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Canarias

Gobierno de Canarias y Estado ultiman el acuerdo para la distribución obligatoria de 2.500 menas por toda la península

La reforma afectará a las zonas más castigadas por la inmigración, como son las islas, Ceuta y Melilla, que han superado el 150% de su capacidad.

La reforma afectará a las zonas más castigadas por la inmigración, como son las islas, Ceuta y Melilla, que han superado el 150% de su capacidad.
Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. | Europa Press

Después de meses de negociación, el Gobierno de Canarias y el Gobierno central ultimaron este lunes el acuerdo para la distribución de los menores inmigrantes no acompañados entre el resto de comunidades autónomas, y se emplazaron a definir en un plazo de 15 días la fórmula si será vía real decreto ley como defiende el Ejecutivo canario, que podría resolver en el plazo de un mes el colapso de la red de acogida en las islas que tiene bajo su tutela a 5.477 menores, o proposición de ley como propone el Estado, y que alargaría la situación mínimo tres meses.

Esta precisamente es una de las diferencias que mantiene en vilo la resolución de uno de los problemas más acuciantes del archipiélago, al que cada día siguen llegando cientos de personas de forma ilegal. Así lo trasladó el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En el encuentro también intervinieron vía telemática, las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, así como, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que defendió la figura del real decreto ley que "permitiría sacar adelante la reforma en un tiempo menor y nos va a permitir tener a los niños y niñas mejor atendidos y más protegidos, que es el objetivo que no debemos perder de vista".

El acuerdo alcanzado entre ambos Gobiernos se aplicará solo a los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, es decir, en estos momentos a Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que sí se ha confirmado es que en todo caso supondría la salida de las islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022.

En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio es cuando supere en un 150 % su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otra comunidad autónoma. Esta supone otra discrepancia entre el Gobierno de Canarias y el Estado, pues el primero defiende que ese traslado sea en un plazo máximo de 15 días, mientras que el Ejecutivo estatal propone que sea en un plazo de tres meses.

La tercera diferencia entre ambas administraciones radica en el procedimiento de asignación una vez el menor es acogido. Fernando Clavijo, defiende que el Estado "realice esa asignación junto a la tutela a la comunidad autónoma que le corresponda desde un primer momento", tal y como se ha defendido también en el seno del Pacto por la Migración.

En un plazo de 15 días, ambos Gobiernos deberán ultimar las modificaciones para definir el texto y garantizar la máxima urgencia en el reparto de los menores. "Hubiésemos querido que fuese mejor", confesó el presidente canario, y destacó que aunque este no satisfaga a ambas partes, de seguro "mejorará las condiciones de los menores". El presidente canario espera que en septiembre, como máximo, el texto pueda estar aprobado.

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