La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha vuelto a insistir en la "situación límite" que se vive en las islas con la atención a los menores inmigrantes no acompañados. "No quedan más edificaciones a las que acudir para poder alojar niños y niñas. Los centros disponibles o están en condiciones penosas o están dedicados a otros o no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad", ha destacado en una comparecencia ante el Pleno del Parlamento.
Dada la situación de extrema necesidad por la búsqueda de espacios disponibles, el Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites para rehabilitar dos infraestructuras propias de la administración que el anterior Ejecutivo socialista dejó de mantener, pero no estarán listas en menos de seis meses.
Además, Delgado ha vuelto a dirigirse a la ministra de Defensa, Margarita Robles –a pesar de la reciente y repetida negativa–, para que ponga a disposición del Gobierno de Canarias algunas instalaciones militares que están en desuso en Lanzarote, La Palma y El Hierro para poder acoger a los menores que lleguen en los próximos meses porque "creo que es fundamental que el Gobierno de España asuma que estamos ante un problema de Estado ante el que todos debemos colaborar".
En el apartado económico, indicó que Canarias también acumula un déficit financiero de unos 86 millones de euros. "El Estado nos ha transferido 50 millones de euros y nosotros calculamos que el coste anual, para atender al actual número de menores que tutelamos, es de 150 millones".
Al problema económico y de la escasez de instalaciones se une la falta de personal para atender a estos menores inmigrantes y todo ello hace que la situación "es y será insostenible" teniendo en cuenta las previsiones de los gobiernos de los países de origen y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aseguran que las llegadas de personas en los próximos meses van a ser el doble o el triple que las del año pasado, con una previsión de hasta 11.000 menores más.
Ante este panorama, Delgado aclara que la solución pasa por la modificación de la Ley de Extranjería para que se impulse la corresponsabilidad hacia los menores inmigrantes entre las distintas comunidades autónomas españolas, además de que se dote a Canarias con los recursos económicos necesarios para "poder atenderlos dignamente".
"El fin de semana del 8 y 9 de junio el sistema de acogida de menores migrantes colapsó, Canarias no puede esperar más, la situación es absolutamente insostenible. El reparto de los menores migrantes no acompañados que están ahora bajo la tutela del Gobierno de Canarias entre todas las comunidades es una medida crucial para garantizar los derechos de estas y estos menores", ha indicado la consejera, quien apela a la responsabilidad de los partidos políticos con presencia en las Cortes para que no utilicen la atención a los menores inmigrantes no acompañados "como arma arrojadiza de la incesante batalla política".
Protocolo ante la Comisión Europea
En su intervención, la consejera también ha recordado que Canarias es frontera de Europa y dio traslado a la Comisión Europea de un protocolo con 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante, bajo el planteamiento de que hay que adoptar un marco común de atención y protección a la infancia no acompañada que vele por sus derechos en todo el territorio europeo.
Junto a este protocolo, se incluyeron medidas concretas como la creación de un banco europeo de familias acogentes, el impulso de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de retornos con garantías y un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE, entre otras, recoge una nota de la Consejería.
El problema en materia migratoria es que ya en el año 2023 se registró la mayor presión migratoria en Canarias de la historia, con la llegada a sus costas de 39.910 inmigrantes a bordo de 610 embarcaciones, que ha dejado más de 5.700 menores acogidos en los 80 dispositivos creados de forma urgente y excepcional ante la incesante entrada de ilegales.
La consejera ha recordado igualmente que "estas personas han logrado llegar pero más de 5.000 han perdido la vida entre enero y mayo intentándolo, el 95% de ellas, unas 4.808 personas, en la ruta canaria, la más peligrosa del mundo", según datos de la ONG Caminando Fronteras.