Canarias se enfrenta a un desafío que ninguna tabla de Excel en los despachos de la Castellana parece querer computar con honestidad: el crecimiento demográfico desbocado frente a una estructura de servicios públicos que duerme el sueño de los justos. En las últimas dos décadas, el archipiélago ha sumado más de 500.000 nuevos residentes, un incremento colosal que no ha venido acompañado de una expansión proporcional en infraestructuras sanitarias, educativas o de vivienda. Lo que el discurso oficial vende como "dinamismo" es, bajo un análisis técnico, una presión insoportable sobre unos activos que ya operan al límite de su capacidad física y financiera.
Desde una óptica estrictamente económica, estamos asistiendo a un espejismo poblacional. Canarias crece en volumen de personas, pero su PIB per cápita sigue alejándose de la media europea. Es un crecimiento extensivo, basado en el consumo de recursos y territorio, pero con una productividad estancada que condena al individuo. El síntoma es evidente: hospitales colapsados, carreteras convertidas en parkings lineales y una oferta de vivienda estrangulada por la parálisis normativa. Se pretende aliviar este malestar culpando exclusivamente al fenómeno de la inmigración o al turismo, pero la causa real es la incapacidad del Estado para gestionar el éxito de su propio atractivo.
La aritmética del colapso no engaña. El sistema público canario está diseñado para una población que ya no existe, y el desfase entre el número de tarjetas sanitarias reales y la inversión por habitante genera un déficit que el Ejecutivo trata de tapar con parches presupuestarios. Tratar de mantener una sociedad del siglo XXI con una infraestructura del siglo XX es la receta perfecta para la ineficiencia. El debate sobre la inmigración, tan manoseado por el sentimentalismo de unos y el pavor de otros, ignora la variable fundamental: la capacidad de absorción de un mercado laboral maniatado por la regulación.
Canarias no tiene límites en su potencial, pero sí en la paciencia de sus ciudadanos. El reto demográfico no se soluciona con más burocracia ni con lamentos bilaterales en Madrid. La única salida viable es una soberanía de gestión que permita adecuar la inversión a la realidad demográfica actual, eliminando las trabas que impiden al sector privado colaborar en la creación de servicios. Mientras la prosperidad de las islas dependa de que un planificador central entienda que medio millón de personas más necesitan algo más que "buenas intenciones", la autonomía canaria seguirá siendo un brindis al sol ante un colapso que ya se oye llegar.