Según desvela El Tiempo de Canarias, que ha tenido acceso al informe, el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la contratación del cantante dominicano Juan Luis Guerra para actuar en el carnaval de la capital tinerfeña fue completamente legal y siguió todos los trámites previstos en la legislación sobre contratos públicos.
Desde hace semanas, el PSOE de Tenerife ha estado vertiendo acusaciones contra el PP y Coalición Canaria a quienes acusa de contratar "a dedo" al conocido cantante caribeño. El informe, que puede leer aquí, del secretario es un auténtico mazazo para los socialistas a los que deja en evidencia.
El PSOE seguía con su campaña de acusaciones falsas a pesar de que la intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz ya había confirmado la legalidad de la contratación hace días.
La concejal del grupo municipal CC-PNC y responsable del área de Fiestas en el pasado mandato, Gladis de León, ya explicó la pasada semana que la contratación del cantante Juan Luis Guerra "se ajustó a la legalidad, cumpliendo así todos los requisitos exigibles, y contó con el visto bueno de la Intervención municipal, como no podía ser de otra manera".
En un comunicado a raíz de las informaciones periodísticas que sitúan el coste total en más de medio millón de euros –y la existencia de dos pliegos–, señala que la contratación, junto a la Orishas, se realiza como contrato de servicios según la ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y como negociado sin publicidad. Para ello, se poseía carta de exclusividad delegada en la persona de Alfredo Moré Silva, "como consta en el expediente, debidamente foliado", que afirma que la contratación de Juan Luis Guerra se ajustó a la legalidad y tuvo el visto bueno de Intervención
Para ello, se poseía carta de exclusividad delegada en la persona de Alfredo Moré Silva, "como consta en el expediente, debidamente foliado", expediente que pasó la fiscalización previa de Intervención, "igual que los dos pagos posteriores". Asimismo, apunta que dentro de las condiciones pactadas con el representante para España de los artistas figuraba la realización de dos pagos: el adelanto del 50% (250.597,16 euros), destinado a la gestión de pasajes, visados o habitaciones de hotel, correctamente fiscalizado por Intervención, y un segundo pago con el 50% restante, una vez celebrado el concierto en el plan de pagos del Organismo de Fiestas, fiscalizado igualmente por Intervención.
De León niega que "se inflaron" las cuantías pues el importe barajado siempre fue de 501.000 euros, pero "sí existió un error humano, por el que se envió a través del portafirmas un archivo erróneo a la Gerencia por parte de asesores jurídicos del Organismo de Fiestas".
En concreto, indica, "se trató de un pliego de cláusulas técnicas que se pasa a la firma sin concluir las negociaciones, obrando las cantidades auténticas en el pliego de cláusulas administrativas debidamente fiscalizado".
En esa línea, apunta que el Organismo de Fiestas no determina en estos casos el importe de la contratación de los artistas, sino que son sus representantes los que "ponen precio" para sus actuaciones y consultados presupuestos anteriores y ofertas de artistas similares --incluso de estos mismos--, pudo constatarse que se movían en las cifras indicadas.
Además, indica que "una vez comprobado" que era Alfredo Moré Silva quien disponía de la exclusividad para la contratación de estos artistas, el Organismo de Fiestas procedió a los pagos como establece la ley, quedando Radio Club Tenerife dedicada a las labores de difusión y promoción del evento, con acuerdos comerciales con este departamento municipal. La edil afirma que la concejalía y Fiestas "buscaron siempre la máxima repercusión" de este evento artístico y musical, que contó con la presencia de 400.000 espectadores y un "retorno" de la inversión en la economía de muchas pequeñas y medianas empresas "que superó con creces el coste del mismo".