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Belén Esteban vuelve a la carga: no tolerará que su hija acuda a otra cadena a apoyar a su padre

Beatriz Cortázar, Rosa Belmonte y Carlos Pérez Gimeno analizan la crónica rosa.

Beatriz Cortázar, Rosa Belmonte y Carlos Pérez Gimeno analizan la crónica rosa.
Belén Esteban | Archivo

Belén Esteban vuelve al ataque. Tras un año y pico de relativa tranquilidad sin opinar sobre Jesulín de Ubrique ni sobre su mujer, la colaboradora de Sálvame ha estallado en directo ante las últimas apariciones televisivas de María José Campanario y de su padre. “La has cagado, bonita”, ha sido su manera de decirle a la esposa de su ex que había desenterrado el hacha de guerra. Pero lo que más ha molestado a Belén es que Jesús Janeiro esté pensando en llevar a su hija a Antena 3, al programa de saltos de trampolín Splash, en el que el torero va a colaborar la próxima semana. Para Belén es indignante que el de Ubrique no visite a su hija, pero luego quiera mostrarla en la pantalla. Algo que, para ser sinceros, ella no ha hecho nunca.

Por enésima vez la infanta Cristina desaparece de la trama Nóos a ojos del Fiscal, que tras imputar a su marido, su socio, la esposa de éste o su secretario personal, ahora ha solicitado al juez la citación como testigo del conde de Fontao, asesor de su padre. José Manuel Romero ha llegado a emitir hasta dos comunicados en los que negaba haber prestado asesoramiento jurídico a Urdangarín, pero en su declaración Diego Torres asegura haberse reunido con él en varias ocasiones para recibir sus consejos.

No todo son malas noticias para la familia real. El marido de Alexia de Grecia, sobrino político de la reina Sofía, y uno de los mejores amigos de los duques de Palma, está de enhorabuena, después de que un juzgado de Arrecife, en Lanzarote, haya sobreseído la causa en la que se le imputaba los delitos de ordenación de territorio e inducción a la prevaricación para construirse un chalé (en el que los Urdangarín se han alojado en varias ocasiones). Sin embargo, el archivo de la causa no elimina la posibilidad de que la vivienda, una mansión de más de 1.000 metros cuadrados con otros 5.000 de terreno, no sea demolida, ya que la última palabra la tiene la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario.

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