El Cabildo de Lanzarote ha decidido dar un giro de 180 grados a la gestión y fiscalización de los fondos públicos insulares destinados a las corporaciones locales. La vicepresidenta de la institución, María Jesús Tovar, ha adelantado la aprobación en pleno de una reforma administrativa de hondo calado en el Plan de Cooperación Municipal. La gran novedad radica en la eliminación radical del tradicional sistema de adelanto de dinero público. A partir de ahora, la corporación insular implementará un control estricto de las obras: firmará un compromiso formal con cada ayuntamiento y liberará los fondos correspondientes única y exclusivamente cuando la obra esté totalmente ejecutada, entregada y con su debida justificación técnica sobre la mesa.
Adiós definitivo a las multas por obras inconclusas
Esta medida, calificada por los portavoces de la corporación como una decisión segura, rigurosa y ordenada, persigue un objetivo nítido: blindar las arcas públicas frente a la ineficacia. Con este nuevo mecanismo de pago tras ejecución, el Cabildo pretende acabar de forma fulminante con los costosos intereses de demora y con la obligatoriedad de tramitar expedientes de devolución motivados por proyectos que los ayuntamientos dejaban inacabados. Tovar ha sido rotunda al defender que esta contundencia a la hora de fiscalizar responde a una responsabilidad institucional ineludible, subrayando que la presencia en el Gobierno insular exige la valentía de adoptar determinaciones rigurosas para optimizar cada euro.
Inyección millonaria con Arrecife como principal beneficiada
En lo estrictamente económico, la modificación presupuestaria supone una inyección clave para el desarrollo futuro de Lanzarote y la Graciosa, articulada a través de un fondo extraordinario que asciende a cerca de 6,4 millones de euros para este año 2026. Esta dotación se suma a los planes ordinarios y se nutre directamente de una partida global de 53 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería, cuyos ejes prioritarios se centran de forma monográfica en solucionar las carencias insulares en vivienda pública, transportes e infraestructuras del agua.
En cuanto al reparto territorial de los 6,4 millones, calculado de forma proporcional bajo los criterios del Régimen Económico y Fiscal (REF), la ciudad de Arrecife se alza como la gran beneficiada al absorber la mayor cuantía con un total de casi 2,5 millones de euros. El resto de los fondos se distribuirá de manera equitativa entre todos los municipios de la isla para asegurar obras esenciales para la ciudadanía, figurando Teguise y Tías a la cabeza en la asignación de recursos.