"Otro palo más para la Comunidad". Así ha definido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el nuevo mapa de transporte interurbano diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente, que supone la supresión de 346 paradas de autobuses en los pueblos de la región. Ante lo que Mañueco ha advertido estar dispuesto "a ir a los tribunales" para "defender a la gente de nuestra tierra y nuestros pueblos".
El además presidente del PP de Castilla y León, en varias ocasiones ha apelado al "desprecio" que Puente siente por su comunidad de origen. En esta en concreto, Fernández Mañueco se ha referido a la situación de la provincia de Valladolid, de la que procede el ministro de Transportes, donde esa supresión afecta a 24 paradas, lo que va a "dejar tirados a 32.000 habitantes".
Desde el nombramiento de Puente, Fernández Mañueco consideró que era una estrategia de Pedro Sánchez para "avergonzar" a todos los castellanoleoneses, algo que a su juicio se evidenció en el momento en que el ministro "nos llamó geriátrico a cielo abierto". Y con este nuevo batacazo a la región, continúa demostrando que esa línea de trabajo de "colaboración estrecha" de la que hablaba el ministro para con las comunidades, no incluía a Castilla y León.
En este sentido Mañueco ha advertido de que si la forma de colaboración que prevé el Gobierno de España con las comunidades es plantear un mapa de transportes que supondrá la supresión de 346 paradas en Castilla y León, según el borrador inicial, será "difícil" llegar a un acuerdo con la Junta. "Es una pena y una lástima que un ministerio no quiera dialogar". De hecho, varios alcaldes castellanoleoneses impulsaron la iniciativa de enviar cartas al ministro hasta que este atendiera las demandas de la Comunidad.
"Es un desprecio infame que no vamos a consentir", ha aseverado el presidente de la Junta. "Le vamos a decir ‘no’ a Puente", asegurando incluso que el PP llevará este asunto al Congreso, al Senado, a las Cortes de Castilla y León, a los ayuntamientos y "si es necesario" a los tribunales de justicia para "defender" a la gente de la Comunidad.