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La Fiscalía investiga a varios funcionarios por acceder al expediente de Rociíto

Varios funcionarios habrían accedido de manera indebida al expediente de violencia de género de la hija de Rocío Jurado.

Varios funcionarios habrían accedido de manera indebida al expediente de violencia de género de la hija de Rocío Jurado.
Rocío Carrasco | Gtres

La Fiscalía investiga a varios funcionarios por acceder de manera indebida al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco. Apenas unas horas después de que la hija de Rocío Jurado anunciase su intención de reabrir el caso contra Antonio David Flores, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que habrían accedido al expediente de la madrileña en el sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género, más conocido como VioGén, y que tiene un acceso controlado.

Según la información publicada por El País, al tratarse de información confidencial, no todos los funcionarios pueden tener acceso a este sistema. Solo tienen autorización para ello determinados profesionales: policías, jueces, personal de servicios sociales... cuyas visitan quedan registradas en el sistema.

Precisamente en este registro se descubrió que varios funcionarios curiosearon los datos relacionados con Rocío Carrasco en esta red que permite "el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional", según reza en la web del Ministerio del Interior.

Las pesquisas de la Fiscalía comenzaron después de que se detectase que varias personas habían entrado en la plataforma sin que su trabajo tenga relación con el caso. Las entradas se localizaron en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón "aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios". Interior detectó que a partir del 22 de marzo, coincidiendo con la fecha del estreno del documental en Telecinco, varias personas accedieron a la plataforma. Cuatro días más tarde, cuando se percataron de ello, la Secretaría de Estado de Seguridad bloqueó el acceso a todo el sistema.

El pasado 31 de marzo, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo, uno disciplinario e informó a Fiscalía de lo que estaba sucediendo. De este modo, la maquinaria de investigación se puso en marcha y se abrieron diligencias en las tres provincias mencionadas. Todo parece indicar que la principal finalidad de estos funcionarios era la de satisfacer su curiosidad por el mediático caso.

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