosotros si mañana nos ofrecen un puesto como "asesor" de un organismo público?  

Por otro lado, estoy seguro de que el número de enchufes va mucho más allá de esos 736 puestos del titular. Desde cargos que no aparecen en esta lista por algún tecnicismo o porque tienen otra categoría a empleados en empresas públicas u organismos que quedan fuera de la cuenta y que cada vez son más numerosos. O tareas que antes se hacían en el Ministerio y ahora se subcontratan a agencias de comunicación, asesorías o consultarías cercanas. Que no es lo mismo, pero se le parece. No hay duda de que este Gobierno no es la excepción. De hecho, podríamos encontrar ejemplos similares ahora mismo en todos los ejecutivos autonómicos. Me imagino que será práctica habitual en otros países (la mayoría) de la UE y en las propias instituciones comunitarias. Quizás en la cifra total los ministros de Sánchez sí hayan sobrepasado a los ejecutivos que les precedieron. Pero el fondo es el mismo: (1) pensar que los recursos públicos son tuyos; (2) utilizar la administración como un brazo político del Gobierno; (3) sortear lo que no te gusta de esa administración estirando las opciones que te da la ley.

Tener junto al ministro a un funcionario frente a un miembro del partido tiene muchas ventajas. Para empezar, es mucho más sencillo que diga que no. En este punto, siempre pensamos en asuntos que bordean la ilegalidad y en el funcionario, protegido por su estatus, que se enfrenta al político. Es verdad que es más probable que se niegue a algo quien no te debe el puesto o el sueldo. Pero también sería cierto en cuestiones de técnica legislativa o malgasto de recursos. Y es muy sano que al ministro le digan que no y que haya alguien por ahí, en el proceso de toma de decisiones, que sea capaz de explicar de dónde venimos, por qué existe una norma o qué implicaciones tendría otra. Cuidado, no niego lo obvio: para un ministro es mucho más cómodo estar rodeado de gente a la que conozca y que le sea fiel de forma perruna. Más cómodo y, aparentemente, más eficiente: llegas al Ministerio y al día siguiente estás ejecutando el programa electoral. Quizás en un primer momento pueda pensarse que eliminar estos cargos sería otro palo en la rueda de las reformas. A cortísimo plazo, quizás. Mirando un poco más allá, creo que las que salieran adelante serían más sólidas. Porque, además, no estamos diciendo que el ministro no pueda rodearse de un equipo de su confianza: lo que decimos es que los escoja entre los funcionarios de carrera y no en las filas del partido.

El otro días escribíamos sobre la funcionarización de la política: cada día más políticos llegan a las listas electorales desde la Administración, lo que provoca que el legislador y el Ejecutivo estén muy alejados de ciertas realidades (sobre todo, lo que tiene que ver con el mercado o la empresa). Lo de hoy es la otra cara, la politización del alto funcionariado a través de la rendija de los altos cargos o los puestos de confianza. Dos tendencias que se retroalimentan y son muy nocivas.

Los defensores de "lo público"

En este punto, hay un segundo enfoque que sí es más coyuntural. El de un Gobierno al que se le llena la boca hablando de "lo público" para luego despreciar a esos mismos trabajadores públicos, que son héroes cuando trabajan en un hospital o una escuela, pero no me sirven para directores generales porque para eso ya me llevo yo de la mano a mi colega.

Otra paradoja: ya hace años que el partido de los funcionarios es el PP (como lo fue el PSOE en los ochenta). Es parte del mismo proceso que describíamos antes: la política es el cauce natural de las ambiciones de los funcionarios de primer nivel que quieren mejorar su posición laboral o hacer cosas nuevas. Si los puestos más apetecibles de la Administración los copan los partidos, ¿qué haces si quieres nuevos retos? Te apuntas a un partido. No digo que sea bueno que la derecha esté copada por políticos profesionales, de los que le deben todo al partido, y altos funcionarios. Ni bueno ni malo. Hoy no entro en eso. Sólo digo que es la realidad.

