
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Shakira y ha anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones que la Agencia Tributaria española le impuso por el ejercicio fiscal de 2011, al considerar que Hacienda no logró demostrar que fuera residente fiscal en España durante ese año. Una resolución que pone fin a una disputa iniciada hace 8 años entre la cantante y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Tal y como ha comunicado su despacho de abogados, "resulta incomprensible que la AEAT la persiguiera desde entonces cuando todas las evidencias demostraban claramente que era materialmente imposible que la cantante pasase en España el tiempo legal exigido. En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos, resultando en grandes pérdidas y una persecución injusta e infundada con terribles consecuencias para ella".
En su sentencia, el tribunal deja en evidencia la arbitrariedad de la AEAT, al constatar que la propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante 183 días por la sencilla razón de que nunca ocurrió y nunca hubo fraude. El fallo ratifica, textualmente, que "esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días" y que, por tanto, "es obvio" que "las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho". De igual forma, la Audiencia Nacional desacredita y no da lugar a las llamadas "ausencias esporádicas" que la Agencia Tributaria quería utilizar en contra de Shakira.
La sentencia constata que: "tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica".
Bajo el amparo de unas obligaciones tributarias que la Justicia ha demostrado que jamás existieron, Hacienda ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo de aquella gira mundial y los gastos de la misma. Una cantidad que, a través de la presente sentencia, se condena a la Administración a devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el debido reembolso de los altísimos costes en los que la artista ha incurrido.
La propia Audiencia Nacional ha tomado una medida excepcional: condenar en costas a la AEAT, una penalización que la Justicia aplica únicamente cuando se aprecia temeridad y absoluta falta de fundamento por parte de la Administración tributaria.
La artista y su equipo legal se han mostrado muy satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional. El abogado de la cantante, José Luis Prada, Socio Director de Prada Tax Advisors, que ha defendido a la cantante durante todo este proceso, afirma que "Esta resolución llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa. Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley".
Shakira, por su parte, ha afirmado que "después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria".
