Los abogados del exalcalde de Granadilla Jaime González Cejas y de seis exconcejales acusados de prevaricación consideran que la retirada de la acusación particular deja la causa "vacía de contenido". La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, ha decidido continuar con el juicio y resolver las cuestiones planteadas por las defensas en la sentencia.
La acusación particular, ejercida por Sí se Puede, se retiró una semana antes del inicio de la vista. Durante la causa llegó a solicitar hasta 53 años de prisión por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, pero el procedimiento se limita actualmente a un delito de prevaricación.
La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación para Jaime González Cejas y penas de entre cinco y siete años para los otros seis acusados.
Las defensas alegan prescripción
Durante el inicio de la vista, los abogados solicitaron la suspensión del juicio al considerar que las acusaciones que dieron lugar a la instrucción ya no se corresponden con el único delito que permanece en la causa.
Las defensas sostienen que esta modificación habría afectado a las posibilidades de defensa de los acusados durante la instrucción. También alegaron la prescripción de los hechos, al haber transcurrido casi veinte años desde la presentación de la querella, en 2006.
Los letrados reclamaron además que se excluyan del procedimiento un informe económico elaborado por la Guardia Civil y una tasación de terrenos vinculada a las acusaciones iniciales de malversación.
La Fiscalía defiende que el juicio continúe
El Ministerio Público se opuso a la suspensión y defendió que el procedimiento siga adelante. La Fiscalía sostiene que los acusados tuvieron la oportunidad de declarar durante la instrucción y mantiene la acusación por un delito de prevaricación.
El procedimiento se centra en cinco resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Granadilla entre 2004 y 2006 que permitieron avanzar en la urbanización de una superficie de casi 88.200 metros cuadrados.
Tras un receso, el tribunal acordó continuar con la vista conforme al calendario previsto y dejar para la sentencia la resolución de las cuestiones previas planteadas por las defensas.
El origen del caso Médano Park
La causa se remonta a la tramitación en 2004 del plan parcial Médano Park.
Según la Fiscalía, el entonces alcalde Jaime González Cejas tenía unas 440 acciones de la sociedad gestora de la actuación urbanística y, pese a esa vinculación, participó en las votaciones de la Junta de Gobierno y del Pleno municipal relacionadas con el proyecto.
Posteriormente vendió sus participaciones a otra mercantil por 212.500 euros y se desvinculó de la actuación urbanística, según el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene además que el plan recibió informes favorables condicionados de la entonces Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y del Cabildo de Tenerife.
El Ministerio Público mantiene que el Ayuntamiento defendió la operación por el aprovechamiento económico que obtendría la corporación municipal, cifrado en unos 927.500 euros, pese a considerar que el suelo afectado no reunía las condiciones urbanísticas necesarias. Estas afirmaciones corresponden a la tesis de la Fiscalía y no a una resolución judicial firme.