Ante el problema habitacional que sufre Tenerife, el Pleno del Cabildo insular ha aprobado este lunes una modificación de crédito que eleva hasta los 17 millones de euros la inversión que se realiza en diferentes programas y proyectos ideados para el fomento de la vivienda pública en la isla, con el objetivo de "buscar soluciones" ante este asunto que afecta a la isla desde los inicios de la crisis inmobiliaria en 2008.
"Se trata de la mayor inversión que realiza el Cabildo en materia de vivienda en las últimas décadas, que estará destinada a fomentar la vivienda pública en la isla", explica la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, quien ha anunciado que gracias al Programa Activa Vivienda, dotado con una partida de 10 millones de euros, existe la posibilidad de poner a disposición de la ciudadanía alrededor de 300 viviendas para alquiler social en 21 municipios de la isla.
Estas cifras emanan de las propuestas realizadas por los propios municipios que han participado en la convocatoria del Programa Activa Vivienda, por el que el Cabildo colabora con las entidades locales para la adquisición de vivienda destinada al alquiler social. Hasta el momento, desde los municipios han llegado 300 propuestas para la adquisición de viviendas, que podrían estar disponibles para el mercado de vivienda pública en pocos meses.
La consejera de Vivienda resalta que a pesar de que el Cabildo tiene las competencias en materia de vivienda "muy limitadas", se ha firmado un convenio con el ICAVI para tener la posibilidad de financiar la compra de vivienda por parte de los ayuntamientos, a lo que se suman "las nuevas competencias que nos arroga el decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias". En definitiva, Hernández indica que el gobierno insular ha hecho una fuerte apuesta por ser parte de la solución al problema habitacional que tiene Tenerife.
Con ese objetivo, desde el Cabildo se impulsarán otras iniciativas como el Programa Insular Activa Suelo, que permitirá a los municipios adquirir suelo destinado a viviendas para alquiler social, además del Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda que, con una partida de 3 millones de euros, persigue que el parque de viviendas de Tenerife "esté en óptimas condiciones, garantizando perfectas condiciones de habitabilidad y accesibilidad", apunta la consejera.
Por otro lado, el Pleno se ha acordado realizar, junto a la Universidad de La Laguna, un estudio que analice las consecuencias que puedan tener sobre el mercado de alquiler de viviendas las medidas derivadas de una declaración de zonas tensionadas.
El Cabildo también ha instado al Gobierno de Canarias a tramitar, lo antes posible, el proyecto de Ley anunciado sobre uso turístico de la vivienda, con el fin de regular el funcionamiento de esta alternativa residencial, y en el mismo acuerdo se incluye la solicitud al Gobierno de Canarias de adoptar las medidas anunciadas de incentivos fiscales a la vivienda en alquiler, frente a otras alternativas como el alquiler vacacional o el mantenimiento de viviendas vacías, así como la solicitud al Gobierno del Estado de la reforma de la actual Ley de vivienda con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, proporcionar seguridad jurídica a los propietarios, además de incentivar la construcción de nuevas viviendas protegidas y/o asequibles y la puesta a disposición de viviendas actualmente vacías.