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Canarias

El Gobierno remite al Parlamento canario la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Se trata de dos modificaciones relacionadas con el IGIC. Autoriza al Ejecutivo canario a formalizar operaciones de deuda a largo plazo.

Se trata de dos modificaciones relacionadas con el IGIC. Autoriza al Ejecutivo canario a formalizar operaciones de deuda a largo plazo.
María Jesús Montero este martes en Moncloa | EFE

El Gobierno central ha remitido al Parlamento canario la modificación del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias, incluida en el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ha aprobado el Consejo de Ministros en su reunión de este martes.

Esta modificación consiste en dos medidas que tienen que ver con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). En un primer lugar, se incorporan las modificaciones incluidas en el IVA, en materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras.

Por otra parte, la normativa del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) ha establecido la llevanza de los libros registros del referido Impuesto a través de la sede electrónica Agencia Tributaria Canaria, mediante el suministro de los registros de facturación. Por este motivo, se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de tal obligación y se establece la sanción tributaria correspondiente.

Este Acuerdo se remite al Parlamento canario, según se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal del archipiélago requiere informe previo del Parlamento Canario.

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha acordado autorizar a País Vasco, Baleares y Canarias a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, y a Cataluña a acometer operaciones a corto plazo. Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2020.

En el caso canario, el importe máximo es de 1.965,6 millones de euros, con los que se pretende reestructurar préstamos formalizados entre 2013 y 2018, con cargo a los distintos compartimentos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, con el fin de generar ahorros financieros.

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