Existe una preocupante tendencia en los platós de televisión nacionales, el paracaidismo económico. Académicos que, desde la absoluta comodidad de un estudio en Madrid o Barcelona, pontifican sobre realidades periféricas que no han pisado, estudiado ni, por supuesto, padecido. El caso de Gonzalo Bernardos y su ya infame diagnóstico sobre la fiscalidad de Canarias es el ejemplo perfecto de cómo la charlatanería se disfraza de autoridad. Sus afirmaciones no solo son conceptualmente erróneas, son un misil en la línea de flotación de la seguridad jurídica de las Islas.
Cuando el profesor suspende el examen
En una entrevista que concedió al canario Pedro Buerbaum, Bernardos perpetra un atentado contra el Derecho Tributario básico al mezclar la RIC (Reserva para Inversiones en Canarias) con el tipo del 4% de la ZEC (Zona Especial Canaria). Es imperdonable. La RIC no es una tarifa que rebaja impuestos a capricho, es una herramienta de diferimiento fiscal. Permite a las empresas no tributar por una parte de sus beneficios siempre y cuando ese capital se quede en Canarias, comprando maquinaria, construyendo naves o generando empleo. Si el empresario no reinvierte hasta el último céntimo, Hacienda le cobra con recargos.
Por su parte, el famoso 4% corresponde a la ZEC, un régimen que Bernardos dibuja como un paraíso pirata a la altura de Chipre o Malta. La realidad es que para entrar en la ZEC hace falta superar un escrutinio burocrático asfixiante, someterse a auditorías constantes del Consorcio y encajar en un listado cerrado de actividades. No hay barra libre, hay una yincana institucional.
La trampa del 25% y la penalización de la brillantez
Pero donde el economista cruza la línea hacia la desinformación pura y dura es al ocultar los límites confiscatorios de la ZEC. Bernardos habla del 4% como si fuera un tipo lineal infinito. Falso. Ese porcentaje está topado y encadenado al número de nóminas que paga la empresa.
Imaginemos una empresa tecnológica de software que se instala en Tenerife. Contrata a seis ingenieros brillantes, cumple sus requisitos mínimos y lanza un producto que se hace viral a nivel mundial, multiplicando exponencialmente sus ingresos. Según la estricta normativa que Bernardos es incapaz de explicar, la base imponible que tributa al 4% no es infinita, arranca en 1,8 millones de euros por los primeros cinco empleos (el mínimo exigido en las islas capitalinas) y solo crece a razón de 500.000 euros adicionales por cada trabajador extra que se sume a la nómina, hasta llegar al tope de 50 empleados. Por tanto, esta startup modélica con seis trabajadores tiene su beneficio bonificado congelado en 2,3 millones de euros. ¿Qué hace el Estado si su espectacular productividad genera ganancias muy superiores a esa cifra? ¿Premia su eficiencia? En absoluto. En cuanto la empresa supera ese margen asignado por su ajustada plantilla, la Agencia Tributaria desenfunda la guadaña y le aplica el tipo general del 25% por cada euro adicional. Obligar a una compañía tecnológica a contratar artificialmente hasta 50 personas para poder librarse de este tope y no ser fiscalmente castigada demuestra la gran trampa del sistema: un modelo intervencionista que penaliza el talento y la rentabilidad.
Esto es un castigo directo a la productividad. Bernardos, como economista, debería saber que la riqueza de una nación no se mide por amontonar trabajadores improductivos, sino por generar el máximo valor con los recursos óptimos. Obligar a una empresa puntera a hinchar su plantilla artificialmente para no ser aplastada por los impuestos es dirigismo estatal en su peor versión, y solo genera que los puestos productivos tengan que ser menos productivos en favor de pagar a personas que no están generando una riqueza real y que solo están para cumplir condiciones burocráticas. Las empresas productivas pagan mejores salarios, sus empleados consumen en el mercado local y el tejido comercial canario prospera. Espantar a estas empresas con un hachazo del 25% encubierto es condenar a Canarias a la mediocridad, y que las empresas que realmente generan riqueza no se creen ni se asienten en Canarias.
La ignorancia sobre la ultraperiferia
El corolario de este despropósito televisivo es el profundo desprecio por la condición de Región Ultraperiférica (RUP). Bernardos obvia que traer un contenedor desde la Península a Canarias cuesta, a menudo, más que traerlo desde Asia. Ignora la fragmentación del mercado en ocho islas, la dependencia del transporte marítimo y la incapacidad de generar economías de escala.
El Régimen Económico y Fiscal (REF) no es una limosna del Estado ni un privilegio de señoritos insulares. Es el mecanismo vital para compensar una falla del mercado impuesta por la geografía. Bajar impuestos en Canarias es la única forma de nivelar el terreno de juego.
Que un perfil público con tanta audiencia difunda esta amalgama de inexactitudes no es anecdótico. Alimenta el resentimiento peninsular y da munición a los políticos que siempre buscan una excusa para desmantelar el fuero canario y subir impuestos. Canarias no necesita salvadores televisivos que dicten lecciones desde un atril; necesita libertad económica, respeto a su singularidad y que dejen de asfixiar a los empresarios que intentan, contra viento y marea, crear prosperidad a dos mil kilómetros de Madrid.