El juzgado de instrucción del número 5 de Valladolid, encargado del caso de Esther López, había citado este viernes a las partes personadas en la causa para decidir si debía ingresar o no en prisión el único imputado por la muerte de la joven (Óscar S.M.), hallada sin vida en una cuneta de Traspinedo hace tres años. Sin embargo, la juez se ha dado un nuevo plazo para comunicar si pide nuevas medidas cautelares. No será hasta próximo lunes cuando se conozca su decisión.
Así se lo ha comunicado a las partes, tras escuchar sus alegaciones en la vista que se ha celebrado esta mañana, después de que la magistrada tomara ayer posesión de su cargo y se convirtiera en la tercera juez al frente de la instrucción del caso. En un plazo máximo de 72 horas -ha dicho- decidirá si Óscar (antiguo amigo de la familia de la víctima) entra en la cárcel. Está acusado de homicidio doloso, lesiones graves, omisión del deber de socorro y maltrato al cadáver, entre otros cargos.
La postura de las partes
Los representantes de la familia de Esther habían solicitado en varias ocasiones el ingreso en prisión de Óscar, al considerar que existen pruebas suficientes de su implicación en los hechos.
Los abogados de la acusación particular han fundamentado su petición en el auto emitido recientemente por la jueza instructora, que -según sostienen- aporta indicios contundentes. Plantea que el investigado pudo atropellar a la joven con su vehículo, dejarla sin auxilio y posteriormente trasladar su cuerpo hasta el lugar donde fue hallado.
La Fiscalía, aunque no considera necesario que entre en la cárcel en este momento, no descarta que se imponga una fianza de 20.000 euros como medida cautelar. Por su parte, la defensa de Óscar mantiene su posición a favor de que el sospechoso continúe en libertad mientras se avanza en la instrucción del caso.
La familia insiste
La comparecencia de esta mañana supone un nuevo intento de la familia por conseguir que Óscar sea encarcelado. Este objetivo cobra fuerza tras la emisión del mencionado auto, que describió con detalle los presuntos delitos que habría cometido el sospechoso. La gravedad de los hechos ha llevado a los abogados de la acusación particular a insistir en la necesidad de adoptar medidas más firmes contra el investigado.
La jueza tiene ahora la responsabilidad de valorar los argumentos presentados durante la comparecencia y decidir en las próximas 72 horas si acepta la petición de prisión preventiva. De optar por esta medida, sería un giro en la estrategia judicial, pues hasta el momento se ha priorizado la libertad del sospechoso bajo control judicial. Aunque le fue retirado el pasaporte y ha de acudir cada lunes a firmar al juzgado.