El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado un golpe sobre la mesa de la política nacional al exigir formalmente y de urgencia al Gobierno del Estado la puesta en marcha inmediata del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). La Institución insular ha estallado ante la alarmante falta de previsión del Ejecutivo central tras una intensa madrugada en la que las costas lanzaroteñas registraron la llegada de tres embarcaciones clandestinas con cerca de 150 personas rescatadas. Desde la Corporación se ha calificado la actual pasividad de la Administración central como "desoladora", advirtiendo de que no se puede normalizar que el litoral de la isla sea el escenario de un goteo incesante de barcazas sin que el Estado aporte las herramientas preventivas tecnológicas obligatorias para garantizar la seguridad de las fronteras.
La inacción gubernamental desborda el esfuerzo asistencial de la isla
Desde el Cabildo se ha recordado con contundencia que la solidaridad y el compromiso humanitario de Lanzarote están más que demostrados con creces, habiendo asumido una presión asistencial asfixiante de forma ejemplar. Sin embargo, se advierte de que la falta de implicación de los Ministerios competentes amenaza con colapsar los recursos locales. El consejero del Área de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha sumado la fuerza del área social a la reclamación, poniendo el foco político en las reiteradas y desatendidas reclamaciones efectuadas a la Administración del Estado. Para la Institución resulta del todo inadmisible que un equipamiento clave para la detección temprana como el SIVE siga sin estar a pleno rendimiento, costando vidas trágicas y sobrecargando de forma exclusiva a las instituciones locales por la inacción de Madrid.
Exigencia de una estrategia firme que proteja al archipiélago
La Institución insular ha sido tajante al recordar que la salvaguarda de los derechos fundamentales y la seguridad marítima no pueden depender de la actual desidia estatal. El Cabildo exige abandonar de inmediato el inmovilismo actual y articular una estrategia de coordinación firme, dotada de medios materiales, económicos y de vigilancia que impida que Lanzarote asuma en solitario el peso de esta crisis en el Atlántico. El debate pasa ahora de la mera gestión asistencial a una reclamación de responsabilidad: Lanzarote no tolerará seguir desprotegida por los retrasos técnicos de un Gobierno central que da la espalda a las demandas de las islas de forma sistemática.