Las calles de Canarias, que hoy debían ser un clamor unánime en defensa de la ciudad de Ceuta y de nuestras propias fronteras, han visto cómo la izquierda más reaccionaria y marginal intentaba reventar la solidaridad de los ciudadanos. Bajo el paraguas de supuestos colectivos sociales, partidos como Podemos, Izquierda Unida y grupúsculos de corte anticapitalista han orquestado una contramanifestación que persigue un único objetivo. No buscan proteger al inmigrante ni defender los derechos humanos. Buscan, pura y simplemente, proteger a Pedro Sánchez.
Resulta un espectáculo dantesco observar a formaciones políticas que forman parte del Gobierno central, o que lo sostienen en el Congreso, salir a las calles de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra quienes exigen soluciones. La convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias ha desnudado el fracaso migratorio del Estado. Y ante esa evidencia, la maquinaria de agitación y propaganda de la izquierda ha respondido con su única herramienta conocida. El insulto.
Llaman racistas a los ciudadanos. Acusan de xenofobia a los vecinos de Canarias que ven cómo sus barrios se transforman, cómo los servicios públicos colapsan y cómo el Estado abdica de su función principal. Según los convocantes de este boicot, entre los que se encuentran entidades como la Red Migrantes Tenerife o la Plataforma de Colectivos MIGRA, salir a pedir que el Gobierno de España controle sus fronteras es un acto de odio. Es la perversión absoluta del lenguaje. Es el intento de silenciar el debate público mediante la intimidación moral.
El falso monopolio de la compasión
El lema elegido por estos colectivos destila demagogia a partes iguales. "Ningún ser humano es ilegal". Un eslogan vacío que choca de frente con la realidad material de los territorios frontera. Nadie discute la dignidad intrínseca de las personas que llegan a nuestras costas, pero un Estado de Derecho se fundamenta en el cumplimiento de la ley. Eliminar el concepto de frontera, que es lo que subyace en el discurso de Acción Anticapitalista y del resto de satélites de la extrema izquierda, equivale a disolver el Estado.
Invitan a los asistentes a acudir con vestimenta violeta en una especie de performance estética que contrasta dramáticamente con la realidad de quienes se juegan la vida en el Atlántico o asaltan las vallas en el Estrecho alentados por las mafias. Mafias, por cierto, que se lucran precisamente de la debilidad institucional que esta izquierda promueve y aplaude.
En Gran Canaria, colectivos bajo el paraguas del "derecho al techo" se suman al circo. Preguntan en sus pasquines quién cuida sus vidas. La respuesta es sencilla. Las cuidan los impuestos de los trabajadores canarios. Esos mismos trabajadores a los que hoy tildan de extrema derecha por apoyar a los ciudadanos de Ceuta. El movimiento Acción Anticapitalista ha llegado al extremo de pedir a la población que no asista a las concentraciones de la FEMP, etiquetándolas como actos de Hazte Oír, Vox y el Partido Popular. La estrategia es burda. Reducir el hartazgo de una sociedad asfixiada por el descontrol migratorio a una caricatura partidista.
El cinismo institucional de la izquierda canaria
Pero el problema no son cuatro activistas con carteles pintados a mano. El verdadero problema institucional está en la complicidad de los partidos políticos que cobran de los presupuestos públicos. Izquierda Unida Canaria ha exigido a la Federación Canaria de Municipios que dé la espalda a Ceuta. Su argumento es que la movilización es un acto unilateral del PP. Olvidan, o fingen olvidar, que la crisis en las fronteras no entiende de siglas políticas, sino de gestión. Y la gestión del Gobierno que IUC apoya es inexistente.
El caso de La Laguna roza lo grotesco. El concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola, ha pedido a su Ayuntamiento que se borre de la concentración. Sus palabras son un monumento a la hipocresía política. Afirma que la solidaridad se demuestra con recursos y corresponsabilidad. Tiene razón. El problema es que su espacio político lleva años gobernando en Madrid y no ha enviado ni los recursos ni ha asumido la corresponsabilidad que Canarias y Ceuta necesitan. Alberola rechaza que se use a los menores como arma política. Sin embargo, su partido instrumentaliza el drama diario para criminalizar a la oposición y lavar la cara del Ministerio del Interior.
