La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea una reforma de la Política de Cohesión que tenga en cuenta el reto demográfico que afrontan muchas regiones europeas. Blanco ha reclamado más peso político y financiero para los territorios, con especial atención a las zonas rurales, y ha pedido que las administraciones locales y autonómicas tengan un mayor protagonismo en la toma de decisiones y gestión de fondos europeos.
Durante su intervención, ha instado a la UE a establecer líneas de financiación específicas para luchar contra la despoblación y el envejecimiento, problemas que afectan a una de cada seis regiones europeas. En el caso de Castilla y León, Blanco ha subrayado que, a pesar del saldo demográfico positivo de los últimos años, la comunidad sigue enfrentándose a una población muy dispersa y envejecida, con un 94 % de los municipios por debajo de los 2.000 habitantes.
La vicepresidenta ha alertado del impacto económico y social que tiene la pérdida de población, señalando que los servicios públicos se encarecen notablemente en el medio rural. Por ejemplo, la ayuda a domicilio puede llegar a ser un 78 % más costosa, y la atención sanitaria a mayores de 75 años multiplica por siete la de un adulto joven.
Políticas de la Junta para frenar la despoblación
En este sentido, ha puesto como ejemplo las políticas que Castilla y León ya está aplicando para frenar la despoblación: mantenimiento de escuelas rurales, apoyo a la conciliación y la natalidad, mejora de la atención primaria en zonas remotas, impulso a la dependencia mediante tecnología e innovación, y fomento de sectores clave como el primario, el forestal, el agroalimentario o el turismo.
También ha defendido la necesidad de aplicar una fiscalidad favorable para el medio rural, invertir en vivienda, extender la conectividad digital y garantizar la movilidad con sistemas como el transporte a la demanda.
A pesar de las dificultades, Blanco ha destacado que estas medidas están dando resultados: en los últimos tres años, Castilla y León ha ganado más de 22.000 habitantes por saldo migratorio positivo.