El balance de la llegada de inmigrantes ilegales hasta el pasado 30 de noviembre publicado por el Ministerio del Interior no solo arroja un incremento del 73% respecto al mismo periodo de 2022, sino que viene a confirmar los peores presagios en Canarias. Según los datos del departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska, de los 49.376 sin papeles que habrían llegado al conjunto de España, 35.410 lo habrían hecho al archipiélago.
La cifra es especialmente alarmante por cuanto duplica con creces la registrada en el mismo intervalo del pasado año (15.082) y porque bate el escalofriante récord que se registró en la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron un total de 31.678 ilegales. Los expertos consultados por Libertad Digital llevaban meses alertando de que, a pesar de que el Gobierno no le estaba dando la importancia que se merece a la cuestión, era más que evidente que la marca se superaría antes del 31 de diciembre, y así ha sido: Canarias no se veía ante una alarma similar desde hace 15 años.
Precisamente esta semana, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reprochado a Pedro Sánchez la ausencia de un diálogo "concreto y efectivo" sobre los flujos migratorios en la relación bilateral entre los gobiernos de España y de Marruecos, pese al memorando de entendimiento suscrito por Madrid y Rabat en 2019. Tal y como recuerda Valido, en la pasada legislatura, incluso se planificó una agenda en la que se propuso la presencia de una representación canaria en las mesas de negociación con Marruecos. Sin embargo, las promesas parecen haberse quedado en el aire.
Polémicos traslados a la península
Por ahora, la única respuesta del Ejecutivo a la alarma desatada en Canarias se ha limitado a trasladar a cientos de inmigrantes a la península, con el objetivo de aliviar mínimamente la saturación de la comunidad. Sin embargo, la gestión del Ministerio de Migraciones ha sido objeto de numerosas críticas. En primer lugar, por el "oscurantismo" del Gobierno a la hora de repartir a los ilegales por toda España, algo que incluso ha sido denunciado por un regidor del PSOE, que finalmente ha aceptado acoger a un reducido grupo. En segundo lugar, porque muchos de ellos han sido alojados en hoteles o emblemáticos balenarios, como el de Medina del Campo, lo que muchos entienden que podría generar un efecto llamada.
"Los hoteleros, a través de sus asociaciones, nos ofrecen sus plazas donde las tienen disponibles. Ahora mismo en Canarias, por ejemplo, no se les está derivando a hoteles porque es temporada alta, pero en otros sitios sí", se justifican el mes pasado a Libertad Digital fuentes del Gobierno. En cuanto al tiempo que permanecerán en dichos alojamientos, no hay fecha establecida: "El objetivo es que estén el menor tiempo posible y que luego sean trasladados a plazas más estables".
En cualquier caso, la situación que más preocupa a las instituciones de Canarias es la de los menores que llegan a las islas sin ningún familiar o adulto a cargo y que, por tanto, pasan a ser tutelados directamente por el Gobierno autonómico. Así, según los últimos datos aportados por Valido, el Ejecutivo canario tendría bajo su amparo en estos momentos a más de 4.500 niños.
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