Los ciudadanos de Castilla y León que han votado en las elecciones autonómicas de este domingo han elegido a los 82 representantes del pueblo en el Parlamento regional para la próxima legislatura. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayorían de las cámaras regionales de España, los miembros de la Cámara no reciben el nombre de diputados, sino de procuradores.
La palabra suena antigua, y en realidad lo es. Uno de los precedentes más conocidos se encuentra en las Cortes de León de 1188, convocadas por Alfonso IX de León. En aquella asamblea participaron representantes de distintas ciudades que acudían para hablar en nombre de sus territorios. Su función era precisamente esa: representar y defender los intereses de quienes les habían enviado. Por eso se les empezó a llamar procuradores.
Con el tiempo, ese nombre se consolidó en las antiguas Cortes de Castilla, donde las ciudades con derecho a voto enviaban a sus procuradores para participar en las decisiones del reino. Aquellas reuniones agrupaban a los distintos estamentos de la sociedad medieval —nobleza, clero y representantes de las ciudades— y fueron una de las primeras formas de representación política.
La palabra, además, tiene un significado bastante claro. Proviene del latín procurator, que hace referencia a quien actúa o gestiona asuntos en nombre de otra persona. En otras palabras, alguien que representa a otros.
Se conservó el nombre
Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en 1983, el legislador autonómico decidió mantener esa denominación histórica para los miembros del parlamento regional, las Cortes de Castilla y León.
Desde la propia institución explican que se hizo para conectar el Parlamento actual con la tradición histórica de Castilla, recuperando el término que durante siglos se utilizó para los representantes de las ciudades.
En la práctica, sin embargo, la diferencia es solo el nombre. Los procuradores hacen exactamente lo mismo que los diputados en cualquier otra comunidad autónoma: aprueban leyes, controlan al Gobierno regional —la Junta de Castilla y León— y participan en la elección del presidente de la comunidad.