El juzgado que investiga la denuncia de Antonio David Flores contra la madre de sus hijos Rocío Carrasco por no pagar la pensión de David Flores, ha ordenado que se realice "una consulta integral del patrimonio y vida laboral de la querellada". Según la información publicada por El periódico, la juez que está al cargo del caso dictó esta resolución el pasado 30 de abril, el día que Rocío acudió al juzgado y se acogió a su derecho a no declarar en esa investigación porque consideraba que "existen defectos procesales".
La juez Verónica Carabantes también llamará a declarar al segundo hijo de la pareja, David de 22 años, y le ofrecerá la posibilidad de iniciar acciones legales contra su madre por un supuesto delito de impago de pensión de la que él sería el perjudicado. El joven declarará el próximo 21 de mayo y podrá continuar con el procedimiento como perjudicado o renunciar a ello.
Antonio David, dispuesto a todo para defender a su hijo
El pasado 1 de marzo, Antonio David presentó una querella en el que pedía al juez que decrete el embargo de "las cantidades" de dinero que reciba Rocío Carrasco por su participación en la serie documental que está emitiendo Telecinco.
El hijo menor de la expareja padece una enfermedad genética, motivo por el que en enero de 2018 un juez decretó que el joven sigue siendo "dependiente económicamente" y fijó que Rocío Carrasco debía pagar desde entonces, 200 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos. Rocío Flores también se fue a vivir con su padre cuando cumplió los 15 años, pero la juez rechazó otorgarle una pensión alimenticia después de que fuera condenada por maltratar a su madre.
En la querella presentada por Antonio David, afirma que Rocío no ha pagado nunca la pensión alimenticia de su hijo: "La querellada ha mostrado apatía, desidia, negligencia y abulia respecto a sus obligaciones como madre, tanto afectivas como económicas, que nunca ha satisfecho desde la primera resolución judicial referente al caso", se recoge en el escrito presentado ante la jueza.
Los abogados del denunciante consideran que Rocío Carrasco ha cometido un delito de impago de pensiones, castigado con entre tres meses y un año de cárcel. Un auto del Juzgado Número 1 de violencia sobre la mujer de Alcobendas ordenaba el 29 de abril de 2019 la ejecución de los pagos. Entonces, la juez cifraba en "3.000 euros en concepto de pensiones debidas" y 900 euros más en concepto de intereses la cantidad que Rocío Carrasco debía pagar para mantener a su hijo.