Las monjas clarisas de Belorado siguen tensando la cuerda. Y, si no rectifican en los próximos días, terminará por romperse. Roma ha puesto fecha límite, para que puedan retractarse y volver al seno de la Iglesia católica: 10 días para tres de ellas (las hermanas que pusieron la denuncia contra el comisario pontificio ante la Policía Nacional en Logroño) y 15 para el resto. Un plazo que empezó a contar el pasado viernes. La decisión fue adoptada después de constatar "la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo" para reconducir la situación, según el comunicado emitido por el Arzobispado de Burgos.
El pasado jueves -6 de junio- tres personas enviadas por el comisario pontificio, Mario Iceta (arzobispo de Burgos), acudieron al convento con ese objetivo. Sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, pretendía "establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, de modo particular con las más mayores". Rodrigo Sáiz (como apoderado de Iceta) quería comunicarles las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios. Y Carlos Azcona -notario del Tribunal Eclesiástico- tenía la misión de transmitirles la "apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica".
"Para realizar estas tareas", el arzobispado solicitó la asistencia de la notario María Rosario Garrido. Y ella fue la única persona a la que la exabadesa (cuyo mandato acabó el pasado 29 de mayo, fecha en la que se habría elegido a otra religiosa para el cargo de no ser por la rebelión promovida por ella misma) tuvo a bien recibir. Así que pudo hacer entrega de los requerimientos pertinentes, tanto civiles como canónicos. Al resto les transmitió a través de Sor Belén (una de las hermanas más implicadas en el conflicto) que "no eran bien recibidos" y debían abandonar el monasterio. De lo contrario -amenazó- llamaría a la Guardia Civil (como hizo acto seguido).
Mantienen su hostilidad
Según la versión del arzobispado, Sor Carmen Ruiz y Carlos Azcona decidieron esperar fuera mientras que Rodrigo Sáiz permaneció en el interior aguardando la llegada de la patrulla de la Benemérita, "haciendo valer el derecho que le asiste como apoderado del comisario pontificio". Cuando llega, él se identifica y acredita su condición de apoderado. Y los agentes le indican que van a proceder a realizar "diligencias a prevención". A continuación, se entrevistan con las religiosas y Sáiz "abandona el monasterio por su propia voluntad".
A la vista de los últimos acontecimientos (la denuncia contra el comisario pontificio ante la Policía Nacional en Logroño, su posterior ratificación ante los juzgados de Burgos y el requerimiento de una patrulla de la Guardia Civil en el monasterio), que el arzobispado interpreta como "gestos de hostilidad" que manifiestan la "nula intención" de rectificación por parte de las hermanas clarisas de Belorado, Iceta sigue manteniendo "su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución". Pero, eso sí, dentro de un plazo. Ha comenzado la cuenta atrás.
Requerimientos comunicados
Cabe recordar que Roma dio a Mario Iceta plenos poderes sobre los conventos de Belorado (en el que residen las hermanas clarisas cismáticas), Orduña (el que pretendían comprar) y el de Derio (el que querían vender), después de que las religiosas se declararan en rebeldía y anunciaran su ruptura con "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían, para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco", un obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma y líder de un grupo -que él mismo fundó en 2005- considerado una secta por el Vaticano.
Tras varios intentos de comunicación fallidos, Iceta envió el pasado jueves a la comisión delegada que les hizo llegar distintos requerimientos. En primer lugar, les solicitaron una copia de las llaves del monasterio (sin exigirles que abandonen el convento). Tenían un plazo de dos días hábiles, que acababa a las doce la noche de este lunes, para hacer entrega de las mismas al comisario pontificio. Como era de esperar, no lo han hecho. Por otra parte, les pidieron que respondieran a la acusación de delito de cisma que afecta a diez de las quince monjas que quedan en Belorado (se ha excluido a las cinco más mayores, que no se han expuesto públicamente) y aclarasen individualmente si ratifican su salida de la Iglesia católica.
Cuentas tuteladas
Lejos de calmarse, las aguas están más revueltas que nunca. A través del perfil "Te hago luz" en Instagram, las hermanas clarisas de Belorado han acusado a Mario Iceta de "usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado".
El dinero sigue ahí y se seguirán pagando tanto las nóminas como los recibos domiciliados, explican desde el arzobispado. Las cuentas están "tuteladas". Una tarea que corresponde a Iceta como comisario pontificio nombrado por la Santa Sede para reconducir la situación con las hermanas pero también para proteger el patrimonio adscrito a las monjas clarisas.
Uno de los miedos que tenía Roma tras el anuncio de ruptura realizado por las hermanas del convento era que la exabadesa quisiera cambiar de titularidad inmuebles y terrenos de la orden, o vender los bienes que hubiera en el interior de los mismos, dado el desembarco del falso obispo De Rojas y su séquito al monasterio de Belorado.
Este lunes, de hecho, volvía a salir a la palestra José Ceacero, un miembro de la Pía Unión erigido en portavoz de las monjas, que -en declaraciones a EFE- insistió en que las hermanas clarisas no reconocen la autoridad del arzobispo de Burgos y -en consecuencia- no van a atender a ninguno de los requerimientos que les trasladó formalmente el pasado 6 de junio.
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