Desde que el pasado 20 de enero fuese detenido por presunta violación, el futbolista Dani Alves no había vuelto a tener comunicación con su mujer Joana Sanz. Aunque en un primer momento la modelo brasileña trató de apoyar a su marido a pesar de las graves acusaciones que se han vertido sobre él, finalmente la decepción y la presión mediática fue tal que le ha pedido el divorcio a través de sus abogados.
El futbolista se mostró muy sorprendido al conocer las intenciones de su esposa y pidió hablar con ella para hacerle cambiar de opinión. Esta conversación habría tenido lugar en las últimas horas, según El programa de Ana Rosa. En una breve conexión telefónica de apenas unos minutos, Alves expresó a Sanz su deseo de seguir adelante con el matrimonio. No quiere perder a su esposa y así se lo hizo saber: "Le dijo que la quería".
Ella por su parte, confesó al deportista la gran desilusión que se había llevado y le reiteró su deseo de divorciarse, algo de lo que Alves ya estaba al corriente a través de sus abogados. La modelo quería comunicárselo en un vis a vis, pero ante la negativa del futbolista de ver a su mujer en prisión, finalmente tuvo que comunicar sus intenciones a través del equipo legal.
Le recomiendan alejarse de las redes
Desde el programa presentado por Ana Rosa Quintana también se aseguró que en estos momentos la brasileña está pendiente de su presente más inmediato y no quiere tomar decisiones sobre su futuro. Su entorno más cercano no la ha dejado sola en estos complicados momentos y le habrían recomendado dejar de exponerse públicamente a través de las redes sociales, donde está recibiendo críticas e insultos por la situación de su marido, tal y como ella misma ha contado. A esto se suma la pérdida de su madre el pasado mes de enero a causa de un cáncer, motivo que hizo a la familia viajar a España días antes de la detención y que también la tendría destrozada.
Mientras Joana trata de reconducir su vida, el equipo legal de Alves ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia de Barcelona donde piden la libertad provisional para su defendido aludiendo al arraigo familiar, social, personal y empresarial que el acusado tiene en Barcelona, donde además lleva ocho años empadronado.