El Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, ha declarado la guerra al Ministerio del Interior tras constatar que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha instalado un Centro de Atención temporal de Extranjeros (CATE) en plena zona turística del municipio sin contar con los permisos pertinentes y en una zona "con riesgo de inundaciones de aguas fecales".
En lo que va de año, cerca de 3.500 inmigrantes ilegales han entrado en España a través de Lanzarote. Una auténtica "avalancha", tal y como denuncian a LD fuentes municipales, que no deja de crecer y que hace que las autoridades teman que Arrecife coja el testigo de Arguineguín, la pequeña localidad del sur de Gran Canaria donde el año pasado se desató una crisis migratoria sin precedentes desde la llamada crisis de los cayucos.
Ante el creciente número de pateras que ha ido llegando a la isla en el último mes —y que previsiblemente irá en aumento en las próximas semanas—, Interior trata de evitar por todos los medios que se repitan las imágenes de inmigrantes hacinados en el puerto que a finales de 2020 protagonizaron numerosos informativos y portadas de periódicos. Con este objetivo, Marlaska ha ordenado empezar a levantar campamentos temporales en los que atender a los sin papeles en condiciones mínimamente aceptables.
"No hay permiso que valga"
En la isla de Lanzarote, el lugar elegido ha sido un solar ubicado junto a la comisaría de Policía en el centro de Arrecife. El problema es que, tal y como denuncia el consistorio, es "ilegal", ya que el terreno no es suyo, sino de la Autoridad Portuaria, que, incluso aunque quisiera, no podría cedérselo de un día para otro.
Según fuentes municipales, este organismo público —presidido por un socialista— ya ha iniciado los trámites para su cesión. Sin embargo, "ese expediente tarda dos años en tramitarse. Por tanto, a día de hoy, ese suelo no es de Interior y no hay permiso que valga". De ahí que el Ayuntamiento ya haya solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria que adopte medidas cautelares a fin de evitar que los inmigrantes sean alojados en el campamento instalado en la zona.
Riesgo de inundaciones de aguas fecales
Haciendo caso omiso a todas las advertencias, Interior ha levantado varias carpas para dar cabida a más de 200 personas y lo ha hecho no sólo saltándose la legalidad, sino también los estándares de seguridad que una instalación de estas características exige. En este sentido, el consistorio pone de manifiesto que el campamento "carece de plan de seguridad e incluso hay un informe de protección civil que alerta del riesgo de inundaciones del solar en cuestión".
En dicho documento —al que ha tenido acceso Libertad Digital—, se establece que el terreno está situado en una "zona con riesgo de inundación de aguas fecales", ya que justo al lado se ubica "una red de saneamiento y una estación de bombeo de aguas residuales que, ante precipitaciones de lluvias intensas, suele pararse e inundar" las calles adyacentes. No en vano, el coordinador municipal de Protección Civil adjunta varias fotografías que demuestran lo sucedido en épocas pasadas y el riesgo al que Interior se expone al ubicar allí el campamento para inmigrantes.
Amiguismo o legalidad
Los propios servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria son conscientes de la ilegalidad que están cometiendo y de los riesgos a los que se exponen. Sin embargo, "el presidente es del PSOE y, como pertenece al mismo partido que el ministro, prefiere hacer la vista gorda".
Con todo, el Ayuntamiento de Arrecife, gobernado actualmente por la dirigente popular Astrid Pérez, no piensa dar su brazo a torcer. "Si la autoridad portuaria quiere mirar para otro lado, que mire, pero nosotros llegaremos donde tengamos que llegar —advierten desde su gabinete—. Esto no es una cuestión de partidos, es que si nos llega una organización humanitaria y presenta una denuncia contra esas instalaciones o sucede una desgracia… ¿Cómo lo justificamos, cuando nuestros propios técnicos ya nos están diciendo que hay que tomar medidas?".
"El flujo de pateras no para"
Mientras Interior se pelea con el Ayuntamiento de Arrecife, las fuerzas de seguridad denuncian la imperiosa necesidad de un lugar, ya sea el polémico CATE o cualquier otro, que disponga de "condiciones mínimamente aceptables" para atender a los inmigrantes que llegan a la isla, ya que, en estos momentos, son identificados en una nave industrial en el mismo muelle que carece de "estándares mínimos de habitabilidad y seguridad".
Las fuentes policiales consultadas por LD evitan entrar en esta batalla legal, pero alertan de la delicada situación que se avecina en plena época migratoria. "Los últimos fines de semana han sido una auténtica locura y el flujo de pateras no para. No sé a dónde vamos a llegar", lamentan.