Enfrente, en la izquierda, sobre todo en la nueva izquierda, destaca el mismo perfil: el que vive de "lo público", pero sin haberse ganado el puesto. Rascas un poco en el CV de los recién llegados y te encuentras mucho "activista en movimientos sociales", "trabajador de ONG", "investigador asociado", "profesor interino", "asesor en el Ayuntamiento de...", etc. De los que cobran de los impuestos pero sin la parte negativa: sacarse una oposición. Y es que esto cuesta trabajo. Por eso el paso lógico ahora consiste en convertirse en "cargo de confianza": es lo mismo que han hecho siempre, cobrar del erario por su cercanía a un partido sin tener que cumplir las mismas exigencias que los funcionarios de carrera.

Como he explicado en alguna otra ocasión, no me gusta especialmente el diseño de las oposiciones en España y tampoco las normas que rigen la función pública. Pero al menos tienen un mérito: en el acceso se premia la capacidad y el esfuerzo. Y eso debería seguir siendo así. Los altos funcionarios de nuestro país suelen estar muy bien preparados y tienen un enorme dominio de su campo de actuación.

Es cierto que no hay nada más privatizado que una plaza de funcionario. Tan privatizado como que el dinero que gana se lo lleva a su casa. Y tan protegido que es casi imposible desfuncionarizar al que incumple con su parte de las obligaciones. Eso sí, es una privatización que al menos suele contar con luces, taquígrafos, normas claras, libertad de competencia, exigencia de mérito y capacidad. Lo otro es una privatización por la cara y otra cosa mucho peor en el fondo: ¿qué diferencia hay entre darle un contrato a la trama Gürtel porque te montaron un mitin gratis y nombrar a un asesor a razón de 75.000 al año porque lleva muchos años currándoselo en el partido? Que sí, que sé lo que piensa el 99% de la población, que no es comparable: yo creo que es dar dinero público a alguien porque en el pasado ha hecho cosas por ti o porque piensa como tú. A partir de ahí, lo llamamos como queráis.

No hay más que ver cómo la política ha ido, poco a poco, invadiendo aquel territorio que se le suponía vedado: la Administración en sus niveles más altos, que son los que en teoría deben controlar a la política. De hecho, en los manuales nos dicen que esa separación fue clave en la modernización del Estado: la despersonalización de las relaciones entre Administración y Gobierno. A los politólogos les encanta ese rollo: neutralidad del Estado, acabar con el funcionariado de partido, profesionalización de la función pública... Es curioso, paradójico pero no extraño, que sean precisamente los licenciados en Ciencias Políticas algunos de los que más están colaborando en socavar esas mismas ideas.

Y un apunte final: a mí me gustaría más una administración mucho más pequeña y con predominio de los niveles más cercanos al ciudadano. En esa administración más cercana, sería más admisible que el cargo público se rodease de personas de su confianza, porque también estaría sometido al control del votante-vecino con más facilidad. Con pocos (poquísimos) funcionarios dependientes de un Gobierno central mínimo que apenas tendría competencias, sin autonomías, quizás con algunas tareas en manos de las diputaciones y con el máximo número posible de servicios que se prestasen a nivel municipal, con mucha libertad de elección y un enfoque que no sea el de funcionarios-contribuyentes, sino el de proveedores-clientes. Pero ésas son mis reglas y mi juego. Porque la partida que hay ahora mismo no es ésa, es la de los estados desmesurados, impuestos que se comen el 40-50% del PIB y esos principios preciosos que explicamos en el anterior párrafo y que aparecen en todos los manuales de teoría política. Pues bien, si ellos ponen el tablero y nos sermonean con las normas (porque son por nuestro bien)... al menos que las cumplan y sean coherentes con lo que predican: no lo serán, juegan a dos barajas y no admiten ningún resultado que no sea su victoria.