Podemos Canarias también se ha sumado a este aquelarre contra el sentido común. Hablan de derechos, dignidad y convivencia. Una convivencia que ellos mismos dinamitan al enfrentar a los canarios con la Administración local, mientras exoneran de toda culpa al Gobierno central. Para la formación morada, el culpable del caos no es el presidente que abre las puertas y mira hacia otro lado. El culpable es el vecino que exige seguridad.
El abandono de Canarias como política de Estado
Esta contramanifestación es un síntoma de una enfermedad política más profunda. La izquierda canaria ha decidido abandonar a la clase trabajadora de las islas. El ciudadano de a pie, el que paga sus impuestos y madruga, es quien sufre en primera línea el colapso de los servicios de urgencias, la saturación de los centros de acogida instalados en mitad de los núcleos urbanos y el deterioro de la seguridad ciudadana.
El activismo de salón, financiado en muchas ocasiones con dinero público, no padece las consecuencias del buenismo que predica. Es muy fácil exigir fronteras abiertas desde despachos institucionales o asambleas universitarias. Es muy cómodo colgarse la etiqueta de antirracista cuando los problemas derivados de la inmigración masiva e irregular los asumen las barriadas humildes de Canarias y los trabajadores ceutíes.
La crisis de Ceuta es la crisis de Canarias. Ambas regiones actúan como los muros de contención de una Europa que contempla el desastre desde la barrera, con la inestimable ayuda de un Gobierno español sumiso. Lo que ocurrió entre el 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma fue un ensayo general de la vulnerabilidad nacional. Y lo que ocurre cada semana en las costas de El Hierro, Tenerife o Gran Canaria es la confirmación de la rendición del Estado.
En lugar de formar un frente común para exigir a Moncloa un despliegue sin precedentes que garantice la integridad de nuestros territorios, la izquierda canaria prefiere fracturar la sociedad. Actúan como los escuderos de Pedro Sánchez. Saben que una movilización masiva y transversal en Canarias hundiría el relato gubernamental. Por eso necesitan manchar las concentraciones. Por eso necesitan agitar el espantajo de la extrema derecha.
La trampa del falso pacifismo
La presidenta de la FEMP hizo un llamamiento al sentido común. Defendió que apoyar a Ceuta es de justicia y apeló a la solidaridad territorial. Un discurso impecable que choca contra el sectarismo de quienes ven en cada frontera una opresión y en cada policía un enemigo.
La contramanifestación convocada en las islas no es un acto pacífico a favor de los derechos humanos. Es una agresión política contra los intereses de Canarias. Es un balón de oxígeno para un presidente acorralado por su propia incompetencia. Cuando estos colectivos se concentran frente al Cabildo de Tenerife o en la Plaza de Santa Ana, no están defendiendo a los inmigrantes. Están defendiendo el statu quo que permite a las mafias operar con impunidad y al Gobierno de España eludir su responsabilidad constitucional.
Resulta imperativo desmontar el chantaje emocional. Pedir control migratorio no es racismo. Exigir que las fronteras nacionales se respeten no es xenofobia. Reclamar que Canarias deje de ser el macrocentro de internamiento de España no es odio. Es supervivencia. Es la defensa legítima de un territorio limitado, con recursos escasos, que no puede sostener el peso de la demografía africana sobre sus hombros.
El ciudadano canario es acogedor por naturaleza e historia. Pero la hospitalidad tiene un límite, y ese límite lo marca la viabilidad del propio sistema. Cuando el Estado falla, los pilares de la sociedad de bienestar se derrumban. La izquierda ha elegido su bando. Han preferido abrazar una ideología destructiva antes que defender a sus propios convecinos.
Frente a la estridencia de quienes intentan boicotear el sentido común, Canarias debe mantener el pulso. Las manifestaciones en apoyo a Ceuta son también un grito de auxilio propio. Un mensaje claro a un Estado ausente. Ningún boicot orquestado desde la marginalidad política podrá ocultar la verdad. Las fronteras importan. La ley importa. Y la seguridad de los ciudadanos de Canarias y Ceuta no se negocia en asambleas de extrema izquierda ni se silencia bajo acusaciones vacías. Es hora de recuperar el control.