El Tribunal de Cuentas prorroga dos días el plazo para pagar las fianzas de los golpistas

Pablo Planas

El Institut Català de Finances avala a 29 de los 34 encausados; otros cuatro presentan sus propiedades ante el órgano fiscalizador.

Pablo Planas (Barcelona) | 2021-07-22

Confusión y caos en torno a las fianzas que deben depositar los líderes del proceso separatista encausados en el Tribunal de Cuentas por la difusión internacional del intenso secesionista y que ascienden a 5,4 millones de euros. Por un supuesto fallo administrativo, el Institut Català de Finances (ICF), el ente crediticio de la Generalidad, no pudo disponer antes de que acabara el plazo (el miércoles por la noche) de los avales que le habían solicitado 29 de los 34 investigados. Esta mañana, sus representantes legales han afirmado ante el órgano fiscalizador del Estado que sus patrocinados estaban a la espera de la documentación del ICF y que esta debía estar en breve, razón por la que la instructora, Esperanza García, ha ampliado el plazo 48 horas a fin de recibir los avales y analizar su legalidad.

Ayer por la noche, el ICF recibió el dinero del Fondo complementario de riesgos arbitrado por la Generalidad, pero un error burocrático de índole notarial impidió que el ICF diera curso a los avales. Ahora, con la prórroga concedida por la instructora ya fuera de plazo, los abogados de los encausados confían en poder entregar toda la documentación. Una vez cumplimentado el trámite, el Tribunal de Cuentas deberá decidir si admite que la Generalidad pague con fondos públicos las fianzas de los dirigentes separatistas que incurrieron en responsabilidades contables al autorizar los gastos que están bajo la lupa fiscal.

Sería la primera vez que en el Tribunal de Cuentas se admite que la administración perjudicada sea quien cubra las fianzas, pero la ampliación del plazo tras reiteradas negativas ha dado esperanzas a los abogados defensores.

De momento, el Tribunal de Cuentas no habría dado curso a las órdenes de embargo, tal como se apuntó a primera hora de la mañana, aunque esa orden no significa en ningún caso que los afectados fueran a perder sus propiedades de forma inmediata. No sólo cabe recurso, sino que habría que esperar a la conclusión del procedimiento para poder ejecutar los embargos siempre que los investigados resultaran culpables y no pudieran afrontar las multas en metálico.

En cuanto a la caja de solidaridad separatista, la cantidad recaudada se ha utilizado para cubrir las multas impuestas a Artur Mas y el exconsejero Francesc Homs por el referéndum ilegal del 9-N de 2014. De ese modo, Mas y Homs no han perdido sus propiedades y las han podido presentar de aval para este nuevo caso.

Sólo uno de los encausados ni ha presentado sus propiedades como aval ni se ha acogido a la vía del ICF. Se especula con el nombre de Carles Puigdemont, quien considera que al estar radicado en Bélgica queda al margen de las actuaciones judiciales o administrativas españolas.