"Un miembro del Gobierno no puede cuestionar la presunción de inocencia". Así lo aseguran expertos juristas consultados por Libertad Digital tras la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el programa de Telecinco, Sálvame, y sus afirmaciones en Twitter en relación al caso de Rocío Carrasco.
El pasado domingo se emitía una serie documental de la hija de Rocío Jurado en el que ésta aseguraba ser víctima de maltrato físico y psicológico continuado por parte de su exmarido Antonio David Flores desde sus primeros años de noviazgo. Dicho caso fue sobreseído provisionalmente por los tribunales, sin embargo, Irene Montero afirmaba en las redes sociales: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo".
Las fuentes consultadas por LD sostienen que la intervención de Montero en el caso es "una mezcla de populismo, demagogia e ignorancia". "No se puede cuestionar la presunción de inocencia de nadie y no respetar sus derechos fundamentales. Es un hecho inadmisible y más si proviene de un miembro del Ejecutivo de España", afirman.
Recordamos que la presunción de inocencia, recogida en la Constitución, es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme.
"Se está creando una justicia alternativa sin posibilidad de que el afectado pueda ponerla en cuestión. Todo ello, con la colaboración de un medio de comunicación. Se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos e Irene Montero como ministra no es nadie para decir quién tienen derecho a la presunción de inocencia y quién no", afirman.
Respecto al caso de presunta violencia doméstica, sostienen que el caso "sólo se puede reabrir si se aportan nuevas pruebas" y no un testimonio de parte que ya fue valorad en los tribunales. "La tardanza en denunciar los hechos ante un juez después de tantos años, se le puede haber vuelto en contra a Rocío Carrasco judicialmente", concluyen.
La batalla judicial de Rocío Carrasco
Recordamos que a principios de 2017, la hija de Rocío Jurado preparó una macrodemanda que, a petición del fiscal y por decisión judicial, fue trasladada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque presentó reiterados sucesos y acontecimientos constitutivos de delito desde que el matrimonio se separó hasta entonces. Rocío Carrasco se refería al "maltrato reiterado" en todas las entrevistas y declaraciones que Antonio David Flores supuestamente realizó durante 17 años y por el que pidió cinco años de prisión para su exmarido.
En noviembre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa al no ver indicios de delito, ni quedar acreditada la existencia de lesiones. La justicia sí reconoció la situación de la familia "altamente conflictiva y tensa", pero cuestionó que la demanda se interpusiera tan tarde, dado que los supuestos hechos comenzaron 17 años atrás. Además, el tribunal consideró que el informe realizado por el equipo de Valoración de la Mujer fue "exhaustivo", pero incompleto, ya que trata exclusivamente sobre Rocío Carrasco y "su versión como perjudicada". Sin embargo, nadie valoró la versión de Antonio David y otros miembros de la familia, ni siquiera la de sus hijos Rocío y David.