Canarias vive una auténtica crisis de inmigración ilegal en las últimas semanas. Más de 10.000 inmigrantes llegaron durante el mes de octubre, cifras que superan la situación que se produjo durante la crisis de los cayucos de 2006 o la registrada durante todo el 2019, y las instalaciones de acogida han quedado totalmente superadas. Hasta tal punto, que se han tenido que montar unas instalaciones transitorias en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria).
Este viernes se ha producido la visita al archipiélago tanto del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como de la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, anunciada hace más de 15 días. Juntos han informado de las nuevas medidas que tanto el Gobierno nacional como la organización supranacional van a tomar para ayudar a Canarias ante la crisis actual, algo que el ejecutivo canario lleva pidiendo desde hace más de un mes.
La primera medida será el envío de un avión CN-235 de vigilancia marítima de la Guardia Civil a Mauritania. Allí compartirá instalaciones con el helicóptero de la Policía Nacional que fue desplegado en Nuakchot hace un par de años. También con los equipos de guardias civiles y policías nacionales que se encuentran en el país norteafricano apoyando a las autoridades locales en la lucha contra la inmigración.
El objetivo es detectar de forma temprana a las embarcaciones que salgan desde la costa mauritana cargadas de inmigrantes con rumbo a Canarias, y que sean abordadas y obligadas a regresar a tierra antes de que estén cerca de las costas del archipiélago. El otro refuerzo será la llegada de dos equipos más de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la UE, para seguir apoyando en el desmantelamiento de las mafias de la inmigración.
Grande Marlaska no ha puesto fecha fija a la finalización de la adecuación de las instalaciones militares del Polvorín de Barranco Seco –al suroeste de Las Palmas– para que los inmigrantes que todavía se encuentran en el centro improvisado del muelle de Aguineguín –en la capital grancanaria– puedan ser reubicados a la mayor brevedad posible. La única alusión temporal que ha especificado ha sido "en próximas semanas".
El acuerdo para la cesión de esta instalación se alcanzó la pasada semana con el Ministerio de Defensa y desde entonces se está intentando habilitar para que pueda ser utilizado como un nuevo centro de recepción de inmigrantes. Las instalaciones son antiguas y llevan varios años sin uso, por lo que el trabajo a realizar es importante. No ha dado más datos sobre el resto de instalaciones que han sido cedidas: Las Canteras (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura).
Tampoco se ha especificado si el Ministerio del Interior o el Ministerio de Migraciones van a aceptar la posible cesión de las antiguas instalaciones de la Brigada Canarias 50, que están en el barrio de la Isleta, en Las Palmas, junto al perímetro de la actual base militar de La Isleta. Estas cesiones se están realizando y ofreciendo mediante una fórmula transitoria, sin que haya compensación económica alguna y con una autorización de uso.
Sí ha dejado claro el ministro que el cierre de las instalaciones provisionales de Arguineguín será definitiva y que toda la infraestructura será desmantelada, no se dejará para que pueda ser utilizada durante los próximos meses ni como primer punto de recepción de los inmigrantes ilegales que puedan llegar a las costas canarias.
La visita tanto del titular de Interior como de la comisaria europea ha coincidido casualmente con el inicio de los primeros movimientos para sacar ilegales. El principal sindicato policial, Jupol, ha denunciado que ahora se están realizando salidas "precipitadas" de inmigrantes hacia la península y sus países de origen. Según detallan, ayer jueves hubo cuatro vuelos con destino a Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga y hay varios más previstos para este viernes.
Preguntado por esta cuestión, Marlaska ha dicho que se están empezando a realizar vuelos de repatriación que hasta ahora no se habían producido por la pandemia de coronavirus. Del mismo modo, ha reseñado que los inmigrantes que van a bordo de estos vuelos son aquellos a los que ya se les ha cerrado su expediente y que se ha resuelto que no tienen derecho a recibir protección internacional por las causas que fijan las leyes.