El Ayuntamiento de Mogán presentará alegaciones contra el proyecto de instalación de jaulas marinas para acuicultura frente al litoral de La Aldea de San Nicolás y encargará un informe técnico externo para estudiar sus posibles consecuencias.
El análisis deberá valorar los efectos que estas instalaciones podrían tener sobre el ecosistema marino, la costa de los municipios próximos y la actividad económica de la zona.
Mogán y La Aldea coordinarán su oposición
La actuación se realizará de forma coordinada con el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, que también se opone al proyecto.
Ambos municipios participarán ahora en el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria abierto por el Gobierno de Canarias, lo que les permitirá presentar formalmente sus argumentos durante la tramitación.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recuerda además que alrededor de 1.000 personas participaron en una movilización contra estas instalaciones y subraya la proximidad entre ambos términos municipales.
El precedente de Salinetas
Bueno relaciona también su preocupación con lo ocurrido el pasado año en las jaulas marinas de Salinetas, en Telde, y advierte de que un incidente similar podría terminar teniendo consecuencias sobre las playas de Mogán.
Se trata de uno de los riesgos que el Ayuntamiento quiere analizar mediante el informe externo antes de formular sus alegaciones definitivas.
Mogán considera que cualquier afección al litoral podría tener consecuencias no solo ambientales, sino también económicas en un municipio donde el turismo tiene un peso destacado.
Críticas al papel del Cabildo
La alcaldesa ha cuestionado también la actuación del Cabildo de Gran Canaria. El Pleno insular aprobó en junio una moción de rechazo al proyecto, pero Bueno reprocha que la institución no presentara alegaciones durante la tramitación del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias.
A juicio de la regidora, aquel pronunciamiento llegó tarde y carece por sí solo de capacidad jurídica para modificar el planeamiento o detener el expediente.
Mogán sostiene además que el modelo previsto favorecería principalmente a empresas externas, mientras Canarias asumiría los posibles riesgos ambientales y económicos derivados de la actividad.
La oposición al proyecto entra así en una nueva fase. Mogán y La Aldea ya no se limitarán a manifestar su rechazo, sino que participarán en el procedimiento ambiental mientras el informe técnico encargado por Mogán deberá determinar qué efectos podrían tener las jaulas sobre el litoral y la economía de la zona.