La llegada de inmigrantes no da tregua a las Islas Canarias. El número de personas a bordo de pateras y cayucos era un presagio de las terribles cifras que cerrarían el mes de enero. El balance mensual publicado por el Ministerio de Defensa ha roto todas las estimaciones: desde el 1 al 31 de enero han entrado por las islas 7.270 inmigrantes de forma irregular, 57 más que en los seis primeros meses del 2023, cuando llegaron 7.213.
Lo más alarmante de estas cifras es que solo en el primer mes del año se ha aglutinado casi la sexta parte de todas las llegadas de 2023, que cerró el balance anual con 39.910. Enero ha experimentado un incremento del 1.184,5% (6.704 más) que en el mismo intervalo del año anterior, cuando llegaron 566. Por lo que, si continua este ritmo, a mitad del año se habrá superado el vigente récord de llegadas ilegales a las islas, que también superó con creces los 31.678 ilegales de la ‘crisis de los cayucos’ de 2006.
El informe del ministerio revela que las 7.720 personas que han llegado este 2024 lo hicieron a bordo de 110 embarcaciones, 96 más que el año pasado (+685,7%), cuando solo fueron rescatadas 14 pateras. Un dato que por desgracia no varía es la llegada de la mayoría de ellas al primer punto europeo desde África, el Puerto de La Restinga. En este primer mes de 2024, El Hierro ha sido el destino de más de 4.000 inmigrantes.
La tendencia a la alza lleva mucho tiempo sin dar tregua, colapsando todos los servicios de atención y acogida, y mermando los recursos económicos, de sanidad y de seguridad. Desde el Ejecutivo de Fernando Clavijo han demandado, y demandan, con desesperación soluciones al Gobierno central, a quienes dieron su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez a cambio de ser escuchados y esperanzados –de momento falsamente–. Pero aún queda un largo tramo de túnel para ver la luz. Canarias sigue sola, incluso después de haber trasladado su preocupación al Rey de España y al santísimo Papa Francisco.
En el acuerdo con Sánchez, Coalición Canaria puso como prioridad el reparto de menores no acompañados que el gobierno autonómico tienen bajo su tutela. En aquel momento eran menos 4.500, ahora tienen a más de 5.600 niños y niñas (900 llegados en enero). Distribuidos en 70 centros al límite de su capacidad, generan un gasto de 10 millones de euros. Fue en octubre de 2023 cuando el Estado prometió derivar 340 menores a la Península, pero ninguno ha salido de las islas.
Después de meses de peticiones y exigencias, ha sido esta misma semana cuando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha dignado a visitar Tenerife para reunirse con el presidente canario y abordar su propuesta de acometer modificaciones legislativas para que la distribución de menores por otras comunidades autónomas sea obligatoria y no "solidaria". Pero esta solución también tendrá que esperar, porque según dijo Rego, la inestabilidad política de España dificulta el proceso.
El reparto obligatorio "favorecerá a las mafias"
Todos lo grupos del Parlamento de Canarias, a excepción de Vox, apoyaron este pasado miércoles la propuesta del Gobierno de Canarias de promover ante las Cortes Generales la elaboración de un Real Decreto Ley para que la derivación obligatoria de los menas. A pesar de la predisposición y tono conciliar de todos los grupos, Vox alerta de que la obligatoriedad favorecerá a las "mafias" y al "tráfico" de niños.
Así lo expresó el portavoz, Nicasio Galván, quien considera que no se trata de trasladar a los menores a otras comunidades sino de impulsar la "repatriación inmediata de cualquier inmigrante ilegal" que llegue a las costas españoles porque si no es así, "va a causar un efecto llamada. Indicó que la propuesta de decreto es "el último eslabón" que les faltaba para impulsar el tráfico de personas y menores.