La presidenta del PSC, Núria Marín, se blinda en el cargo a pocos días de declarar como imputada por malversación

Esmeralda Ruiz

La causa por presuntas subvenciones fraudulentas al Consejo Deportivo de Hospitalet suma casi una veintena de investigados.

Esmeralda Ruiz | 2021-04-06

"No dimitiré. Cada cual es libre de tomar sus decisiones, pero yo intento escuchar antes de tomarlas". Así de tajante se plantó la alcaldesa socialista del PSC, Núria Marín, ante las incesantes peticiones de dimisión que recibió de todos los grupos después de ser detenida en diciembre de 2020 para prestar declaración durante más de tres horas ante agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigan una presunta trama corrupta de desvío de subvenciones en el Consejo Deportivo de su municipio. El 19 de enero de 2021, fue imputada por malversación y omisión del deber de perseguir un delito.

Desde entonces, la también presidenta del PSC no ha logrado escapar de la sombra de corrupción que la ha perseguido hasta la campaña electoral de las elecciones catalanas donde prácticamente no se la ha visto en actos públicos junto al candidato, Salvador Illa, ni siquiera junto a su mano derecha en el partido, y ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que desde su imputación ha guardado silencio.

Núria Marín deberá prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Hospitalet este viernes, 9 de abril. En un auto en el que autoriza el análisis del teléfono de Marín, la titular del Juzgado que encabeza las investigaciones, alude a la presunta "connivencia" de la alcaldesa con la trama. Junto a ella también declarará el viernes el secretario general de Deportes del Gobierno catalán, Gerard Figueras, investigado por los delitos de apropiación indebida, falsificación documental y prevaricación.

ERC, al acecho

Desde que se hiciera pública su imputación, el partido de Oriol Junqueras, ERC, ha aprovechado para armarse contra el PSC. En primer lugar, reclamando la dimisión de Marín en plena campaña catalana, exigiendo después a sus socios de Puigdemont romper el pacto con los socialistas en la Diputación de Barcelona —cuya presidencia también ostenta Núria Marín— y posteriormente forzando una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Hospitalet. Marín también deberá comparecer en el Parlamento autonómico.

Pese a que desde su grupo municipal han venido defendiendo que "la imagen de pulcritud y transparencia encarnada por la alcaldesa no está en peligro", el pasado viernes, gracias a la mayoría absoluta de la que goza en el consistorio el PSC, Marín bloqueó la petición de comparecencia en esta comisión junto al concejal exsocialista, Jaume Graells, responsable de destapar la trama. Tanto ERC como los comunes en el Ayuntamiento han criticado esta maniobra del PSC para "torpedear" la comisión de investigación.

El origen: la denuncia de un compañero

La trama se destapa gracias a la denuncia de un compañero de partido, ex primer teniente de alcalde y que a día de hoy conserva el acta de concejal en el consistorio, Jaume Graells. Fue él quien puso en sobre aviso a la alcaldesa socialista de ciertas irregularidades que estaban cometiendo dos compañeros de partido —el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, y el ya exconcejal de deportes, Cristóbal Plaza, exdirector del organismo deportivo durante 16 años— como la existencia de una doble contabilidad con hasta 500.000 euros de diferencia entre las cuentas presentadas ante la asamblea de la entidad y las entregadas al departamento de Deportes de la Generalitat.

Según la magistrada, se desprenden indicios de que, hasta el momento, no habría duda de que tanto la alcaldesa socialista como el alto cargo del Ejecutivo separatista, Gerard Figueras, habrían "favorecido y/o facilitado de forma indiciariamente injusta la concesión de subvenciones con fondos públicos del Ayuntamiento" en manos del PSC. Mientras, la causa de la supuesta trama de desvío de subvenciones sigue creciendo y, a pocos días de que la alcaldesa de la segunda ciudad más importante de Cataluña tenga que dar explicaciones en sede judicial, asciende a casi una veintena el número de investigados.