La reciente destitución de Jacobo Medina como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote ha generado un intenso debate político en la isla. La presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, habría podido tomar esta decisión en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la transparencia institucional y garantizar que la planificación y el desarrollo insular respondan al interés general. En este sentido, muchas de las preocupaciones previas en torno a la gestión de Medina le habrían llevado a la adopción de medidas orientadas a preservar el rigor en la toma de decisiones públicas.
El soterramiento de carreteras y la falta de consenso ciudadano
Uno de los puntos que ha despertado mayor controversia ha sido la apuesta de Jacobo Medina, ahora consejero de Obras Públicas del Cabildo, por el soterramiento de determinadas carreteras en Lanzarote sin haberse elevado ningún tipo de proceso de consulta con la ciudadanía actual. Además, algunas iniciativas de este tipo han sido impulsadas y comunicadas públicamente por el ahora exvicepresidente antes de contar con un respaldo administrativo o institucional, lo que ha generado interrogantes sobre los criterios de planificación y la priorización de recursos en la isla.
Entre las cuestiones que han llamado la atención, se encuentra el hecho de que ciertos proyectos de soterramiento parecerían responder a intereses muy concretos dentro del sector privado, beneficiando de manera directa a iniciativas particulares que han sido ampliamente promovidas y anunciadas incluso en la página web de uno de los empresarios a los que más beneficiaría este soterramiento, antes de su debate público. Esta aparente convergencia entre determinadas propuestas y su inmediata defensa institucional ha generado dudas sobre los criterios con los que se priorizan las infraestructuras estratégicas en la isla.
La compra del Magma y las decisiones políticas en cuestión
La adquisición del centro de innovación Magma por parte del Ayuntamiento de Arrecife ha sido señalada como una operación que encaja dentro de los movimientos que Francisco Pomares vaticinó en su artículo "De nuevo, la pista de Guinea". La compra de este inmueble, justificada en su momento como una operación con fines públicos, ha despertado dudas sobre su conveniencia y las circunstancias en las que se llevó a cabo, teniendo en cuenta los argumentos que ha dado el ayuntamiento para destinar este emplazamiento como oficinas municipales situadas en una zona de difícil acceso peatonal y de aparcamiento. Algunas fuentes han señalado que este tipo de decisiones podrían estar vinculadas a dinámicas que merecen una revisión más exhaustiva, especialmente en lo que respecta a la relación entre la administración pública y algunos de los empresarios más poderosos de Lanzarote. La importancia de garantizar la independencia de las instituciones frente a posibles intereses particulares entre políticos y empresarios vinculadas a presuntas operaciones inmobiliarias de propiedades tasadas por debajo del precio del mercado, habría sido uno de los pilares en los que Pérez habría podido basar su decisión.
Arrecife, el equilibrio entre desarrollo y bienestar ciudadano
Mientras tanto, la capital lanzaroteña atraviesa una transformación que ha generado tanto respaldo como inquietud. La organización de eventos y celebraciones multitudinarias ha impulsado una actividad económica basada en "pan y circo", pero también ha generado preocupación en ciertos sectores de la ciudadanía, que han señalado la necesidad de equilibrar la dinamización urbana con el respeto a la convivencia y la calidad de vida de los vecinos. Recientemente, ha surgido una plataforma vecinal que reclama mayor control sobre el impacto que estas actividades tienen en la ciudad, lo que refuerza la necesidad de una administración que escuche activamente a la población.
En este contexto, la Marina de Arrecife ha sido escenario de otro debate en torno al modelo de desarrollo urbano. La organización de los principales eventos y celebraciones de la ciudad ha recaído de manera recurrente en un mismo operador, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la diversidad y pluralidad en la adjudicación de estos proyectos. La reiterada elección de un solo actor para la gestión de estos eventos ha llevado a algunos sectores a preguntarse si existe una estrategia clara para garantizar que estas actividades respondan equitativamente a los intereses de la comunidad.
En esta misma línea, un espacio de 36.000 metros cuadrados habría sido propuesto para el desarrollo de programas de formación para el empleo, una iniciativa que buscaba dar respuesta a la creciente demanda de profesionales en sectores estratégicos de la isla. Sin embargo, la decisión del Ayuntamiento de instalar infraestructuras para el carnaval en una zona colindante ha generado interrogantes sobre las prioridades de la administración y su alineación con las necesidades del tejido económico local.
El respaldo a Astrid Pérez y la necesidad de un cambio de rumbo
Desde la destitución de Jacobo Medina, la dirección del Partido Popular en Lanzarote ha reafirmado su compromiso con una gestión más transparente y orientada a la ciudadanía. La decisión de Pérez ha contado con el respaldo de Coalición Canaria y del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quienes han subrayado en todas sus intervenciones públicas la importancia de reforzar los mecanismos de supervisión en la toma de decisiones institucionales.
Esta situación pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de garantizar que todas las decisiones políticas respondan al bienestar colectivo. La apuesta de Astrid Pérez por la transparencia y el control riguroso de la gestión pública marca un punto de inflexión en la administración insular, con el objetivo de consolidar una política alineada con el interés general y alejada de cualquier posible interferencia externa.
El cese de Jacobo Medina no solo representa un cambio en la estructura política del Cabildo, sino que simboliza una reafirmación del compromiso de Astrid Pérez con la rendición de cuentas y la gestión responsable. La necesidad de priorizar los intereses de la ciudadanía sobre cualquier otra consideración se mantiene como la premisa central de su liderazgo, en un momento en el que Lanzarote demanda mayor claridad en las decisiones que marcarán su futuro.