Tras cinco días aplicando el nuevo protocolo para determinar la edad de lo inmigrantes, por parte del Gobierno y la Fiscalía en Canarias, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha informado este viernes de los primeros resultados. "La media de supuestos menores de edad que resultan ser mayores supera el 50%".
La primera recepción de los inmigrantes en su llegada a las islas es responsabilidad del Gobierno central, y son ellos quienes ponen a disposición del Ejecutivo canario a los supuestos menores. Es por ello que desde la Dirección General exigen al Gobierno de Sánchez que mejoren la evaluación de edad de las antes de poner bajo la competencia de Canarias a los supuestos menores. La directora solicita "más medios y precisión a la hora de hacer las determinaciones de mayoría de edad para proteger a los menores".
Algunas comunidades autónomas denunciaron en la reunión mantenida esta semana con el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que en las derivaciones de adultos inmigrantes de Canarias a la Península había menores de edad evidentes. A esta denuncia se ha sumado también Amnistía Internacional. El Gobierno canario ya había percibido previamente estos errores en las edades, enfrentándose también al problema a la inversa: mayores de edad declarados como menores.
Desde la Dirección General, han acordado con la Fiscalía un incremento del número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los más de 4.500 menores tutelados por las islas. Rodríguez también ha especificado que han creado nuevos dispositivos separados para atender a los menores más pequeños, a los de edades más avanzadas, y aquellos de los que no saben a ciencia cierta la edad.
El nuevo protocolo se aprobó hace unos días en el marco de una reunión promovida por la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, y fue el resultado de una serie de encuentros previos de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con la Fiscalía del Menor y la de Extranjería. Este protocolo establece, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.
Una "situación delicada"
Este trabajo conjunto es fundamental porque se sospecha que un porcentaje significativo de personas inmigrantes llegadas al archipiélago se declaran como menores inicialmente, "pero posteriormente se comprueba que tienen más de 18 años", señala Rodríguez.
Desde la Dirección General tratan de evitar esta "situación delicada" porque deben guiarse siempre por y para "preservar el interés del menor y no permitir que convivan en el mismo dispositivo adultos y menores".
Gracias al respaldo de la Fiscalía se han incorporado equipos portátiles en Tenerife que permiten llevar a cabo pruebas óseas en el momento en el que se realiza la reseña de los inmigrantes tras el desembarco. Este trabajo se desarrolla con la supervisión de un médico forense junto con los agentes de Policía Nacional.